Por JUAN CERRUTI – El Gobierno recibió un duro revés judicial que llegó desde los Estados Unidos. El magistrado Thomas Griesa, a cargo del segundo distrito de Nueva York, emitió el viernes una sentencia contra el país por el default de la deuda ocurrido en 2002 por un monto total de u$s 2.148 millones. Por la cifra que involucra la medida, se trata de la mayor sentencia que sufrió la Argentina en su historia.

Pero lo que más inquieta por estas horas al Gobierno y a los analistas privados es que la medida refuerza el embargo de los bonos en cesación de pagos que respaldan los denominados “préstamos garantizados” que tienen bancos locales y del exterior. Esto significa que si la administración de Cristina Fernández de Kirchner quiere seguir el adelante con el canje de éstos préstamos deberá enfrentar mayores escollos judiciales. El dato es clave porque el Gobierno tenía previsto realizar el citado canje durante este mes y el próximo, para despejar las dudas del mundo financiero sobre la capacidad del país para hacer frente a los vencimientos de deuda a lo largo de 2009.

La decisión del juez Griesa –que había sido anticipada por El Cronista en su edición del 12 de noviembre pasado– deja en firme la sentencia contra el país por una acción de clase (una demanda colectiva) que habían realizado una serie de bonistas particulares por los títulos que tienen en default. En total son u$s 2.148 millones correspondientes a distintas series de bonos que había emitido la Argentina, como los Globales 2003, 2005, 2008, 2010, 2015, 2027 y el Brady FRB.

La condena, además, cierra cada vez más el acceso del país a los mercados internacionales de deuda. Aun en el caso poco probable de que el humor financiero mundial se revierta rápidamente a lo largo de 2009. Claro que ello no significa que la Argentina deba pagar cash los u$s 2.148 millones. Los acreedores deberán ingeniarselas para encontrar activos para embargar y luego liquidar.

Consentimiento

La sentencia de la Justicia de Estados Unidos fue consentida por ambas partes. Es decir que los abogados de la Argentina aceptaron la decisión y no pueden apelar cuestiones de fondos. La decisión del magistrado de Nueva York, además, da pie para que en los próximos días los letrados de los acreedores intenten embargar también las garantías de los préstamos garantizados que se encuentran en Europa.

“Es el final del proceso para los tenedores de ocho series de bonos que emitió la Argentina. Porque esta es una sentencia que ya no es apelable en cuestiones de fondo y la Argentina sólo puede contestar detalles menores”, comentó Pablo Giancaterino, letrado del estudio de abogados ProsKauer, quien inició la acción que el viernes obtuvo sentencia.

El canje de préstamos garantizados que el Ministerio de Economía planea realizar a nivel local podría ser más reducido de lo pensado. Porque ahora los bonistas tienen sentencia a favor sobre los títulos que son garantía de estos préstamos y están depositados en la agencia DTC, de EE.UU. También podrían ser embargados los bonos que están Europa, en las agencias ClearStream y Euroclear. Así, solo quedarían los bonos depositados aquí, en la Caja de Valores.

La Cámara de Apelaciones de EE.UU. deberá decidir en junio próximo sobre el embargo de los préstamos. Pero la decisión está casi cantada con la medida tomada por Griesa.

En todas las sentencias redactadas el viernes, Griesa aplicó una tasa de 9% anual por la demora en el pago de los bonos que la Argentina tuvo desde principios de 2002 a la actualidad. Con lo cual, en algunas demandas, el monto de lo que el país debe pagar se incrementó en casi 70%.