Por SANTIAGO CHELALA - Cuando el 4 de marzo de 2002 el ministro Jorge Remes Lenicov inició la secuencia de aumentos en las retenciones, precisó que los recursos se utilizarán para financiar los planes Jefes de Hogar, al tiempo que agregó: “tan pronto se logre ingresar en un sendero de sólida recuperación de la actividad, es intención del Gobierno dejar sin efecto esta medida”.

Desde entonces hubo seis incrementos en las alícuotas de exportación y los ingresos por retenciones pasaron de cubrir las erogaciones sociales a casi triplicarlas. También es cierto que en ese período los precios internacionales crecieron como nunca en la historia, al igual que la rentabilidad de los productores agrícolas, al menos de los más grandes.

Este año los derechos de exportación reportarán al Fisco cerca de 40.000 millones de pesos, muy por encima de los $ 13.000 millones en planes de empleo y trabajo que destinará el Gobierno. En contrapartida, cerca del 70% de la obra pública y de los subsidios podrá ser financiado con el impuesto a las exportaciones.

A medida que con la recuperación económica fueron mejorando los indicadores de pobreza, indigencia y desempleo, la ayuda asistencial se fue licuando con la inflación, mientras la presión impositiva fue en alza. En tanto las erogaciones que registraron mayor aumento fueron las transferencias al sector privado (subsidios) y los gastos de capital (obra pública).

Las comparaciones suelen ser odiosas, pero las diferencias con el 2002 son abismales. En el año de su debut (al menos en el siglo XXI), las retenciones a la soja explicaron 36% de las retenciones totales. Para este año la proporción llegará a 62%. En cuanto al superávit primario, las retenciones a la soja representaron 80% del ahorro en 2002, pero con un excedente de sólo 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2008 se espera que las retenciones también aporten 80% de un superávit que llegará a casi 4% de un Producto Bruto 45% más alto.

Un capítulo aparte es el reparto federal de los recursos. Con Buenos Aires a la cabeza, las provincias perderán este año hasta $ 25.000 millones si en lugar de ir al Tesoro Nacional los derechos de exportación se coparticiparan como establece la Ley 23.548 para otros tributos, es decir 59% para las provincias, 40% para la Nación y 1% para Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Los bonaerenses estarán cediendo $ 5.300 millones, Córdoba $ 2.100 millones, Santa Fe $ 2.100 millones y Entre Ríos y Santiago del Estero $ 1.100 millones y $ 1.000 millones respectivamente. Si los fondos por retenciones, en lugar de coparticiparse, quedaran para los distritos productores, estos valores se duplicarían.

Se suma a esto la sensación de fracaso que deja el discurso oficial: las retenciones se elevaron para evitar un incremento de precios pero los precios siguen subiendo, y quizás lo más grave es que con la intervención en el Indec ya nadie sabe con exactitud cuanto.

El otro poder

Los tiempos cambian. En 1916 Hipólito Yrigoyen envió al Congreso un proyecto de Ley para implementar un impuesto de 5% a las exportaciones. El caudillo radical acudió al Parlamento a pesar de que ambas cámaras estaban conducidas por la oposición conservadora, que de hecho demoraron la puesta en práctica del tributo hasta 1918. El texto atribuía una asignación específica: los fondos se utilizarían para la compra de semillas y maquinaria agrícola para pequeños productores.

En la actualidad, el Ejecutivo no necesita acudir a proyectos de ley para elevar las retenciones. La concentración y el modo de ejercicio del poder redujeron las funciones del Congreso, ámbito natural de debate, búsqueda de consensos y legislación. Varios legisladores vieron así disminuido su papel al de voceros del oficialismo u opositores a sueldo. La discusión presupuestaria y la reglamentación del reparto federal de la riqueza quedaron en un segundo plano opacadas por la caja única y el reparto discrecional.