Por Daniel Muchnik - Definitivamente, la Argentina no sabe la inflación que tiene. El mes pasado, en la Capital, habría sido del 0,4 por ciento, en el interior el 1 por ciento, en algunas provincias el 2 por ciento y, a juzgar por los precios de los supermercados del 3,1 por ciento. Si se traza anualmente, el bache estadístico es más profundo.

Las manipulaciones dentro del INDEC están a la vista. A ello se suma el empecinamiento del Gobierno en mantener su "intervención" en el organismo oficial por lo que, seguramente, el permanente mosaico de cifras contradictorias seguirá repitiéndose.

Todos reconocen que la economía argentina soporta una presión inflacionaria, a pesar del congelamiento de las tarifas y de algunos precios. Pero además se suman otras situaciones que presionan sobre el bolsillo ciudadano. Entre tantos factores, continúa la recomposición de los valores de los sectores que quedaron rezagados y no pudieron trasladar a sus precios el impacto de la brusca devaluación de enero de 2002.

La clase media alta está en un boom de consumo que se desparrama por toda la economía. Se cuentan desde productos cotidianos hasta los de importación de alto valor, accesorios sofisticados, alta cocina, relojes de gama muy selectiva, bebidas, turismo a lugares exclusivos, joyas, obras de arte, viviendas, automóviles de hasta 100.000 dólares que circulan por las calles atestadas de las grandes ciudades del país. Eso no impide que los bolsones de pobreza y de indigencia continúen en niveles elevados.

Hay una "inflación importada" por la suba de los precios internacionales de las materias primas y de equipos y bienes indispensables para la producción. Toda la industria que depende de artículos del exterior se queja. Hay también una inflación de activos, como se refleja en los precios de las propiedades e inmuebles y en los bonos de la deuda, a pesar de la reciente baja de las cotizaciones.

Los precios mayoristas recomenzaron a subir, alimentando la presión constante sobre la cadena minorista.

En algunas provincias y municipios hay subas en los impuestos inmobiliarios o en la revaluación de las propiedades. En otras regiones se autorizaron incrementos de tarifas que impactan sobre comercios e industrias.

En los servicios se esperan nuevos aumentos, por la persistente actualización de los alquileres y las subas de las cuotas de los colegios privados que perjudica sobremanera los presupuestos de las clases medias.

La crisis energética agrega una multiplicación de costos por las producciones perdidas y por la utilización de generadores propios, más caros. Hasta hace poco muchos empresarios preferían pagar al Estado las transgresiones al uso de energía antes de abandonar su régimen de producción o incumplir en las entregas. Hoy por hoy las multas son tan gravosas que eligen apagar la luz.

La política monetaria y cambiaria no contrarresta estas presiones inflacionarias de todos los días sino que las motoriza aun más sosteniendo el "dólar alto" a un costo financiero creciente. El Gobierno se enfrenta así a un duro dilema en meses preelectorales donde se decidirá su continuidad o no en las urnas. La encrucijada es que para las autoridades oficiales achicar el dólar puede frenar la economía porque lo único que se jerarquiza, pese al esfuerzo, es la competitividad de los productos argentinos.

El Gobierno debería admitir este complicado cuadro de situación y reelaborar sus definiciones, cesando con los dibujos que desde enero nos tiene acostumbrados el INDEC.