En el equipo económico aseguran que el foco del control de gasto tendrá lugar a lo largo de marzo para no exceder la meta fiscal del primer trimestre

Por Maiano Boettner - La meta fiscal atravesó el proceso de negociación entre el Gobierno y el FMI sin cambios, por lo que el Poder Ejecutivo tendrá el mismo límite para el déficit primario previsto originalmente a pesar de un salto en el déficit en enero y una tendencia similar que, avizoran, dejarán ver los números de febrero, en un contexto de caída en los ingresos por retenciones a las exportaciones. El control del gasto para cumplir la primera meta trimestral estará concentrado, así, en marzo, anticiparon en el equipo económico.

Contrarreloj, el Ministerio de Economía consiguió que el Fondo Monetario Internacional habilite un cambio en el umbral de acumulación de reservas que aparecía, a dos semanas de que finalice el primer trimestre y, por lo tanto, la primera instancia de metas de este año con el FMI, como de imposible cumplimiento. El elemento central que explicó esa modificación fue la sequía, que ya tiene impacto en el nivel de producción agropecuaria y de exportaciones.

Hay una consecuencia lateral que fue abordada en los dos meses de conversaciones entre el Gobierno y el staff del organismo pero que no fue plasmado por la vía de una recalibración de números. Es el impacto que también tendrá la adversidad climática en el nivel de ingresos al fisco por la menor cantidad de derechos de exportación que recaudará la AFIP. Es un efecto, de hecho, que ya empezó a notarse en los dos primeros meses del año.

Ya con la meta de reservas reajustada -sus números concretos se conocerán cuando el directorio apruebe el informe del staff-, la meta principal sin modificaciones y que ahora empieza a concentrar las miradas, es la que establece un tope al déficit primario, trimestre por trimestre. La película anual permite, según el programa, un techo de rojo fiscal equivalente a 1,9% del PBI. Pero también tiene instancias trimestrales a cumplir.

Para fines de marzo, dentro de dos semanas, el sector público no debería haber excedido los $441.000 millones, que representan un 0,3% del Producto. El primer mes del año arrancó con un marcado salto en el déficit, superior al 1000% interanual, que dejó a las cuentas públicas con un rojo de $203.000 millones, es decir, poco menos de un 0,14% del PBI.

Así, solo en el primer mes del año el Palacio de Hacienda utilizó el 45% de ese “cupo” de déficit primario permitido por el acuerdo para el período enero-marzo. Según explicaron altas fuentes del equipo económico, tras el aumento del déficit en enero, los números de febrero también mostrarán un desempeño fiscal que sería similar al del primer mes del año -los números oficiales se darán a conocer la semana que viene- por lo que “en marzo habrá que trabajar duro y parejo” para no exceder la meta, aseguraron.

Para fines de marzo, dentro de dos semanas, el sector público no debería haber excedido los $441.000 millones, que representan un 0,3% del Producto.

Hay una herramienta que el Poder Ejecutivo podría tener a mano, aunque como ya fue ampliamente utilizada en los últimos meses, prevén dejarla de lado esta vez: la deuda flotante, por la cual el Estado posterga pagos y consigue algún margen fiscal mayor.

Otra variante, que solo buscarán cubrir en un caso extremo, es el de echar mano a los adelantos transitorios del Banco Central. Hay, porque también es una meta constitutiva del programa, un límite en este sentido. Es de 0,6% del PBI para todo 2023 y de $140.000 millones para el primer trimestre. En lo que va del año el Tesoro no solicitó fondos al BCRA por esta vía.

La conveniencia de reajustar la meta fiscal junto con la de reservas fue abordado por distintos informes privados en los últimos días. Uno de ellos fue de la consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, que consideró que la recalibración del acuerdo es más bien “un fósforo en medio de la peor sequía del siglo”.

“No modificar la meta fiscal implica que a pesar del impacto negativo de la sequía sobre la recaudación de derechos de exportación, el objetivo para 2023 sigue siendo un déficit primario de 1,9% del PIB”, mencionó. “La caída de recaudación por retenciones derivadas de la sequía estará en el orden del 0,3% del PIB, o 0,4% si el Gobierno sigue la recomendación del FMI, esto es, evitar la utilización de herramientas como el dólar-soja”, apuntó. El comunicado del Fondo, interpretaron en Economía, abre la puerta para una nueva edición de este mecanismo.

“El desafío fiscal de mantener la meta original con el FMI resulta entonces mayúsculo. (...) La recomendación del FMI es que ese ajuste adicional del gasto se genere por la vía de una segmentación más agresiva de tarifas, algo que podría incluso toparse con un obstáculo legal”, arriesgó la consultora.

Eso sucedería porque “el tramo superior de los consumidores recibirán subsidio cero este año y, por tanto, para cumplir con la meta fiscal se debería ingresar en un esquema de subsidios cruzados (que los “ricos” paguen más que el costo de la energía para que los “pobres” paguen menos), algo explícitamente prohibido por el actual marco normativo”.

“Si se agrega la caída de ingresos tributarios por sequía, la reducción necesaria del gasto es mucho mayor” (Iaraf)

Por su parte, la consultora Sarandí estimó que el recorte previsto del déficit hasta 1,9% del PBI “representa aproximadamente 2,8 billones de pesos a precios proyectados 2023″. “Solo en el primer mes del año el déficit primario ascendió a $0,2 billones, y febrero (aún sin datos) se espera que no muestre mejor desempeño”, apuntaron.

“La dinámica recesiva a la que se conduce la economía empezó a atentar contra los niveles de recaudación. Tres de los últimos cuatro meses registraron caídas en los ingresos genuinos contra la inflación, número que trepa a cinco de los últimos siete meses desde el inicio de la gestión Massa. Todo esto se da sin modificación alguna en las tasas impositivas. Solo efecto del nivel de actividad”, mencionó Sarandí y recordó que “en febrero la reducción de estos ingresos escaló al 40% y contrasta fuerte contra el incremento en octubre y enero por efecto de las dos ediciones del dólar soja”.

Por su lado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), hizo una estimación, también, sobre cuál sería el costo de la sequía para el fisco por la vía de menores ingresos de retenciones. “Se considera, en base a diversas proyecciones, que las exportaciones podrían verse reducidas en unos USD 15.000 millones durante 2023, lo que implicaría una menor recaudación de derechos de exportación por 0,4% del PIB”, inició el cálculo.

“La recomendación del FMI es que ese ajuste adicional del gasto se genere por la vía de una segmentación más agresiva de tarifas, algo que podría incluso toparse con un obstáculo legal” (PxQ)

“Esta pérdida de recursos impacta directamente en las arcas del Tesoro Nacional, ya que se trata de un impuesto no coparticipable. Si se suma la pérdida neta para el Tesoro nacional de la menor recaudación del impuesto a las ganancias, se llega a un ratio de 0,5% del PIB. En síntesis, el Tesoro Nacional tendría, al menos, una reducción de su recaudación de esa magnitud”, consideró ese centro de estudios.

Por último, proyectó que “si se agrega la caída de ingresos tributarios por sequía, la reducción necesaria del gasto es mucho mayor. En este escenario, los ingresos totales caerían 1,9 puntos porcentuales del PIB y el gasto primario tendría que hacerlo en 2,4 puntos porcentuales del PIB. En términos reales, los ingresos caerían 7% y el gasto debería hacerlo un 8,5%”, completó.