Por Gustavo Marangoni - Rosario, punto neurálgico de la vida económica, cultural, social y política de la Argentina, se fue tornando, de manera abrumadora, en un sinónimo de criminalidad y narcotráfico.

Los reiterados testimonios de familiares y víctimas le fueron poniendo nombres propios e historias de vida (y muerte) a las estadísticas. Los graves hechos de las últimas semanas proyectaron el problema más allá de nuestras fronteras y de los límites de la paciencia de la opinión pública.

Lo que hasta hace unos días era percibido desde el Gobierno nacional como un problema casi exclusivo del gobierno santafesino y su fuerza policial, evolucionó al reconocimiento de la necesidad de "hacer algo más". La culminación del cambio se materializó en una cadena nacional presidencial que, con el propósito de "combatir el crimen organizado", anunció el incremento de fuerzas de seguridad nacional, la instalación de cientos de videocámaras, un convenio para instalar una delegación de la UIF (Unidad de Información Financiera) y la presencia de una compañía de ingenieros del Ejército Argentino para colaborar en tareas de urbanización.

La cadena de derechos y deberes, amenazada

En este contexto –y con una campaña electoral en pleno desarrollo– resulta voluntarista pretender que "el tema no se politice", aun cuando se entienda que quienes sostienen ese punto de vista se refieren a evitar la partidización de la cuestión, lo cual también luce improbable. La demanda de seguridad hace años que encabeza las preocupaciones de la ciudadanía y la naturaleza del problema remite a la esencia del contrato social. Aquí y en cualquier geografía, el pacto inicial entre gobernados y gobernantes refiere al consentimiento que dan los primeros a los segundos a cambio de recibir la debida custodia de la integridad física y el derecho de propiedad. Si este primer eslabón se resiente, toda la cadena de derechos y deberes se ve amenazada.

El tema rápidamente escapa a los (pocos) especialistas para instalarse en la calle, los medios y las redes, alimentado por el miedo de unos y la búsqueda de posicionamiento de otros. La voz de los vecinos de la ciudad, los opinadores de turno, el debate entre garantistas y "manoduristas" y los editoriales periodísticos se combinan con exigencias cruzadas entre autoridades nacionales, provinciales y municipales, sospechas generalizadas respecto de todos los poderes del Estado y la incorporación del caso Bukele en El Salvador con su "estrategia" para enfrentar a las maras como ejemplo a seguir.

¿Hará lo propio la vicepresidenta? Entre clamores por el "Luche y vuelve", el próximo viernes CFK será distinguida por la Universidad Nacional de Río Negro con el título de Doctora Honoris Causa y ya adelantó que para la ocasión brindará una disertación: "Hegemonía o consenso" Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria. Inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política".

¿Una nueva interna por el uso del Ejército?

Como se puede observar, el temario es amplísimo, casi planetario, pero no invoca directa o indirectamente la cuestión de la seguridad. ¿Mostrará los reflejos de su compañero de fórmula o no se desviará de la exposición y el PowerPoint que ya debe tener casi listo? En caso de decidirse a sumar algún slide adicional, cabe alimentar expectativas acerca de si respaldará la iniciativa presidencial de incluir al Ejército en tareas logísticas vinculadas al combate del delito o presentará algún reparo al respecto.

"Cabe alimentar expectativas acerca de si Cristina respaldará la iniciativa presidencial de incluir al Ejército en tareas logísticas vinculadas al combate del delito".

Paradojas de la historia: justo cuando la democracia cumple cuarenta años vuelve a escena una vidriosa discusión. Más allá del preocupante entusiasmo que genera en ciertos referentes de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos involucrar a los uniformados en tareas que la ley vigente no permite, los principales preocupados deberían ser los miembros de las FFAA, quienes necesitaron mucho tiempo para reconvertirse en una institución respetuosa de la Constitución y respetada por la comunidad.

El flagelo narco-criminal que azota a los rosarinos con especial saña y al resto de argentinos, con creciente intensidad, exige la coordinación de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno (Nación-provincias-municipios) y los tres poderes del Estado (Ejecutivo-Legislativo-Judicial). Es la hora de la eficacia y la cooperación para derrotar esta amenaza y aumentar la confianza entre política y ciudadanía. Nunca más peligrosos los efectismos que en esta cuestión.