Por Fernando
Gutiérrez - La discusión generada por la última moratoria previsional
votada en el Congreso dejó
en evidencia que, además de las urgencias financiera, la otra gran
"bomba" que recibirá el próximo gobierno será la de
un sistema jubilatorio al que todos los analistas consideran
colapsado, injusto y fiscalmente inviable.
Fue la conclusión
que expresaron todos: desde los opositores que criticaron la moratoria y la ven
como una injusticia hacia quienes aportaron, hasta los kirchneristas que la
votaron como una solución de corto plazo y festejaron una victoria política
sobre "la derecha" pero en el fondo reconocen la necesidad de la
reforma estructural.
Uno de los más
explícitos al respecto fue el diputado Daniel Arroyo -ex ministro de
Desarrollo Social-, quien tras la moratoria admitió ante las cámaras de
TV: "Se necesita un cambio profundo del sistema jubilatorio, no
podemos vivir de moratoria en moratoria. Con el tiempo va a haber menos aportantes, porque los jóvenes que hoy trabajan en las
motitos son monotributistas, así que hay que prever otros
tipos de aportes y el problema de la informalidad".
Y concluyó con una
frase contundente: "El sistema está agotado". Es todo un cambio de
postura, si se tiene en cuenta que cuando se firmó el acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, el entonces ministro Martín Guzmán afirmaba
que una de las ventajas del "stand by" era que no preveía una reforma
jubilatoria.
Ahora, en cambio,
esa definición de Arroyo sobre el agotamiento del sistema que perfectamente
podría haber sido firmada por los diputados de la oposición que rechazaron la
moratoria y criticaron el costo fiscal de casi medio punto del PBI.
Así, el
diputado José Luis Espert fundamentó la necesidad de una reforma en
el hecho de que las jubilaciones excepcionales ya son la
mayoría: "El régimen general representa una cuarta parte, otro
cuarto son las moratorias y el resto son regímenes especiales".
Sistema agotado, de Argentina a Francia
La existencia de
una "bomba previsional" deja, al menos, un consuelo: a diferencia de
lo que ocurre en temas como la inflación o el cepo, no se trata de una
extravagancia argentina sino que es una crisis que se vive en casi todo
el mundo desarrollado. De hecho, en estos días se han visto imágenes
de protestas callejeras masivas en Francia, contra una reforma que
eleva de 62 a 64 años la edad del retiro.
En Francia, los
fundamentos planteados para introducir esos cambios no difieren tanto de los
que se pueden ver en Argentina: cambios demográficos, cambios culturales,
dificultades fiscales.
¿Y en Argentina? Las estadísticas son contundentes: hoy
la esperanza de vida es de 80 años para las mujeres y de 76
años para los hombres, mientras que en la década de los ’60, la expectativa
era, respectivamente, de 67 y 61 años. Y esta situación positiva, permitida por
el avance de la medicina, implica el
desafío de cómo sostener jubilados que cobrarán durante un lapso mucho mayor
que el de generaciones anteriores.
En definitiva, en
todos los países se registra una reducción de la cantidad de aportantes al
sistema. Es una consecuencia del envejecimiento de la población, pero
también del impacto de la tecnología en el mercado laboral. Y, en el
caso argentino, todo se ve agravado por la informalidad de la
economía, que afecta a más de un tercio de los trabajadores.
Los expertos
estiman que apenas seis de cada 10 jubilados llegan a la edad de retiro
habiendo cumplido 30 años de aporte. Y todavía no llegó lo
peor: "Debemos advertir a los monotributistas y autónomos que tendrán jubilaciones bajas, dado que las
contribuciones a la jubilación de estos regímenes son ínfimas. Solo las
categorías IV y V de autónomos pagan un aporte igual o superior al del salario promedio en relación de
dependencia", apunta Andrea Falcone, una de las principales abogadas
previsionales del mercado argentino.
Jubilación, la variable de ajuste
Claro que en el
caso argentino hay, además del cambio demográfico, otras motivaciones más urgentes:
básicamente, las exhaustas arcas del fisco. Y como las jubilaciones y
pensiones son el rubro de mayor ponderación en el gasto
público -aproximadamente un 40% del total-, resulta inevitable
que, cada vez que se plantee el recorte fiscal, sean candidatas al ajuste.
Prueba de ello es
que el FMI, en su revisión de diciembre,
recomendó recortar en 0,2% el gasto previsional y en 0,6% la asistencia social. Y pese al
alto costo político que implica esta medida en un año electoral, hasta ahora se
está cumpliendo ese recorte, por la vía de la licuación inflacionaria.
El recorte -de 0,3
puntos del PBI- fue lo que permitió que el año pasado se haya cumplido la meta
de bajar el déficit fiscal desde un nivel de 3,6% hasta un 2,4%.
Entre los que más se había opuesto a la moratoria figuraba el ex ministro
Guzmán, que entendía que sumar 800.000 jubilados pondría en riesgo la meta
fiscal.
Aun así, el monto de las jubilaciones ha caído en términos
reales, a tal punto que, según la Defensoría del
Pueblo, hay un 70% de jubilados que cobran menos de la canasta básica estimada
para ese segmento de la población.
Una historia de
licuaciones
¿Cómo se explica el
hecho de que, con un sistema que tiende a costarle cada vez más al Estado, los
jubilados sean simultáneamente la variable del ajuste fiscal? La respuesta es
sencilla: lo que se incrementa por un lado, se compensa por la vía de fórmulas
indexatorias que no protegen contra la erosión inflacionaria.
