La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por medio de la Dirección General Impositiva (DGI), interdictó 226 toneladas de granos durante una serie de procedimientos llevados adelante en rutas y en un feedlot para detectar posibles irregularidades en la cadena agropecuaria. Por medio de estas acciones de fiscalización y control, agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto desarticularon maniobras fraudulentas con la producción y comercialización de soja, cebolla, avena y maíz. En los operativos participaron miembros de las fuerzas de seguridad.

En la localidad bonaerense de Santa Lucía, inspectores de la DGI realizaron tareas de cubicaje en un establecimiento dedicado a la cría y engorde de ganado. El personal de la AFIP estimó el stock teórico de las existencias de materias primas necesarias para llevar adelante la actividad y advirtió la falta de declaración de 142 toneladas de maíz que, se presume, fue adquirida en el mercado marginal y se encontraba almacenada en silos. La mercadería fue incautada y su volumen equivale a la capacidad de carga de cinco camiones, con un valor de mercado de $6.845.000.

En ese sentido, de la recomposición de existencias calculado por los agentes del organismo surge que la firma habría ingresado adicionalmente otras 686 toneladas de maíz, que habrían sido consumidas en su totalidad para la alimentación de las 8.900 cabezas de ganado con las que cuenta el feedlot. Por lo tanto, la suma total sin documentar ascendería a casi $40 millones.

Por otro lado, en Junín, el personal de la DGI llevó a cabo tareas de fiscalización sobre la Ruta Nacional 188. El cotejo documental y registral sobre un camión que transportaba 30,5 toneladas de avena arrojó que el conductor del camión contaba únicamente con un remito, cuando el único documento válido es la Carta de Porte Electrónica. Por ese motivo, los inspectores resolvieron incautar la mercadería.

En tanto, en Santo Tomé, provincia de Corrientes, la AFIP desarticuló una maniobra de comercialización marginal de granos. En este caso, se trató de 54 toneladas de soja a granel y de cebolla, con un valor de mercado de 3.800.000 millones. Inspectores del organismo detectaron inconsistencias que permitieron establecer el origen dudoso de los productos transportados, procediendo a la interdicción de la mercadería.