Por Néstor Scibona - El aumento de 9,8% que registró el índice de precios al consumidor (IPC) al cabo de 2006 constituyó un logro político del Gobierno y, a la vez, una fuente de distorsiones económicas. La variación de un dígito (alto, por cierto, en el borde del 10% y entre los más elevados a nivel internacional) fue un objetivo que Néstor Kirchner persiguió a lo largo de todo el año pasado, en medio de una explosión de consumo interno que hacía más difícil lograrlo.

Era la llave maestra no sólo para frenar las expectativas inflacionarias, sino también para mantener contenidas las demandas sindicales por salarios. Pero en el mérito también estuvo el problema.

Bajo el tenaz seguimiento del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el resultado fue un fin en sí mismo: importaba más el número final que la forma de alcanzarlo. De ahí que, paulatinamente, alrededor de la mitad de los rubros que componen el IPC haya quedado sujeta a alguna forma de control, acuerdo, intervención en los mercados, prohibición de exportaciones, congelamientos o subsidios que le han ido quitando credibilidad y representatividad a este indicador de la marcha de la inflación.

Una prueba del manoseo intervencionista a que fueron sometidos los componentes que más pesan en este indicador es que más de dos tercios de la baja registrada con respecto al 12,3% de 2005 correspondieron a sólo dos rubros: carne vacuna y lácteos. Precisamente, se trata de los sectores que más sufrieron en materia de rentabilidad a lo largo del año pasado, lo cual se traduce en una preocupante reducción de inversiones de cara al futuro.

Otro tanto ocurre con los servicios públicos, especialmente en energía, cuyas tarifas residenciales se mantuvieron congeladas a lo largo del año. En carnes, además, se perdieron exportaciones por casi US$ 500 millones, con el consiguiente sacrificio fiscal. Demasiado costo económico a cambio de la baja de dos puntos y medio en el IPC para ser presentada como un logro político en el arranque del año electoral.

La distorsión de precios relativos que trajo aparejada la política oficial de mantener a raya el índice, más que la inflación, es particularmente notoria en los sectores de clase media donde la canasta de consumo es más amplia. En 2006, los precios libres crecieron más del doble (15%) que los "acordados" (6,5%), mientras que los regulados (tarifas, combustibles y cigarrillos) subieron apenas algo más de la mitad que estos últimos (3,5%). Dentro de los primeros, sobresalieron los aumentos de dos dígitos (más cercanos a 20% que a 10%) en restaurantes; indumentaria; muebles, y algunos servicios privados como la educación (23%), aunque en este caso se camuflaron ajustes bajo la forma de adicionales que no figuran en el índice, lo mismo que ocurrirá ahora con la medicina prepaga.

Si no hubo protestas empresarias, ni mayores problemas de abastecimiento o mercado negro, fue porque el boom de consumo permitió compensar con mayor facturación (o importaciones adicionales en algunos rubros industriales) las pérdidas de rentabilidad unitaria. Tampoco la inflación reprimida por Guillermo Moreno generó situaciones explosivas.

En parte por los robustos superávit gemelos (fiscal y externo) y también porque el propio funcionario terminó aflojando las riendas en algunos sectores comprometidos por aumentos de costos o bien haciendo la vista gorda frente a algunas flexibilizaciones de hecho (envases o presentaciones) a las que se atrevieron las empresas sujetas a acuerdos. Que haya comenzado a hablarse de "fatiga" en este mecanismo es una muestra de que algo está cambiando. Lo mismo que el trato más familiar entre el funcionario y los empresarios que más sufrieron su vigilancia -y sus desplantes- a lo largo del año pasado. Al fin y al cabo, e independientemente de los protagonistas, unos y otros saben que el IPC pasó a ser un dato político -y una herramienta electoral para 2007- antes que un indicador económico.

Lo intuyeron también los inversores locales y externos, que se volcaron a bonos ajustables por PBI antes que por CER (el equivalente financiero del IPC). Las distorsiones que genera la política de precios así como el desaliento de inversiones probablemente pasen -con suerte- para la agenda de 2008.