Los seis años de default con el Club de París no resultaron gratuitos. Los 6.000 millones de dólares que la Argentina adeuda a la entidad tuvieron consecuencias en materia de inversión, credibilidad y financiamiento. La deuda que el Gobierno colocó al 10,5% a Venezuela duplicó el 5,3% al que prestan los países miembros del Club, naciones europeas, los Estados Unidos y Japón.

Las potencias económicas pueden financiar proyecto a tasas más bajas de lo que lo hacen los países en desarrollo. Según un informe de la consultora Econométrica, los problemas financieros como consecuencia de la situación irregular se sintieron con mayor intensidad en la actualidad, dado los planes de inversión en infraestructura que son prioridad para el Gobierno. “El caso más reciente es el de las plantas generadoras de electricidad contratadas con Siemens, que es una inversión en torno a los 2.000 millones de dólares”, explicó el informe. En este caso, todo el financiamiento recayó en el Gobierno argentino dado que no contó con financiamiento del gobierno alemán.

Esta misma realidad se extendió a las nuevas seis plantas generadoras de electricidad que se licitarán en breve así como a las licitaciones para el proyecto de gasoducto del Noroeste, que buscará traer gas desde Bolivia. “Hasta ahora la fuente más importante de crédito internacional ha sido el gobierno de Venezuela”, comentó el texto y precisó que en el 2007 el gobierno de Hugo Chávez compró u$s 1.750 millones de dólares en bonos argentino.

La última operación de bonos se hizo por u$s 604 millones a 8 años y a una tasa de interés del 10,4% anual. Lo mismo sucedió en la última colocación de deuda en el mercado interno por u$s 670 millones a 10 años y a una tasa del 10,3%. “Estas tasas más que duplican la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años”, remarcó Mario Brodersohn, ex secretario de Hacienda y titular de Econométrica.

Las negociaciones con el Club de París están estancadas por no permitir las auditorías del Fondo Monetario (FMI). La alternativa es pagar al contado la deuda de u$s 6.000 millones, y la única fuente posible de recursos para hacerlo serían las reservas del Banco Central.

Asimismo, mantener cerradas las opciones para los hold-outs, acreedores que quedaron al margen del canje de deuda, tampoco es gratuita. Para evitar que los fondos buitres realicen embargos sobre las reservas internacionales del Banco Central, la Autoridad Monetaria se ve obligada a colocar los activos en Banco de Arreglos Internacionales, en Basilea, entidad que no puede sufrir ninguna clase de embargo. Es decir que se invierten en activos financieros de baja rentabilidad. Con reservas en torno a u$s 46.000 millones, “cada punto porcentual de menor rentabilidad implica un costo perdido de oportunidad de u$s 446 millones de dólares”, detalló el texto.

El 54% de los acreedores que quedaron afuera del canje de la deuda son inversores del Reino Unido y Alemania, países que a su vez tienen intereses comerciales en la Argentina. El Gobierno realizó entre 2003 y 2005 una operación de canje de deuda por u$s 81.836 millones. De este total aceptaron entrar en el canje u$s 62.318 millones y u$s 20.182 millones quedaron al margen, optando por la vía judicial con el objetivo de cobrar los valores nominales de los bonos. Aunque las demandas judiciales no tuvieron mayor éxito hasta el momento, el problema persiste al igual que los costos de la irregularidad para el país.