Por Mariano Obarrio
De la Redacción de LA NACION

El gobierno de Cristina Kirchner comenzó a admitir que la crisis financiera mundial tendrá efectos locales. La caída de los mercados a nivel global "seguramente tendrá secuelas económicas y sociales, que deberemos abordar y tratar, y repensar nuevamente una construcción diferente", dijo ayer la Presidenta.

No pronosticó, de manera explícita, que las secuelas serán en la Argentina. Pero admitió los efectos y no eximió de ellos, como otras veces, a nuestro país.

Durante un discurso en el hotel Hilton, en el cierre del encuentro de mujeres dirigentes Vital Voices, Cristina Kirchner dijo que "ante la caída de algunos paradigmas" es necesario "abordar un debate, no sólo en la región, sino a nivel mundial y global acerca de cómo seguimos".

"Hay que debatir cómo sigue un mundo que se ha enfrentado a una de las más duras crisis, que seguramente tendrá secuelas económicas y sociales", subrayó la Presidenta.

"Deberemos abordar y repensar una construcción diferente, en términos de multilateralidad, de nuevos paradigmas económicos, nuevas formas organizativas, a nivel y escala global", dijo Cristina Kirchner.

El Gobierno comenzó, en rigor, a evaluar medidas para resguardarse de la crisis. Tras la primera reunión anteayer del comité de crisis que dirige el jefe de Gabinete, Sergio Massa, LA NACION pudo saber que Cristina Kirchner conversó el lunes último con su par de Chile, Michelle Bachelet, sobre el plan que se analiza para repatriar capitales radicados en el exterior y no declarados en sus países de origen.

El gobierno de Chile anunció ayer que analiza la repatriación (de lo que se informa por separado). En nuestro país, según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, la Casa Rosada buscaría el retorno y el blanqueo de capitales argentinos en el exterior para dirigirlos hacia proyectos productivos en la economía real y en obra pública.

Se analiza para ello crear herramientas como un fideicomiso financiero y la emisión de bonos y letras del Banco Central. El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, apoya la idea, y sus allegados comentaron a LA NACION que avanzó con el presidente del Banco Provincia, Guillermo Francos, en un plan para canalizar esos recursos, y con su ministra de Producción, Débora Giorgi, y su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, para darles un cauce productivo.

En tanto, el Gobierno pretende con ello obtener financiamiento para mantener la actividad económica pese a un contexto de contracción de la inversión privada y de recesión global.

"No hay nada definido todavía. Es sólo una buena idea, pero sin instrumentos a la vista", dijo Massa a LA NACION.

Los kirchneristas imaginan, sin embargo, que ése sería también un canal para sustituir la cada vez más lejana llegada de financiamiento por la caída del crédito a nivel mundial. Se prevé, además, una demora en la regularización de la situación financiera del país, como el pago al Club de París y a los holdouts (de lo que se informa por separado). Y ello demoraría la afluencia de fondos frescos.

"El Estado tendrá una fuerte presencia, más que nunca será el primer inversor, sobre todo en obra pública, como motor de la economía", insistían ayer en el entorno del ex presidente Néstor Kirchner, que aún controla la economía.

Según se supo, los Kirchner se ufanan de que la crisis financiera global les dio la razón en términos de filosofía económica. Y que el nuevo contexto le generaría a la Argentina "una etapa fundacional". Por eso, insistirán en el discurso que ayer pronunció Cristina Kirchner ante la Cámara de Empresas del Software. "La articulación entre el Estado y el mercado se necesita para poder crecer en forma armoniosa y cohesión social", dijo.

No obstante, también se seguirá una agenda ortodoxa. Según informaron a LA NACION fuentes oficiales, se moderará el gasto para que crezca a menor ritmo que los ingresos. Se disminuirán los subsidios en el área energética, por la caída del precio del petróleo. Y se prevén subas de tarifas en el sector eléctrico mayorista. También dicen que habrá una corrección en el tipo de cambio en los próximos meses para "no perder competitividad y superávit fiscal". Podría terminar el año con un dólar a 3,40 pesos.