Por LUCIO DI MATTEO - Durante 2009, el control del Estado sobre empresas en las cuales tiene acciones –estatización de las AFJP mediante– será mayor de lo que sus dueños privados imaginaron hasta ahora. En concreto, y por orden directa de Néstor Kirchner, el Gobierno no sólo se negará a la intención privada de recuperar esas acciones sino que podría “estatizar” un pedazo más de cada empresa; nombrará los directores que permite cada participación accionaria; y hará valer a los mismos en las decisiones de directorio.

La información, anticipada por El Cronista el 27 de noviembre, fue reconfirmada hace horas por algunos de los más importantes operadores del kirchnerismo. “Néstor Kirchner tiene otros planes para las privatizadas: más participación estatal en los directorios. Si hace falta, la ANSeS va a comprar más acciones de estas empresas, confirmó una fuente oficial. Según otras, Kirchner dijo hace poco que no puede pasar lo mismo en Aerolíneas o Aguas Argentinas, y que antes de eso es preferible que tomar el control de las empresas”, anticipó este diario en su edición del 27 de noviembre. Esta semana de Navidad, en tanto, una fuente oficial agregó que “la compra de acciones o el nombramiento de directores no excluye ninguna empresa”. Para algunos, esto representa una amenaza velada contra empresas de medios, especialmente de cara a las elecciones legislativas del 2009 y las presidenciales de 2011.

Sobre un total de 40 firmas, el Estado Nacional recibió 25% de Edenor, 24% de Gas Natural BAN y Distribuidora de Gas Cuyana, casi 23% de Telecom, o 21% en TGS y Emdersa. Además, entre 15% a 20% de Pampa Holding o Transener, y menos del 15% en Petrobras Energía, Central Costanera, Camuzzi Gas Pampeana o Metrovías.

La pulseada Gobierno–empresas tiene, como contexto de fondo, el bajo precio de las acciones. Para los socios privados, se trata de una buena oportunidad para recomprar participación accionaria, una operatoria que ya ejercieron varios con papeles de deuda. Pero la visión del Gobierno es exactamente opuesta. “Si les regalamos las acciones, a cambio recibiremos un sinfín de denuncias de amiguismo y ningún beneficio. Además, no vamos rifar algo que es patrimonio estatal. Si los privados quieren comprar acciones, que lo hagan cuando tengan un precio relativamente normal”, admitió un funcionario a El Cronista.

En la práctica, esto quiere decir que el Estado no venderá acciones de empresas durante todo el 2009, nombrará un director en todas las firmas donde posea más del 4% e intentará influir sobre las decisiones corporativas. “Vamos a meter un director estatal en cada empresa donde podamos hacerlo. Si así valorizamos sus acciones mejor, porque recibiremos más por ellas en el futuro. Si no lo conseguimos, tenemos un veedor in house para controlar el comportamiento empresario”, dijo el funcionario consultado.