Domingo 12 - Por Martín Angulo - Alrededor de una mesa de la Fundación
Pensar -el think tank de políticas públicas del PRO- se
sientan delegados de los pre candidatos a presidente de la Nación para discutir
lo que va a ser el programa de gobierno en materia judicial en caso
de ganar las elecciones presidenciales y volver a la Casa Rosada a fin de año.
Las reuniones son
cada 15 o 20 días y si bien se vienen realizando desde hace dos años, en este
2023 toman otra dimensión. La Justicia es hoy un aspecto clave para la
política. Es uno de los principales focos de disputa en el Frente de Todos y
Juntos por el Cambio y especialmente entre el oficialismo y el propio Poder
Judicial después de la condena a la vicepresidenta Cristina
Kirchner por el caso de la obra pública y del pedido de juicio político a
los cuatro jueces de la Corte Suprema que inició el Gobierno Nacional.
En esa mesa están
convocados el ex presidente Mauricio Macri, la titular del
PRO, Patricia Bullrich, el jefe de gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual
diputada nacional, María Eugenia Vidal. Primero fueron llamados como los
referentes del espacio político y ahora se transformaron en presidenciales.
Rodríguez Larreta, Bullrich y Vidal ya anunciaron sus precandidaturas para
competir en la interna de Juntos por el Cambio. Se espera la definición de
Macri.
Los cuatro
dirigentes están representados en esa discusión de proyectos judiciales por
cuatro hombres cercanos que trabajaron con ellos en esa materia. Por Macri
está Germán Garavano, quien fue ministro de Justicia durante los cuatro
años de su presidencia; por Bullrich, Pablo Noceti, su jefe de Gabinete
cuando fue ministra de Seguridad de la Nación; por Rodríguez
Larreta, Gabriel Astarloa, el actual procurador general de la ciudad de
Buenos Aires; y por Vidal, Gustavo Ferrari, ex ministro de Justicia de su
gobierno.
El equipo de
trabajo está coordinado por Martín Casares, ex subsecretario de
Política Criminal y jefe de Gabinete de Garavano durante el gobierno de Macri.
Actualmente es el secretario General del Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal (CPACF). También participan Franco Moccia y Francisco
Quintana, presidente y secretario respectivamente de la Fundación Pensar.
“Por el momento
trabajamos en ideas, iniciativas pero no en proyectos escritos”, le dijo
a Infobae uno de los actores de la mesa que agrega que hay acuerdo en
los lineamientos generales de los cambios que debe tener el Poder
Judicial. “Acá no hay halcones ni palomas”, dice con un gesto hacía
las diferencias que hay en el PRO entre los presidenciales.
Uno de los temas
que más se habló en los últimos encuentros fue la situación que se vive en la
ciudad de Rosario con la violencia y el narcotráfico. De allí surgieron algunas
propuestas que entienden que son clave. Una es cubrir las vacantes
actuales que hay en la Justicia federal de esa ciudad que llega al 33
por ciento de lugares libres de jueces y fiscales. Y también reforzarla con más
cargos pero atendiendo otro punto central para el PRO que es la puesta en
vigencia del nuevo Código Procesal Federal con el sistema acusatorio.
Se trata del código
que se aprobó durante el gobierno de Macri y que como política central tiene
que las causas las investigan los fiscales y los magistrados actúan como jueces
de garantía. Eso ya se aplica en Salta y Jujuy y por el cronograma previsto
también ya debería regir en Santa Fe y Mendoza pero todavía no ocurrió.
En un eventual
próximo gobierno de un presidente del PRO ese será uno de los objetivos
centrales. Así entienden que en Rosario se le debe dar prioridad a la
creación de nuevos cargos de fiscales federales. En esa línea también apuntan a
que en la ciudad se instalen fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad
(PROCUNAR), el organismo de la Procuración General que conduce Diego
Iglesias y que se especializa en las causas de narcotráfico.
También para
Rosario piensan en una sede especial del Programa de Protección de Testigos e
Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación.
Los jueces de la
Corte Suprema
Infobae consultó
sobre dos puntos centrales en la justicia: la Corte Suprema y el Consejo
de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y
acusación de jueces nacionales y federales y de la administración del Poder
Judicial. Al respecto hay una línea de no modificar instituciones, pero sí su
funcionamiento. Así responden que en el PRO no piensan cambiar el actual número
de cinco jueces del máximo tribunal como sí hizo el Frente de Todos que en el
Senado aprobó un proyecto para que sean 15, lo que quedó frenado en la Cámara
de Diputados por la falta de votos. No obstante, reconocen que hay que
modificar su funcionamiento. Por ejemplo, que la Corte Suprema tenga
plazos para resolver las causas.
Lo mismo con
respecto a la composición del Consejo, hoy de 20. En la mesa de trabajo no
piensan en otro número pero sí en mantener la paridad entre sus estamentos sin
que ninguno tenga una mayoría sobre otro. También que el Consejo esté integrado
por el presidente de la Corte Suprema, hoy Horacio Rosatti. Ese es otro de
los puntos de desacuerdo con el oficialismo.
Hay otras dos
reformas centrales para el PRO. Una es sancionar el proyecto de nuevo
Código Penal que, entre otras reformas, eleva las penas de prisión para
los delitos de corrupción, y la segunda es sancionar una ley de responsabilidad
penal juvenil.
Las vacantes en la
Justicia federal y nacional es otro tema que se discute. Hoy los lugares de
jueces y fiscales vacíos alcanzan el 24 por ciento, con algunas provincias muy comprometidas.
Una de las ideas es que esas vacantes se cubran -por lo menos con el envió de
los pliegos del Poder Ejecutivo al Senado- con rapidez en los primeros días de
gobierno. También mejorar el funcionamiento de los juzgados y dar señales de
confianza a la justicia que consideran que en el gobierno de Alberto
Fernández no las tienen, sino todo lo contrario.
“Esas son algunas
de las ideas madre que hay. Después si llegamos a ser gobierno dependerá de
quien sea presidente para ponerlas en marcha y con su estilo”, dice otra
de las personas que integra el equipo.
Hay una mesa de
trabajo más amplia. Y es la que conforman la Fundación Pensar del PRO con la
del resto de los equipos de los socios políticos de Juntos por el Cambio. Allí
están la Fundación Alem, de la UCR; el Instituto Hannah Arendt, de la Coalición
Cívica; Y la Fundación Encuentro Federal, de Encuentro Republicano Federal, el
partido de Miguel Ángel Pichetto. Allí también se hablan de temas
judiciales pero más ampliado donde cada partido lleva propuestas de sus temas
de interés. |