Por JUAN CERRUTI - El cuestionado Indec dará a conocer hoy por la tarde que la inflación de diciembre se ubicó entre 0,5 y 0,6%, por lo que 2008 cerró con un aumento de precios en torno a 7,5%. Las consultoras privadas, en cambio, hablan de 20% en el mejor de los casos.

La diferencia, además del rédito político que intenta usufructuar con dudoso éxito el Gobierno, representa para las arcas públicas un ahorro que superó

$ 20.000 millones sólo durante el año que acaba de terminar.

Sucede que 41% de la deuda total del Gobierno está indexada por la inflación oficial. En consecuencia, al subestimar las alzas de precios se reducen los pagos futuros. No se trata de un ahorro inmediato, sino de un flujo de desembolsos que ahora crece a un menor ritmo que el previsto.

En tren de comparaciones, el monto equivale a toda la deuda en default que la Argentina mantiene desde comienzos de 2002 con el denominado Club de París. La diferencia entre el 20% que calculan los privados y el 7,5% del Indec arroja el “ahorro” del Gobierno por 12,5 puntos porcentuales de inflación no computados al actualizar la deuda.

Según datos oficiales, la deuda de Argentina llega a u$s 137.113 millones, de los cuales el 41% –alrededor de u$s 56.302 millones– corresponde a bonos y otras obligaciones en pesos indexados. Esta es la deuda que durante 2008 creció sensiblemente menos de lo que lo habría hecho en caso de reconocer el Gobierno el aumento real de la inflación. Por cada punto de suba en el IPC crece en torno a u$s 560 millones (alrededor de $ 1.950 millones).

Pero no todo es color de rosas para el Gobierno. La manipulación de la inflación mediante la intervención al Indec le acarreó a los Kirchner un costo político y hasta económico. La caída en los bonos indexados –castigados por la desconfianza de los inversores y el adverso contexto internacional– complicó durante 2008 el financiamiento (ver pag. 3) y encareció su costo. Además, el Gobierno se encuentra expuesto a potenciales demandas de los tenedores de títulos públicos indexados.

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna fue el principal impulsor de la pesificación e indexación de la deuda. Tras el canje de 2005, los bonos en pesos atados a la inflación pasaron de representar 3% a 47% de los pasivos del Estado. La medida se tomó para no repetir el proceso que culminó en el default, cuando la dolarización de la deuda puso en jaque a las finanzas públicas vía el descalce cambiario (lo que el economista de Harvard Ricardo Haussman bautizó como el “pecado original de Argentina”).

A diferencia de lo que ocurrió en los ‘90, ahora el Estado recauda en la misma moneda en que tiene gran parte de sus pasivos. Lo paradójico es que una medida sana desde el punto de vista macroeconómico, como fue la pesificación, terminó complicada por otro mal del pasado, la inflación.

La mayor diferencia entre la inflación oficial y la que estiman los privados se registró en los primeros meses del año. De hecho, en el último trimestre ese gap se redujo por el marcado freno en el ritmo de actividad de la economía, lo que amesetó los aumentos de precios. Según un informe de la consultora Ecolatina, en 2008 la suba del índice de precios que elabora de manera particular esta entidad alcanzó 23,5%. “Si bien el año comenzó con fuertes incrementos, en el segundo semestre la crisis internacional y la desaceleración de la demanda local moderaron el ritmo de las subas”, indicó.

Tomando en cuenta los dos años que lleva la intervención al Indec, “la diferencia entre la inflación real y la oficial acumula 36,6 puntos porcentuales”, indicó Ecolatina. Por lo que, agregó, “la subestimación del IPC del Indec ha implicado un ahorro directo al Estado por menores intereses de la deuda indexada, pero principalmente ha evitado un fuerte incremento en el stock de pasivos atados a la inflación”.