Por Gustavo Carabajal - Como un espejo, la crisis de seguridad y violencia
que azota a Rosario se refleja en el Gran Buenos Aires, donde, como ocurre en
la ciudad más importante de Santa Fe, la policía no es parte de la solución,
sino del problema, y las bandas de narcotraficantes, cada vez más organizadas,
operan a sangre y fuego sin que el Estado les oponga una resistencia seria y
eficaz.
San Martín, Lomas de Zamora y La Matanza son los
distritos en los que se registra la mayor cantidad de homicidios por ajustes de
cuentas entre bandas narco. En el primero de esos distritos, las organizaciones
ya recurren a jóvenes sicarios rosarinos. Y las del sur de Santa Fe se proveen
de drogas en el conurbano.
Además, en los partidos comprendidos en el
Departamento Judicial San Martín –donde se instruye la causa por las 24 muertes
producidas por el consumo de cocaína mezclada con carfentanilo– se descubrió
que las organizaciones narcocriminales recurren a sicarios rosarinos menores de
edad para concretar sus venganzas. Como contrapartida, investigaciones
recientes detectaron que las bandas más importantes de Rosario se abastecen de
droga en la zona oeste del conurbano.
Los asesinos a sueldo rosarinos llegan al conurbano
en autos “emponchados”, tal como se denomina a los vehículos robados que
circulan con documentación apócrifa, que pertenece a un rodado sin pedido de
secuestro.
El 8 de febrero pasado, un joven de 17 años fue
asesinado en la villa 9 de Julio, de Villa Ballester, a 300 metros de una
conocida fábrica de equipos electrónicos. Según fuentes policiales, el
“tiratiros” llegó al lugar en un BMW, bajó y abrió fuego contra la casa en la
que vivía el adolescente.
No fue un “homicidio quirúrgico”. Por las
características del vehículo, y debido a la conmoción que produjo en el barrio,
la policía intervino y logró interceptar el rodado.
Cuando los efectivos de la comisaría 5ª de San
Martín revisaron al conductor del vehículo le secuestraron el arma homicida y
un celular. Al comprobar su identidad y su edad, los investigadores policiales
y judiciales no salían de su asombro: el asesino a sueldo tenía 16 años.
La información hallada en el teléfono del sicario
reveló el vínculo entre la banda narco de la villa 9 de Julio que contrató al
“tiratiros” con una organización narcocriminal de Rosario. Como hay una
investigación abierta en Santa Fe, las fuentes consultadas por la nacion
prefirieron preservar esos datos sensibles.
A los investigadores los sorprendió la calidad de
la documentación falsificada que llevaba el BMW con el que se movía el sicario
rosarino.
La pugna en San Martín
Este no fue el único episodio de este tipo en la
zona. Una semana después de este asesinato, se viralizó en las redes sociales
un video en el que integrantes de una banda narco de la 9 de Julio anunciaban
una amenaza al grupo rival.
“Vecinos de Villa 9 de Julio, les informamos que si
en 48 horas la organización de Max Alí Alegre, alias Alicho, y el Gordo Blas
Gómez no abandonan la villa 9 de Julio, van a ser desbaratados a sangre y fuego
por nosotros. Les informamos que no salgan de sus casas, ya que el territorio
tiene dueño y esta organización lo ha tomado sin ningún control”, dijo uno de
los hombres con la voz distorsionada, tras lo cual cargaron las armas largas
que portaban.
Max Alí Alegre es conocido como Negro Alí o Alicho.
Tiene solo 32 años. Está preso desde 2017. Su jefe de seguridad, Blas Adrián
Gómez, alias Gordo, tiene 29 años. Está detenido desde hace casi cinco años.
La investigación de la amenaza quedó a cargo del
fiscal Daniel Cangelosi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº
3 de San Martín. Hasta el momento, el caso no pasó de la advertencia.
No obstante, la posibilidad de enfrentamiento está
latente. Tanto en la villa 9 de Julio como en otros asentamientos del corredor
noroeste, como Loyola, La Rana, Puerta 8, Lanzone, Churruca, El Gaucho,
Sarmiento, Korea, Cárcova e Independencia, la lucha por el manejo del territorio
para vender droga es constante.
Esa pugna tiene como protagonistas a tres grupos:
la banda comandada por Alejandro “el Rengo” Pacheco, detenido desde mayo de
2021, aunque desde la cárcel sigue manejando su banda; la de Alicho, y el
remanente de la organización de Miguel Ángel Villalba, alias Mameluco,
excandidato a intendente de San Martín en una interna por una de las líneas del
Partido Justicialista en las PASO de 2011.
