Por Antonio
Rossi - El nuevo acuerdo que abrocharon el
Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para flexibilizar las metas del
programa económico cerrado hace apenas un año y evitar la caída del acuerdo de
reprogramación de deuda viene con augurios de malas noticias para los
usuarios residenciales que ya están afrontando una seguidilla de aumentos
tarifarios en los servicios de energía eléctrica y gas.
El reseteo de los
compromisos asumidos con el FMI –movida derivada de la actual situación de
fragilidad económica y la marcada sequía que golpea doblemente a la producción
rural y a las exportaciones de granos—le permitirá al ministro de Economía,
Sergio Massa aligerar la meta de acumulación de reservas que debía
alcanzar este año y acceder a un nuevo giro del organismo de US$5.300 millones
en las próximas semanas.
Por pedido del FMI, el Gobierno maximiza ingresos con tarifas de luz y
gas
Ese ingreso —que
quedaría aprobado y confirmado por elboard del FMI dentro de 15 días – le
aportará a la administración del Alberto Fernández un salvavidas temporario
para despejar parte de la incertidumbre que envuelve a la economía hasta
mediados de año y alejar por unos meses el riesgo de una suspensión de los
desembolsos del previstos en el acuerdo vigente que resultan cruciales para sostener las reservas y
cumplir con los pagos de la deuda.
A cambio de esa
ayuda, desde el FMI advirtieron que el Gobierno deberá implementar
"políticas más sólidas para reafirmar las metas fiscales y el esquema
tarifario previsto para bajar la cuenta de los subsidios
energéticos", que
constituye la principal variable de ajuste del déficit fiscal.
Por medio de un
comunicado oficial, el subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental
del FMI, Luis Cubeddu y el nuevo jefe de la misión encargada de Argentinea,
Ashvin Ahuja destacaron que "ante un contexto económico más desafiante, en
particular por la sequía cada vez más grave, se necesitan medidas de
políticas más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar la
inflación creciente y los reveses de política para mantener el papel de ancla
del programa″.
A cambio de visto bueno del FMI a la revisión del acuerdo,
el equipo económico se comprometió a acelerar el esquema de eliminación de
subsidios tarifarios en los servicios de luz y gas a los hogares de mayores
ingresos, comercios e industrias que quedó ralentizado desde principios de año.
¿Quiénes pagarán luz y gas con aumento?
En setiembre
pasado, la secretaría de Energía comandada por la massista salteña Flavia Royón
puso en marcha un cronograma de quita de
subsidios para los hogares de mayor poder adquisitivo que constaba de tres etapas
bimestrales. La dos primeras instancias se implementaron tal como se había
anunciado. Pero la tercera y última, que estaba prevista entre enero y febrero,
quedó a mitad de camino con quitas de subsidios inferiores a las pautadas.
Pese a la
seguidilla de aumentos que ya están pagando y las subas aprobadas para Edenor y
Edesur hasta junio, los usuarios residenciales enmarcados en el Nivel 1
aún siguen recibiendo un subsidio energético en los servicios de luz y gas
que oscila entre el 35% y 40%.
En los casos de los
hogares encuadrados como N2 (de bajos ingresos) N3 (que agrupa a los sectores
medios), el nivel de subsidios oscila entre el 60% y 75%.
A menos que el
Gobierno ya tenga pensado, por razones electorales, incumplir de antemano con el
nuevo compromiso de retomar la senda de eliminación de subsidios, la
totalidad del universo de usuarios residenciales podría toparse con nuevos
aumentos tarifarios que deberían aplicarse entre abril y mayo.
El alcance de esos
incrementos no sería uniforme en los tres niveles de usuarios y dependerá de
hasta dónde estarían dispuestos Alberto Fernández y Sergio Massa asumir el
costo político de aprobar nuevos ajustes tarifarios en medio de las
primeras votaciones provinciales y la campaña electoral para las PASO en plena
ebullición.
Las subas confirmadas y las pendientes
Por el lado del
servicio eléctrico cuya regulación depende del ENRE –el ente regulador nacional
que pilotea el interventor massista bonaerense Walter Martello--, desde el
comienzo del año ya tiene acumulado dos clases de aumentos tarifarios para
los consumos hogareños, comerciales e industriales.
El primero—que
entró a correr desde el 1 de enero—fue para las transportistas eléctricas
Transener, Transba, Transpa, Districuyo, Transcomahue, Transnoa, Transnea y el
Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN).
En este caso, si
bien los aumentos otorgados en los ingresos específicos de las transportistas estuvieron
entre el 153% y el 155 %, el impacto final en las facturas de los usuarios
residenciales de todo el paísosciló sólo entre el 2,87% y el 3,15%.
El segundo ajuste
eléctrico se dio a partir de febrero y correspondió al precio mayorista de la
energía eléctrica destinado a las empresas generadoras. La suba para los
consumos hogareños de la región metropolitana del AMBA se ubicó entre el
17% y 29%; mientras que para comercios e industrias escaló, en promedio, hasta
el 45%.
A esos aumentos ya
vigentes se suman otros dos aprobados para abril y junio que irán a parar a las
cajas de Edenor y Edesur. Las resoluciones del ENRE difundidas la semana pasada
en medio de los cortes de luz les otorgaron a las distribuidoras
metropolitanas una recomposición de sus ingresos específicos del 108% a
partir de abril seguida de otra del 74% que se aplicará desde junio.
Ese doble aumento para Edenor (controlada por el trío de empresarios
locales integrado por Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti) y
Edesur (en manos del grupo italiano ENEL y con cartel de venta desde el año
pasado) tendrá para los usuarios residenciales un impacto final en las facturas
que irá del 89,2% y al 136%, según los cálculos de la consultora Economía y
Energía.
En lo que respecta al sector gasífero, desde el
arranque de marzo se encuentra en vigencia un ajuste
de hasta el 28% para los usuarios residenciales y del 70% para comercios e
industrias.
Este aumento
corresponde al valor del gas y según anunciaron las autoridades
energéticas sería el único que se aplicará este año por ese concepto
para los consumos hogareños. En cambio, para los clientes comerciales e
industriales regirá desde mayo otro incremento en el precio del gas superior al
50%. A esos ajustes se sumarán los que están destinados a mejorar los
ingresos específicos de las distribuidoras y transportadoras de gas.
A diferencia del
servicio eléctrico donde el ajuste anunciado para el VAD (Valor Agregado de
Distribución) de Edenor y Edesur se aplicará en forma desdoblada entre abril y
junio, la actualización de los ingresos de las gasíferas se efectuaría en
un solo tramo a partir de mayo.
Si bien el Enargas
todavía no terminó de pulir los porcentajes de aumentos que otorgará a cada
gasífera, las empresas del sector confían en que recibirán una suba del orden
del 100% que trasladada a las facturas de los usuarios residenciales tendrá un
impacto final del 25% al 30%.
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