La nueva suba de las retenciones a las exportaciones dada a conocer recientemente por el Gobierno hizo que las principales agrupaciones del campo analicen cómo encarar los planteos judiciales tendientes a dejar sin efecto el nuevo incremento dispuesto.

A la decisión adelantada hace unos días por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria Argentina (FAA) de avanzar por la vía judicial, se sumaría ahora la Sociedad Rural Argentina (SRA). Además Coninagro, tampoco descarta avanzar por esta vía, de acuerdo a lo publicado por La Nación.

En esta semana, las entidades están definiendo la letra chica de los argumentos que llevarán a los jueces del fuero Contencioso Administrativo Federal, según indicó ese mismo matutino.

Origen de las retenciones
Las retenciones se crearon y modificaron mediante decretos de necesidad y urgencia (DNU), cuyo sustento legal es un artículo del Código Aduanero, que delega en el Poder Ejecutivo la capacidad de fijar impuestos para regular la balanza comercial.

"Pero el código dice que esas medidas deben ser temporales y para regular el tráfico, no para recaudar más. La Constitución prohíbe el uso de los DNU en materia tributaria", explicó Tomás Wilson Rae, abogado la SRA, en declaraciones formuladas a ese mismo matutino.

Para el letrado, no está claro si las retenciones son técnicamente un impuesto, una tasa o una contribución. "Si suponemos que es un impuesto, debería cumplir con las condiciones legales de ese tipo de tributo. Y ningún impuesto puede ser creado por decreto", agregó Wilson Rae.

Por su parte, el empresario y analista Juan Pedro Merbilhaa consideró que "este Gobierno profundizó los abusos de poder de los gobernantes que utilizan al Estado desde hace muchísimo tiempo" y consideró en algunos temas las normas que puso en vigencia el Poder Ejecutivo "tienen vicios de inconstitucionalidad".

Merbilhaa señaló que hay una suerte de "esquizofrenia argentina: siempre tenemos dos versiones de las cosas" y también sostuvo que existen "abusos de poder de los gobernantes que utilizan al Estado y que este Gobierno los ha profundizado, por su propia orientación y políticas".

El empresario y abogado indicó que las normas, en la mayoría de los temas, "tienen el 100 por ciento vicios de inconstitucionalidad, de distinta índole".

En este sentido, consideró que en materia de carnes "diría que el 100 por ciento de las resoluciones son inconstitucionales, desde punto de vista jerárquico, potestativo y desde el contenido".

Acerca de si CARBAP realizará una presentación judicial por el último aumento de retenciones explicó que "sí, pues no puede dejar de hacer reclamos. Las instituciones están deterioradas, pero hay que respetarlas y revalorizarlas".

Por último, consideró que presentación ante la justicia se hará "con la esperanza de tener, primero, acceso a ella; segundo, lograr una resolución y tercero, que esa resolución sea lo suficientemente libre en la conciencia de los jueces, para resolver según derecho y no según la orden política", concluyó

Así, los principales argumentos que esgrimirán estas asociaciones pasarán por establecer que las retenciones son confiscatorias y que, además, son inconstitucionales por estar establecidas en un decreto.

La vía elegida

Es posible que los productores no se vuelquen en forma masiva para cuestionar estos incrementos recurriendo a los amparos.

Los tributaristas recomiendan que la vía idónea consiste en iniciar una acción declarativa de certeza, donde las entidades podrían pedir a los jueces medidas cautelares para que se abstengan de cobrar los derechos de exportación hasta tanto se resuelva la cuestión.

Estas acciones declarativas son utilizadas cuando una persona quiere un pronunciamiento de la justicia para esclarecer un estado de incertidumbre que pesa sobre una determinada situación jurídica.

En este sentido los productores podrían en esa acción solicitar que los jueces indiquen si las retenciones son inconstitucionales y si violan el derecho de propiedad.