Una de las definiciones que más sorprenden estos días a los empresarios que tienen acceso a dialogar con el Presidente o con la candidata oficial, Cristina Fernández de Kirchner, es que para ninguna de las dos figuras fuertes en el Gobierno el problema de la inflación se observa como un peligro acuciante en el corto plazo. Así le respondió Cristina en Olivos el viernes al presidente Fiat en Argentina, Cristiano Rattazzi, cuando comentó el tema de los precios a la hora del té en la residencia presidencial, en el marco de la visita que organizó para el número uno del mundo de la automotriz, Sergio Marchione, que llegó de Italia a Buenos Aires para el lanzamiento de un nuevo auto y el anuncio de inversiones.

La percepción que el Gobierno tiene sobre el problema de la inflación y el nuevo escenario internacional más complejo –que los economistas y observadores privados auguran para los próximos meses– domina hoy las especulaciones en el mundo de negocios respecto del futuro de la nueva administración que suceda a Néstor Kirchner en diciembre próximo. Por lo pronto va ganando espacio la sensación de que aún ganando como todo parece todavía indicarlo, la candidata del Gobierno llegará al poder más debilitada de lo que podía presumirse tiempo atrás. Ya sea porque el deterioro de la imagen del Gobierno obligue a Cristina a tener que dar batalla en un eventual ballotage, o porque la agenda de cuestiones a resolver en el segundo mandato presentan dudas razonables respecto de la voluntad política que anime al actual y al próximo gobierno a definir el grado y el carácter de las correcciones.

Parece claro que si para el Gobierno el problema de la inflación no se percibe todavía como un peligro inminente para la estabilidad política, es poco lo que debería esperarse como cambios en el modelo económico. Los Kirchner han demostrado que son capaces de dar marcha atrás con sus iniciativas –Misiones, Santa Cruz y Capital son ejemplos políticos recientes–, pero precisamente estos paradigmas revelan que las máximas autoridades de Gobierno efectivamente corrigen el rumbo, pero solo cuando el agua les llega al cuello. Y no parecen observar este riesgo con el actual ritmo del aumento en los precios.

Funcionarios bien informados del área económica, en cambio, juran que el Presidente es bien consciente de lo que está ocurriendo, tanto en la economía local como en la internacional. Se tranquilizó el jueves pasado cuando, despierto, pidió al Banco Central un informe que aseguraba que no hay movimientos importantes en los niveles de depósitos de los bancos, un escenario que ahora habrá que monitorear semana a semana, igual que el nivel de las reservas.

También revelan estos funcionarios que el Presidente está dispuesto a pagar todos los costos políticos que sean necesarios después de las elecciones, entre octubre y diciembre, para dejarle a Cristina un camino más despejado en los frentes más sensibles.

Por ejemplo afirman que el propio Kirchner reconoce que no se puede seguir aumentando el gasto a un ritmo diez puntos por encima de lo que crece la recaudación. Y estaría dispuesto a facilitar las cosas para que se modifique esa ecuación para la administración que viene, lo cual sería la mejor señal para garantizar el superávit fiscal en la era Cristina.

El temblor financiero internacional que además coincide con un posible enfriamiento en las relaciones con Venezuela, obligan al Gobierno a incorporar una agenda internacional que hasta ahora no estaba contemplada. Lo concreto es que Argentina necesita en 2008 salir a buscar unos u$s 8.000 millones para pagar vencimientos y amortización de deuda, y hoy la situación no podría resolverse fácilmente sin conectar al país con los mercados internacionales. De allí el apuro por acelerar las negociaciones con el Club de París, y las versiones que irán aumentando hacia el año que viene, sobre una posible apertura del diálogo con los tenedores de u$s 20.000 millones de deuda que no entraron en el canje del 2004/2005.

Pero hasta ahora son solo especulaciones. Igual que el problema de las tarifas y otros precios relativos de la economía que se mantienen artificialmente bajos merced a millonarios subsidios que reparte el Gobierno, una estrategia que aleja mayores inversiones y que achica cada vez más el margen de superávit fiscal para el Estado.

Para intercambiar experiencias, economistas que en el pasado tuvieron responsabilidades de gestión pública están siendo cada vez más consultados por hombres del Palacio de Hacienda, el Banco Central, el Ministerio de Planificación o la jefatura de Gabinete. Responden a la convocatoria técnicos como Orlando Ferreres, Miguel Bein, Juan Llach, Eduardo Curia, Mario Blejer y Mario Vicens, entre otros. Entre los especialistas el debate que intentan trasladar al Gobierno no es muy nuevo ante el cambio de Gobierno: medidas de shock o aplicar gradualismo en el ajuste. Por ahora gana claramente la segunda alternativa, sobre todo para las tarifas o los precios de los combustibles que necesitarían un sinceramiento superior a 50% si se quisiera equiparar los costos argentinos a los valores que rigen en el Mercosur. Orlando Ferreres, que le tocó aplicar medidas de shock en el inicio de la era Menem en 1989, recordaba estos días que en aquellos años el desajuste era mucho peor que ahora y que se eligió sincerar los precios de una sola vez porque el gradualismo suponía el peor de los mundos. Algo que probablemente le ocurra a Cristina: si las tarifas subieran 15% a 20% como muchos esperan después de octubre, los consumidores protestan por que consideran que el aumento es excesivo, y los inversores también protestan porque el ajuste no les alcanza.

En algo, sin embargo, coinciden todos. Los gradualistas y los más osados. Lo que no haga Cristina en los primeros cien días de Gobierno no se resuelve más. Y la conformación del primer Gabinete será la señal determinante. Una tensión clásica que invade a todas las administraciones en el estreno.