Según fuentes policiales, durante años, Pacheco fue
uno de los mayores distribuidores de droga de la zona. Compraba la droga en
Bolivia y la cruzaba por Salvador Mazza. Cuando llegaba a sus puntos de acopio
en alguno de aquellos barrios precarios de San Martín y Tres de Febrero, la
cortaba al 80%, con lo que multiplicaba sus ganancias por cuatro sobre cada
dosis que vendían los transas que trabajaban para su organización.
La rivalidad entre Pacheco y Ayala se intensificó
porque el Rengo estaba convencido de que Alicho y Gómez lo habían “entregado” a
la policía para quedarse con los búnkeres de Puerta 8 y las villas 9 de Julio,
El Gaucho, la 18, Loyola y Lanzone, para multiplicar, así, sus puestos de venta
de drogas.
Pacheco quería venganza. Entonces, el policía
federal Ariel González intentó quedarse con una parte de los 10 millones de
pesos que, supuestamente, ofrecía el Rengo a cambio de facilitar los sicarios
para que el jefe narco concretara su venganza contra Alicho y el Gordo Blas.
Pero González no contó con que ellos tenían en su
nómina a seis policías bonaerenses que les pasaron el dato sobre los
movimientos del integrante de la Federal.
El 20 de julio de 2021, González fue a una reunión
para, supuestamente, contratar a los sicarios que matarían en la cárcel de
Villa Devoto a Alicho y al Gordo Blas. No lo sabía, pero, en realidad, fue
derecho a una emboscada ideada por los cómplices de los dos narcos a los que
planeaba matar.
Lo asesinaron de un tiro dentro de su utilitario.
Al revisar el vehículo, los peritos de la Superintendencia de Policía
Científica hallaron al lado del cuerpo de Giménez una nota que decía: “Rengo
Pacheco, 10 millones por mí. Acá tenés tus 10 millones. Atentamente... San
Martín”.
Nuevos jugadores
Hace días, efectivos bonaerenses allanaron una
serie de viviendas en Puerta 8. Buscaban a los autores del homicidio de Claudio
Manrique, asesinado en el cruce de Catamarca y El Parque. Al entrar en la casa
de uno de los sospechosos, la policía, que buscaba a un homicida, encontró un
búnker de droga. Detuvieron a siete sospechosos y secuestraron 1560 dosis de
cocaína. El lugar estaba a pocos metros de donde, en febrero del año pasado, se
vendió la cocaína cortada con carfentanilo que provocó una crisis de salud
pública con 24 muertos y al menos 96 intoxicados que quedaron en terapia
intensiva.
Este cronista fue al barrio el miércoles a las
22.15, debido a que varios habitantes de Puerta 8 afirmaban que había
importantes filas de consumidores que concurren a comprar droga en los mismos
búnkeres en los que el 2 de febrero de 2022 adquirieron la “droga fea”, como la
definió Mameluco Villalba en una conversación con uno de sus lugartenientes,
escuchada por la Justicia. No se veían esas filas. Aunque no dejaba de llamar
la atención la presencia de un móvil policial, frente a la plaza con el busto
de Eva Perón, frente a uno de los búnkeres allanados. Había una explicación: un
rato antes había sido aquel operativo. Los “transas” eran nuevos en el barrio:
se acababan de instalar allí para vender droga en una casilla de El Parque
entre Catamarca y Miramar.
A raíz de una investigación en la Justicia Federal
de San Martín se determinó que la droga envenenada habría sido comercializada
por dealers que responden a Iván, uno de los hijos de Mameluco Villalba. La
jueza Alicia Vence remitió a un laboratorio de la DEA, en los Estados Unidos,
las muestras de las dosis halladas en poder de los sobrevivientes para tratar
de establecer el lugar donde se había adquirido el carfentanilo. Pero la
respuesta que tuvo fue que la sustancia estaba tan degradada que resultaba imposible
establecer el origen y el lugar de elaboración.
Los asesinos a sueldo llegan desde el sur de Santa
Fe en autos “emponchados”
En la villa 9 de Julio, la guerra es entre “Alicho”
Alegre y “el Rengo” Pacheco
En Puerta 8, los dealers reabrieron un búnker donde
hace un año se vendió la cocaína con carfentanilo
Que el laboratorio norteamericano no haya tenido
éxito con la trazabilidad implica que no se puede saber si la cocaína letal
vino “contaminada” desde Colombia –donde, según escuchas, el Salvaje, como se
conoce a Iván Villalba, uno de los hijos de Mameluco, había comprado la droga
barata que nadie más quería– o si la partida fue “cortada” con carfentanilo en
los búnkeres de Puerta 8, donde los dealers “rebajan” el contenido de las
bolsas con estupefaciente para aumentar su ganancia propia.
