Por Gustavo Carabajal - Como un espejo, la crisis de seguridad y violencia que azota a Rosario se refleja en el Gran Buenos Aires, donde, como ocurre en la ciudad más importante de Santa Fe, la policía no es parte de la solución, sino del problema, y las bandas de narcotraficantes, cada vez más organizadas, operan a sangre y fuego sin que el Estado les oponga una resistencia seria y eficaz.

San Martín, Lomas de Zamora y La Matanza son los distritos en los que se registra la mayor cantidad de homicidios por ajustes de cuentas entre bandas narco. En el primero de esos distritos, las organizaciones ya recurren a jóvenes sicarios rosarinos. Y las del sur de Santa Fe se proveen de drogas en el conurbano.

Además, en los partidos comprendidos en el Departamento Judicial San Martín –donde se instruye la causa por las 24 muertes producidas por el consumo de cocaína mezclada con carfentanilo– se descubrió que las organizaciones narcocriminales recurren a sicarios rosarinos menores de edad para concretar sus venganzas. Como contrapartida, investigaciones recientes detectaron que las bandas más importantes de Rosario se abastecen de droga en la zona oeste del conurbano.

Los asesinos a sueldo rosarinos llegan al conurbano en autos “emponchados”, tal como se denomina a los vehículos robados que circulan con documentación apócrifa, que pertenece a un rodado sin pedido de secuestro.

El 8 de febrero pasado, un joven de 17 años fue asesinado en la villa 9 de Julio, de Villa Ballester, a 300 metros de una conocida fábrica de equipos electrónicos. Según fuentes policiales, el “tiratiros” llegó al lugar en un BMW, bajó y abrió fuego contra la casa en la que vivía el adolescente.

No fue un “homicidio quirúrgico”. Por las características del vehículo, y debido a la conmoción que produjo en el barrio, la policía intervino y logró interceptar el rodado.

Cuando los efectivos de la comisaría 5ª de San Martín revisaron al conductor del vehículo le secuestraron el arma homicida y un celular. Al comprobar su identidad y su edad, los investigadores policiales y judiciales no salían de su asombro: el asesino a sueldo tenía 16 años.

La información hallada en el teléfono del sicario reveló el vínculo entre la banda narco de la villa 9 de Julio que contrató al “tiratiros” con una organización narcocriminal de Rosario. Como hay una investigación abierta en Santa Fe, las fuentes consultadas por la nacion prefirieron preservar esos datos sensibles.

A los investigadores los sorprendió la calidad de la documentación falsificada que llevaba el BMW con el que se movía el sicario rosarino.

La pugna en San Martín

Este no fue el único episodio de este tipo en la zona. Una semana después de este asesinato, se viralizó en las redes sociales un video en el que integrantes de una banda narco de la 9 de Julio anunciaban una amenaza al grupo rival.

“Vecinos de Villa 9 de Julio, les informamos que si en 48 horas la organización de Max Alí Alegre, alias Alicho, y el Gordo Blas Gómez no abandonan la villa 9 de Julio, van a ser desbaratados a sangre y fuego por nosotros. Les informamos que no salgan de sus casas, ya que el territorio tiene dueño y esta organización lo ha tomado sin ningún control”, dijo uno de los hombres con la voz distorsionada, tras lo cual cargaron las armas largas que portaban.

Max Alí Alegre es conocido como Negro Alí o Alicho. Tiene solo 32 años. Está preso desde 2017. Su jefe de seguridad, Blas Adrián Gómez, alias Gordo, tiene 29 años. Está detenido desde hace casi cinco años.

La investigación de la amenaza quedó a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 3 de San Martín. Hasta el momento, el caso no pasó de la advertencia.

No obstante, la posibilidad de enfrentamiento está latente. Tanto en la villa 9 de Julio como en otros asentamientos del corredor noroeste, como Loyola, La Rana, Puerta 8, Lanzone, Churruca, El Gaucho, Sarmiento, Korea, Cárcova e Independencia, la lucha por el manejo del territorio para vender droga es constante.

Esa pugna tiene como protagonistas a tres grupos: la banda comandada por Alejandro “el Rengo” Pacheco, detenido desde mayo de 2021, aunque desde la cárcel sigue manejando su banda; la de Alicho, y el remanente de la organización de Miguel Ángel Villalba, alias Mameluco, excandidato a intendente de San Martín en una interna por una de las líneas del Partido Justicialista en las PASO de 2011.

Según fuentes policiales, durante años, Pacheco fue uno de los mayores distribuidores de droga de la zona. Compraba la droga en Bolivia y la cruzaba por Salvador Mazza. Cuando llegaba a sus puntos de acopio en alguno de aquellos barrios precarios de San Martín y Tres de Febrero, la cortaba al 80%, con lo que multiplicaba sus ganancias por cuatro sobre cada dosis que vendían los transas que trabajaban para su organización.

