FERNANDO ALONSO y PAULA LOPEZ - El Gobierno anunció un régimen de retenciones móviles para las exportaciones de soja y girasol, que le permitirá capturar al Estado la renta extra que obtenga los productores por encima del valor que tenían los granos en diciembre pasado.

La medida también se aplicará al trigo y el maíz, aunque con alícuotas que permitirán percibir el precio pleno vigente este mes pero que se incrementarán si sube el precio de los cereales en los mercados internacionales.

La medida permitirá también una mayor fortaleza fiscal, al recaudar una estimación extra de 0,4% del PIB, aunque no está claro si logrará el propósito antiinflacionario porque significará un aumento del precio interno del trigo y el maíz, los cereales críticos tanto en la base de la industria alimenticia como de los alimentos balanceados para las carnes.

Además, generó un fuerte rechazo del campo que en lugar de interpretarlas como una señal de previsibilidad sobre la rentabilidad que obtendrá en los próximos cuatro años que durará este régimen, se preocupó por la falta de consideración de los aumentos en los costos de producción y duda que alcance como incentivo para revertir la tendencia de los pool de siembre de privilegiar a la soja desplazando a zonas marginales al resto de los cereales y a la ganadería, tanto de carne como de leche.

La nueva escala de derechos especiales a las exportaciones ubica a las retenciones a la soja, que ahora son de 35%, en un rango de 43% a 49% con valores del grano se ubique entre 501 y 600 dólares la tonelada (FOB en puerto según la Secretaría de Agricultura). Por encima de ese valor, el Gobierno se quedará con 95% de la renta. Para el girasol, las retenciones serán de entre 37% y 45% entre esos valores y también de 95% por el resto.

El Gobierno presentó los cambios como retenciones móviles, pero sólo bajarán de los actuales valores si la soja se desploma a 300 dólares la tonelada, un valor que no está en la previsión de los analistas para los próximos años.

En el caso del maíz, las retenciones que eran de 25% pasarán ahora a un rango de 20% a 25% para los valores actuales (entre 181 y 220 dólares la tonelada) y para el trigo del 28% actual a una franja de 24% a 30% para un valor de 301 a 200 dólares la tonelada. Estas modificaciones son una mejora marginal sobre el precio que perciben los exportadores, menor a un punto porcentual.

El ministro de Economía, Martín Lousteau, anticipó que en las próximas semanas se conocerán las medidas complementarias que apuntarán a reestructurar toda la política de compensaciones y subsidios a la industria de los alimentos. Pero en principio, pese a que se incrementará la caja fiscal, la idea de Economía es bajar los aportes al sector privado.

En el estudio de la medida, Economía tomó como dato central el aumento de los precios de los alimentos tanto en el mercado interno como en el resto de los países, un fenómeno conocido como agflación. Según el Palacio de Hacienda, en los países desarrollados los alimentos aumentan a un ritmo de 5% a 8% anual mientras en los subdesarrollados llegan hasta 18% al año. En la Argentina, el incremento es de dos dígitos si se anualiza el primer bimestre del año.

La otra razón, fue otorgar previsibilidad a la rentabilidad del sector agropecuario, evitando que la soja siga desplazando producciones. Pero esa previsibilidad no considera los costos de producción, que crecieron en el último año a un ritmo de 20% anual en dólares para algunas actividades, por el incremento de agroquímicos, semillas y otros insumos.

Eso llevó a los principales referentes del agro a rechazar la nueva intervención en sus actividades y aclarar que profundizará aún más la soja-dependencia de la Argentina.

Analistas y operadores granarios, por su parte, consideraron que la medida representa “la muerte de las operaciones a futuro, porque nadie va a poder asegurarse precio de inicio de cosecha cuando no se sabe qué retención van a tener que pagar.

“Esto generará un desacople con los precios internacionales y terminará quitándole el estímulo al negocio de los granos, como pasó con la ganadería en su momento”, alertó Teo Zorraquín, ex técnico de Aacrea y actual socio de la consultora Zorraquín, Meneses y asociados.