Por Juan Cerruti - Tras la derrota política que significó para el Gobierno el enfrentamiento con el campo y el fracaso legislativo de las retenciones móviles, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner intentará retomar la iniciativa con un paquete de medidas destinadas a impulsar la economía tras el desgaste de los últimos cuatro meses. Esta semana serían anunciados los primeros eslabones de este plan para dotar de aire fresco al nivel de actividad: aumento del salario mínimo, suba de las asignaciones familiares, e incremento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.

En cambio, no se dispondría en lo inmediato ninguna medida que tenga que ver con reclamos del sector agropecuario. Las entidades piden una reunión, que no está en los planes oficiales satisfacer para esta semana.

Cristina pasó ayer todo el día delineando estas medidas en la quinta presidencial de Olivos junto a su esposo, Néstor Kirchner, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario de Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini. Durante el fin de semana mantuvo varios contactos telefónicos con el ministro de Economía, Carlos Fernández, con quien acordó reunirse hoy por la mañana en la Casa Rosada con ese propósito y para repasar los datos del superávit fiscal de junio, que dejaron sentir a pleno el impacto del conflicto agropecuario.

La batería de medidas para reactivar la economía que teje la Casa Rosada va más allá de la suba del mínimo de Ganancias y una mejora del salario mínimo, que fueron prometidas al jefe de la CGT, Hugo Moyano, a cambio de que mantenga bajo control la puja salarial.

Incluye también (aunque no en lo inmediato) la remisión al Congreso de un proyecto de ley de movilidad de las jubilaciones. La ANSeS construyó un índice de actualización que recibió elogiosos comentarios tanto de oficialistas como de algunos analistas privados a quienes se consultó informalmente. El indicador en cuestión combina el alza del índice de salarios con el aumento de la recaudación previsional. La cuestión, por supuesto, pasa por devolverle la credibilidad al Indec para medir el citado índice de haberes.

Por lo pronto, en el Gobierno hacen cuentas. Sumando los fondos que se dejarán de percibir por la caída de las retenciones móviles (alrededor de $ 4500 millones) al costo fiscal que tendrían las nuevas medidas reactivadoras (más de $ 1500 millones), ahora hacen falta $ 6000 millones si la intención es dejar intacto el superávit fiscal de este año. ¿De donde saldrán? “De los bolsillos de los caceroleros urbanos que apoyaron al campo”, deslizan en el Gobierno. Se apunta a una actualización de tarifas de servicios públicos como luz, gas, trenes, subtes y colectivos. De esa forma liberaría al Gobierno de cuantiosos subsidios que hoy destina a estos sectores, lo que permitiría sostener el superávit fiscal mediante una baja del gasto público (ver pág. 3).

El propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, confirmó la semana pasada que el Gobierno tiene en carpeta medidas “post conflicto agropecuario”. El funcionario adelantó que “hay muchas cosas en cartera; no quiero decir nada específicamente; supongo que podremos dar vuelta la página y empezar a seguir en los temas que a la Argentina también le preocupan”. Y agregó: “lamentablemente las cosas se han venido demorando en su implementación; supongo que pasado esto recuperaremos el ritmo habitual”.

En el Gobierno se esperanzan con que en los próximos días los exportadores agropecuarios liquiden masivamente las ventas retenidas durante el conflicto con el sector, aprovechando la vuelta a las retenciones fijas (ver pág. 3). Ello debería remonetizar la economía. Es decir, inundar la plaza financiera de pesos a medida que el BCRA compra los dólares para recuperar sus reservas. Y por lo tanto aceitar el engranaje de la economía.

La clave, por supuesto, pasará por tratar de que este mayor nivel de dinero circulante se traslade a las cantidades y no a los precios; para lo cual apuestan a mantener el dólar en torno a los actuales niveles, al menos durante unos meses.