La rivalidad entre Pacheco y Ayala se intensificó porque el Rengo estaba convencido de que Alicho y Gómez lo habían “entregado” a la policía para quedarse con los búnkeres de Puerta 8 y las villas 9 de Julio, El Gaucho, la 18, Loyola y Lanzone, para multiplicar, así, sus puestos de venta de drogas.

Pacheco quería venganza. Entonces, el policía federal Ariel González intentó quedarse con una parte de los 10 millones de pesos que, supuestamente, ofrecía el Rengo a cambio de facilitar los sicarios para que el jefe narco concretara su venganza contra Alicho y el Gordo Blas.

Pero González no contó con que ellos tenían en su nómina a seis policías bonaerenses que les pasaron el dato sobre los movimientos del integrante de la Federal.

El 20 de julio de 2021, González fue a una reunión para, supuestamente, contratar a los sicarios que matarían en la cárcel de Villa Devoto a Alicho y al Gordo Blas. No lo sabía, pero, en realidad, fue derecho a una emboscada ideada por los cómplices de los dos narcos a los que planeaba matar.

Lo asesinaron de un tiro dentro de su utilitario. Al revisar el vehículo, los peritos de la Superintendencia de Policía Científica hallaron al lado del cuerpo de Giménez una nota que decía: “Rengo Pacheco, 10 millones por mí. Acá tenés tus 10 millones. Atentamente... San Martín”.

Nuevos jugadores

Hace días, efectivos bonaerenses allanaron una serie de viviendas en Puerta 8. Buscaban a los autores del homicidio de Claudio Manrique, asesinado en el cruce de Catamarca y El Parque. Al entrar en la casa de uno de los sospechosos, la policía, que buscaba a un homicida, encontró un búnker de droga. Detuvieron a siete sospechosos y secuestraron 1560 dosis de cocaína. El lugar estaba a pocos metros de donde, en febrero del año pasado, se vendió la cocaína cortada con carfentanilo que provocó una crisis de salud pública con 24 muertos y al menos 96 intoxicados que quedaron en terapia intensiva.

Este cronista fue al barrio el miércoles a las 22.15, debido a que varios habitantes de Puerta 8 afirmaban que había importantes filas de consumidores que concurren a comprar droga en los mismos búnkeres en los que el 2 de febrero de 2022 adquirieron la “droga fea”, como la definió Mameluco Villalba en una conversación con uno de sus lugartenientes, escuchada por la Justicia. No se veían esas filas. Aunque no dejaba de llamar la atención la presencia de un móvil policial, frente a la plaza con el busto de Eva Perón, frente a uno de los búnkeres allanados. Había una explicación: un rato antes había sido aquel operativo. Los “transas” eran nuevos en el barrio: se acababan de instalar allí para vender droga en una casilla de El Parque entre Catamarca y Miramar.

A raíz de una investigación en la Justicia Federal de San Martín se determinó que la droga envenenada habría sido comercializada por dealers que responden a Iván, uno de los hijos de Mameluco Villalba. La jueza Alicia Vence remitió a un laboratorio de la DEA, en los Estados Unidos, las muestras de las dosis halladas en poder de los sobrevivientes para tratar de establecer el lugar donde se había adquirido el carfentanilo. Pero la respuesta que tuvo fue que la sustancia estaba tan degradada que resultaba imposible establecer el origen y el lugar de elaboración.

Los asesinos a sueldo llegan desde el sur de Santa Fe en autos “emponchados”

En la villa 9 de Julio, la guerra es entre “Alicho” Alegre y “el Rengo” Pacheco

En Puerta 8, los dealers reabrieron un búnker donde hace un año se vendió la cocaína con carfentanilo

Que el laboratorio norteamericano no haya tenido éxito con la trazabilidad implica que no se puede saber si la cocaína letal vino “contaminada” desde Colombia –donde, según escuchas, el Salvaje, como se conoce a Iván Villalba, uno de los hijos de Mameluco, había comprado la droga barata que nadie más quería– o si la partida fue “cortada” con carfentanilo en los búnkeres de Puerta 8, donde los dealers “rebajan” el contenido de las bolsas con estupefaciente para aumentar su ganancia propia.