Y es un tema que no
distingue color político ni ideologías, porque en mayor o menor medida lo han
hecho todos los gobiernos de la historia reciente.
La gestión de Cristina Kirchner, que por un lado
agrandó el gasto al sumar tres millones de personas sin
aportes suficientes, compensó con una fórmula indexatoria "pro-cíclica"
-es decir, cuando la economía caía, las jubilaciones los hacían en mayor
proporción -.
Luego el macrismo,
con la "reparación histórica" de 2016 que reconoció los
masivos reclamos judiciales, también incrementó el costo jubilatorio. En ese
momento se generaron debates internos en el gobierno: la facción más
"fiscalista" -que quedó en minoría- argumentaba que el gasto
previsional podría crecer hasta representar 13% del PBI, una tasa que
duplicaría al promedio latinoamericano y que superaría a los propios inventores
del "Estado de bienestar" como Francia y Gran Bretaña, que
rondaban el 12%.
La forma de
compensar ese gasto fue la famosa y accidentada reforma de diciembre 2017. Un
Congreso bajo piedras votó una fórmula indexdatoria que el macrismo presentó
como progresista, porque ajustaba por inflación.
En realidad, lo que estaba en mente de los funcionarios era
que la inflación seguiría en baja, mientras la economía crecería. De esa
manera, las jubilaciones cada vez pesarían menos en términos de recaudación tributaria
y de PBI. Sin embargo, la crisis devaluatoria de 2018 arruinó todo el plan.
Esa situación
derivó en la reforma impulsada en 2020 por Guzmán, que más tarde sería
ácidamente criticada desde el kirchnerismo. Se recuerda en particular la
definición de la díscola diputada Fernanda Vallejos -la calificó como "esa reforma de
mierda que nos hicieron votar"- y la responsabilizó por la derrota
electoral en las legislativas.
Lo cierto es que el
mecanismo indexatorio volvió a la lógica "pro-cíclica", que hacía que
las jubilaciones quedaran descubiertas en un contexto de inflación creciente.
Prueba de ello es la necesidad permanente de aprobar bonos
extraordinarios para compensar la erosión del poder adquisitivo. En
este período de gobierno las jubilaciones han sido la principal variable de
ajuste. El último informe fiscal marca una caída real
del 4%.
Esperando la próxima fórmula
Y todo indica que
la historia se repetirá. Los expertos en las finanzas del sistema previsional
dan por descontado que en 2024, gane quien gane, habrá otro cambio de
fórmula indexatoria, de manera de compensar el impacto de la última moratoria.
Según la Fundación Mediterránea, en 14 provincias ya
son mayoría los jubilados y pensionados que
accedieron a su beneficio a través de moratorias. Son tres millones y medio de
beneficiarios.
Habrá un desafío
adicional: corregir la injusticia hacia los jubilados que han hecho sus aportes
en regla. El economista Jorge Colina, director de Idesa, apunta que mientras los jubilados del régimen
general cobran un promedio de $125.000, los de las moratorias perciben $120.000. Casi lo mismo, pero sin haber hecho
aportes.
Pero a esta altura, la "solución" de la licuación
por la vía inflacionaria también está encontrando sus
límites.
"El problema
va a ser para el que quiera bajar la inflación en serio. Porque va a tener
más jubilaciones para pagar, gracias a renovación de las moratorias del
2023, sin la licuación de las jubilaciones del 2023. Porque cuando baja la
inflación, la fórmula de movilidad hace que las jubilaciones recuperen lo
perdido", argumenta Colina.
Y afirma que
manipular la regla de movilidad implica "un tiro por la culata",
porque generan deuda previsional escondida, que se termina pagando más
tarde con retroactivos, intereses y honorarios en los juicios previsionales.
¿La hora de la reforma estructural?
En consecuencia,
las posibilidades de una reforma de tipo estructural aparecen más
altas que nunca. De hecho, en la oposición ya se estudian iniciativas. Y se
descuenta que el tema estará, además, entre las exigencias del FMI.
Entre los puntos más mencionados aparece la posibilidad de que
los trabajadores puedan ahorrar para tener un complemento individual a la
jubilación estatal. Los expertos también sugieren que el sistema
permita "jubilaciones parciales": hoy una persona sin aportes y
otra con 29 años se jubilan con la pensión universal, de $41.000. Esto supone
un desincentivo para el aporte de aquellas personas que
ya saben que no podrán completar 30 años, y que esperarán a una nueva
moratoria.
"El
otro defecto de la PUAM es que prohíbe trabajar. Las personas que
reciben la PUAM no son discapacitadas. Son personas que reciben una pensión
universal en reconocimiento a haber llegado a la edad jubilatoria. Como
cualquier otro jubilado, tiene derecho a poder seguir trabajando", apunta
Colina.
Y después está,
claro, el gran tabú: la edad de retiro y la tasa de sustitución -es
decir, el porcentaje del sueldo que formará la jubilación-. Pero es un tema
que, aun con el costo político que implica, se está discutiendo en el mundo.
"La Unión
Europea desde el año 2010 elabora iniciativas que permiten extender la
vida laboral activa. Debemos fomentar programas para la reconversión
laboral de los mayores de 45 años", sostiene la abogada Falcone.
A primera vista
parecen debates que, en la Argentina de hoy, quedan tapados por las urgencias.
Sin embargo, están en la base de la otra "bomba" que el
nuevo gobierno deberá desactivar.
|