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| Un Estado chico, eficiente y fuerte |
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05/02 - 10:54 El Cronista |
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Es necesario realizar una reforma administrativa del Estado para que el gasto sea eficiente y el sector privado no deba solventar la ineficiencia de los servicios públicos por los que ya tributó
Las privatizaciones trajeron eficiencia a los servicios pero no alcanzaron a la administración
Manuel A. Solanet
El Estado es algo demasiado importante como para que no funcione como corresponde. No sólo tiene una relevante participación cuantitativa en la economía sino que además constituye una pieza esencial en las relaciones institucionales y personales entre los actores sociales. El Estado es el principal responsable de funciones claves tales como legislar, administrar justicia, proveer la defensa, garantizar la seguridad y llevar las relaciones exteriores. Tiene también un papel fundamental en la prestación de los servicios sociales como la salud, la educación, la previsión y el apoyo a quienes no pueden valerse por sí mismos. Además, en un país de organización federal como el nuestro, el estado cubre en sus distintos niveles, la exigencia de convivencia ordenada de provincias y municipios y administra las políticas regionales.
Es esencial que todas estas funciones y responsabilidades sean desempeñadas con la máxima eficacia y honestidad, utilizando la menor cantidad de recursos. Por otro lado estos recursos deben ser obtenidos con la menor incidencia posible en la capacidad de desarrollo del conjunto económico y con el mayor respeto al principio de equidad. La Argentina está lejos de lograr estos principios. En las mediciones internacionales estamos muy mal ubicados, ya se refieran a corrupción, competitividad u otros rasgos en los que tenga que ver el estado. Además, como indicio irrefutable de mala administración, el Estado argentino está en default y es uno de los que repitió más veces esta situación en su historia.
El diagnóstico sobre el Estado y la necesidad de reformarlo no debe basarse solamente en la medición de su tamaño en relación al de la economía. Éste es un error común y a veces intencionado por quienes resisten esta reforma. La relación gasto público/PBI no informa sobre la calidad del gasto ni sobre la forma en que se lo financia. Una relación cuantitativamente baja puede no reflejar un estado eficiente si los servicios prestados son de mala calidad y no sólo provocan ineficiencia del gasto en el sector privado sino que obligan a la gente a gastar por su cuenta para proveerse de lo que el estado no les da. El gasto público en Suecia es alto en relación a su PBI, pero revierte en prestaciones eficientes y de gran calidad, mientras que en la Argentina en donde esa relación es más moderada, sucede lo contrario. La consecuencia es que se produce una duplicación de prestaciones y que quienes pagan impuestos deben además contratar seguridad o salud privada o deben pagar enseñanza privada si quieren mejorar los decaídos niveles de la enseñanza oficial. Cualquier gobierno eficiente emite un pasaporte en forma inmediata; en la Argentina se requiere un mes o bien, acomodo. Ni hablar de los tiempos de la justicia. En la era de la informática y la digitalización, cuando se requiere cada vez menos burocracia para administrar, en la Argentina crece el gasto público y se demoran cada vez más los trámites administrativos. Las privatizaciones trajeron eficiencia en los servicios públicos pero no alcanzaron a la administración de gobierno ni a las funciones indelegables no privatizadas ni tercerizables. En definitiva la baja eficiencia estatal produce importantes costos privados. Pero hay otros dos factores aún más importantes: 1) la alta presión tributaria nominal para compensar la fuerte evasión y; 2) el costo económico y el desaliento a la inversión resultantes de incertidumbre e inseguridad jurídica derivadas de la recurrente insolvencia del Estado. Por algo la Argentina tiene récords de fuga de ahorros y de bajo crecimiento histórico.
El gobierno argentino debe salir del default y cuánto antes. Tiene el gran desafío de lograr un acuerdo cambiando su actual propuesta, que sólo lo está llevando a conflictos que escalan rápidamente. Este desafío se dificulta porque se parte de un superávit primario artificial, logrado por el intenso aprovechamiento fiscal de la devaluación y por el apretón real difícilmente sostenible de las jubilaciones y salarios públicos. Las proyecciones fiscales para el pago de la deuda deben contemplar la transitoriedad de estas circunstancias así como la de los buenos precios internacionales de la soja y del petróleo.
Es imprescindible entonces actuar estructuralmente sobre el Estado y hacerlo ya. Tanto por el lado de los recursos pero fundamentalmente por el lado del gasto. No se está haciendo nada en este sentido, más bien hay indicios que está creciendo el empleo público y que aumenta el gasto corriente. Corren vientos estatizantes que se traducen en empresas aéreas, ferroviarias e intentos de transferir responsabilidades de inversión desde los concesionarios privados hacia el estado. Continuamos engordando un Estado que no por ello será más fuerte sino justamente más débil. La reforma administrativa del Estado está excluida del discurso oficial. Es necesario incorporarla. No es un tema ideológico sino de sentido común. |
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