Niños-soldados en La Matanza

El panorama con respecto a la invasión narco se repite en La Matanza. Tiempo atrás, durante un operativo antidrogas realizado en la villa Puerta de Hierro, la policía encontró a 30 chicos de entre 7 y 8 años a los que los dealers les pagaban 200 pesos, una gaseosa y un paquete de galletitas para que los alertaran sobre la presencia de policías o gendarmes que pudieran poner en riesgo algunos de los búnkeres de venta de droga instalados en ese asentamiento. Según fuentes policiales, la banda narco se valía de chicos tan pequeños porque los más grandes ya habían sido devastados por el consumo de paco.

En esa zona del conurbano, el narco más importante es conocido como Chaki Chan. Este narcotraficante no duda en matar: la Justicia le adjudicó cinco homicidios, aunque el propio narco, señalado como el “Patrón de La Matanza”, se jactaba de haber cometido 15 asesinatos.

Chaki Chan amenazó a un fiscal y mandó a sus secuaces a sacar fotos de las casas de los policías que se animaron a investigarlo; después les mandaba esas imágenes a los efectivos con la leyenda: “Lindo rancho en el que vivís”. Así instaló el miedo entres algunos uniformados.

Aquellos policías que no le temen se aprovechan de saber que recauda 10 millones de pesos diarios por la venta de drogas en sus búnkeres para cobrarle coimas. Pocos policías se atreven a investigarlo porque saben que Chaki Chan tiene protección de un grupo de miembros de la fuerza de seguridad provincial y porque, según la Justicia, sería un asesino despiadado.

A pesar de que le adjudican cinco asesinatos, Chaki Chan sigue en libertad y, con apenas 29 años, se convirtió en el mayor narco de La Matanza. Según fuentes judiciales, nunca fue condenado por los homicidios que le adjudicaron cuando era mayor, porque, cuando fueron convocados a declarar en el juicio oral, los testigos, por miedo, se habrían negado a identificarlo.

Chaki Chan tenía entre 16 y 17 años cuando ocurrieron algunos de los homicidios que le adjudican.

En noviembre pasado, los soldaditos de Chaki Chan fueron denunciados por los vecinos del complejo de monoblocks situado en el cruce de Crovara y Camino de Cintura, en Ciudad Evita. Al menos, los videos grabados por aterrorizados vecinos expusieron que policías bonaerenses retrocedieron ante los disparos de la banda supuestamente comandada por un cómplice del narco conocido como Guimil.

Esas imágenes pusieron en evidencia que los narcos contaban con el apoyo de fuego de, al menos, una ametralladora FMK3, una vieja arma del Ejército y de las fuerzas de seguridad argentinas que fue “desviada” de los arsenales oficiales y terminó en el mercado negro como un “subfusil narco”.

De la Capital hacia el sur

En la jurisdicción del Departamento Judicial Lomas de Zamora, la zona caliente de la actividad de las bandas narco se reparte en el barrio Betharram, cerca de la Rotonda del Vapor, en Burzaco. Allí, las organizaciones responden a dos jefes que están en constante lucha: el Peruano Jesús, con aceitados vínculos en la villa 1-11-14, del Bajo Flores porteño, y un narco conocido como Samuel Alejandro Paz.

Según estadísticas oficiales, ocho de cada diez causas por drogas en territorio bonaerense son por tenencia simple y terminan archivadas. Más del 20% de los expedientes iniciados por la policía por comercio de estupefacientes terminan cerrados por falta de pruebas y deficiencias en la investigación.

Los operativos con decomisos de importantes cargamentos de droga concretados por la policía bonaerense contra bandas locales son cada vez más esporádicos. Hay procedimientos con incautaciones y detenidos, pero que no modifican el estado crítico de la situación.

Tampoco se derrumban búnkeUna res de drogas. En algunos casos, como ocurrió en el barrio Oro Verde, de La Matanza, no fue la policía sino los propios vecinos los que corrieron a los narcos de la zona.

Las bandas que operan en San Martín, La Matanza o Lomas de Zamora cuentan con protección de policías bonaerenses corruptos.

Un subcomisario de la policía bonaerense fue apresado hace nueve meses, acusado de su presunta vinculación con algunos de los vendedores de droga arrestados durante los allanamientos realizados en Puerta 8, el asentamiento de Tres de Febrero donde parte de los consumidores intoxicados con cocaína envenenada compraron las dosis de la sustancia letal.

Según fuentes judiciales y policiales,entreloselementosquefundaron la detención del oficial jefe figuran las declaraciones de dos efectivos que habrían escuchado al subcomisario decir: “Estos dos son amigos míos”. Así, según los testigos, habría intentado excluir del grupo de sospechosos apresados a dos “transas” que habían sido detenidos en los operativos realizados en búnkeres de Puerta 8.

Sin embargo, nada ocurrió con, por lo menos, ocho efectivos de la fuerza bonaerense que integran la nómina de Alicho y el Rengo.