Niños-soldados en La Matanza
El panorama con respecto a la invasión narco se
repite en La Matanza. Tiempo atrás, durante un operativo antidrogas realizado
en la villa Puerta de Hierro, la policía encontró a 30 chicos de entre 7 y 8
años a los que los dealers les pagaban 200 pesos, una gaseosa y un paquete de
galletitas para que los alertaran sobre la presencia de policías o gendarmes
que pudieran poner en riesgo algunos de los búnkeres de venta de droga
instalados en ese asentamiento. Según fuentes policiales, la banda narco se
valía de chicos tan pequeños porque los más grandes ya habían sido devastados
por el consumo de paco.
En esa zona del conurbano, el narco más importante
es conocido como Chaki Chan. Este narcotraficante no duda en matar: la Justicia
le adjudicó cinco homicidios, aunque el propio narco, señalado como el “Patrón
de La Matanza”, se jactaba de haber cometido 15 asesinatos.
Chaki Chan amenazó a un fiscal y mandó a sus
secuaces a sacar fotos de las casas de los policías que se animaron a
investigarlo; después les mandaba esas imágenes a los efectivos con la leyenda:
“Lindo rancho en el que vivís”. Así instaló el miedo entres algunos
uniformados.
Aquellos policías que no le temen se aprovechan de
saber que recauda 10 millones de pesos diarios por la venta de drogas en sus
búnkeres para cobrarle coimas. Pocos policías se atreven a investigarlo porque
saben que Chaki Chan tiene protección de un grupo de miembros de la fuerza de
seguridad provincial y porque, según la Justicia, sería un asesino despiadado.
A pesar de que le adjudican cinco asesinatos, Chaki
Chan sigue en libertad y, con apenas 29 años, se convirtió en el mayor narco de
La Matanza. Según fuentes judiciales, nunca fue condenado por los homicidios
que le adjudicaron cuando era mayor, porque, cuando fueron convocados a
declarar en el juicio oral, los testigos, por miedo, se habrían negado a
identificarlo.
Chaki Chan tenía entre 16 y 17 años cuando
ocurrieron algunos de los homicidios que le adjudican.
En noviembre pasado, los soldaditos de Chaki Chan
fueron denunciados por los vecinos del complejo de monoblocks situado en el
cruce de Crovara y Camino de Cintura, en Ciudad Evita. Al menos, los videos
grabados por aterrorizados vecinos expusieron que policías bonaerenses
retrocedieron ante los disparos de la banda supuestamente comandada por un
cómplice del narco conocido como Guimil.
Esas imágenes pusieron en evidencia que los narcos
contaban con el apoyo de fuego de, al menos, una ametralladora FMK3, una vieja
arma del Ejército y de las fuerzas de seguridad argentinas que fue “desviada”
de los arsenales oficiales y terminó en el mercado negro como un “subfusil
narco”.
De la Capital hacia el sur
En la jurisdicción del Departamento Judicial Lomas
de Zamora, la zona caliente de la actividad de las bandas narco se reparte en
el barrio Betharram, cerca de la Rotonda del Vapor, en Burzaco. Allí, las
organizaciones responden a dos jefes que están en constante lucha: el Peruano
Jesús, con aceitados vínculos en la villa 1-11-14, del Bajo Flores porteño, y
un narco conocido como Samuel Alejandro Paz.
Según estadísticas oficiales, ocho de cada diez
causas por drogas en territorio bonaerense son por tenencia simple y terminan
archivadas. Más del 20% de los expedientes iniciados por la policía por
comercio de estupefacientes terminan cerrados por falta de pruebas y
deficiencias en la investigación.
Los operativos con decomisos de importantes
cargamentos de droga concretados por la policía bonaerense contra bandas locales
son cada vez más esporádicos. Hay procedimientos con incautaciones y detenidos,
pero que no modifican el estado crítico de la situación.
Tampoco se derrumban búnkeUna res de drogas. En
algunos casos, como ocurrió en el barrio Oro Verde, de La Matanza, no fue la
policía sino los propios vecinos los que corrieron a los narcos de la zona.
Las bandas que operan en San Martín, La Matanza o
Lomas de Zamora cuentan con protección de policías bonaerenses corruptos.
Un subcomisario de la policía bonaerense fue
apresado hace nueve meses, acusado de su presunta vinculación con algunos de
los vendedores de droga arrestados durante los allanamientos realizados en
Puerta 8, el asentamiento de Tres de Febrero donde parte de los consumidores
intoxicados con cocaína envenenada compraron las dosis de la sustancia letal.
Según fuentes judiciales y
policiales,entreloselementosquefundaron la detención del oficial jefe figuran
las declaraciones de dos efectivos que habrían escuchado al subcomisario decir:
“Estos dos son amigos míos”. Así, según los testigos, habría intentado excluir
del grupo de sospechosos apresados a dos “transas” que habían sido detenidos en
los operativos realizados en búnkeres de Puerta 8.
Sin embargo, nada ocurrió con, por lo menos, ocho
efectivos de la fuerza bonaerense que integran la nómina de Alicho y el Rengo. |