Por LUCIO DI MATTEO - El Gobierno le propuso a los exportadores de cereales que paguen las retenciones antes de embarcarlos, en una medida que tiene para el Estado la ventaja de adelantar la recaudación, mientras que las empresas podrán aprovechar el precio del momento y especular con una futura suba. “Lo más importante es que se adelanta un año el cobro de retenciones”, admitió una alta fuente oficial, en referencia a los anteriores 360 días que se permitían entre declaración y embarque. “Además podemos subir la recaudación y el superávit fiscal de este año”, agregó el funcionario.
La resolución 2846/08 de la Oncca, que se publicará hoy en el Boletín Oficial, fue aprobada ayer tras una cumbre en la residencia de Olivos, de la cual participaron la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía, Carlos Fernández, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Carlos Cheppi. El diseño de esta resolución, que originalmente iba a ser un proyecto de ley, quedó a cargo de Ricardo Echegaray, presidente de la Oncca, y Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica de Presidencia.
La elección de una variante legal más rápida, sin necesidad de pasar por el Congreso (como sí lo haría una ley), busca engordar la caja estatal en el corto plazo. “El mecanismo optativo debe tender a resguardar la Renta Fiscal evitando que, las retenciones que gravan las operaciones de exportación constituyan un elemento especulativo en el mercado futuro de granos, sus derivados y oleaginosas”, dice la norma en sus considerandos. Es decir, se admite la necesidad de reforzar la caja en la actual coyuntura de obra pública prácticamente paralizada, el Estado Nacional con $ 6.000 millones de deuda flotante, y un cercano 2009 en el que se afrontarán vencimientos de deuda pública por u$s 20.000 millones.
Desde hoy, cuando se publique en el Boletín Oficial la norma, los exportadores de alimentos podrán pagar las retenciones al contado, tras lo cual dispondrán de hasta 60 días para embarcar el trigo, 120 en el caso del maíz y 180 para el resto de los productos de origen agrícola, incluyendo la soja. Esta modalidad será optativa, mientras que sigue vigente la otra opción: pagar al momento del embarque, siempre y cuando no haya más de 45 días entre éste y la declaración inicial.
Posible efecto concentrador
Apenas difundido el contenido de la nueva resolución, se escucharon quejas sobre “la concentración en los grandes exportadores” que puede producir. “Son los que tienen espalda financiera para pagar por anticipado, obteniendo mayor rentabilidad si al momento del embarque lo exportado vale más. Para los productores y los pequeños productores, la nueva ocurrencia de Echegaray no soluciona nada”, se quejó un productor agropecuario.
Entre los mercados a término, la queja sigue siendo la misma: que en el mundo se operan los valores futuros a un año o año y medio, mientras en la Argentina se redujo el plazo a 45 días. “Los productores no tienen alternativa de congelar costos ni previsibilidad de ingresos. Además, los exportadores le trasladarán el costo financiero de inmovilizar dinero durante 180 días. Al sistema de formación de precios se le agrega un costo que antes no existía”, se lamentó Mario Marincovic, presidente del Centro de Corredores y Agentes de Bolsa de Cereales. “El peligro del nuevo sistema –agregó Marincovic– es que sea concentrador, porque sólo podrán adelantar pagos de impuestos los jugadores grandes y con la suficiente espalda financiera”. |