Por Javier Blanco - Un grupo de bonistas que intenta cobrarle deudas a la Argentina por la cesación de pagos de 2001 obtuvo el viernes pasado una sentencia favorable en los tribunales de Nueva York que podría complicar la reapertura del canje anunciada por el país.

Sin embargo, ayer, una fuente oficial, que pidió anonimato, convocó a un grupo de periodistas para comunicar que el fallo "no modifica los planes sobre los que trabaja" el Gobierno para honrar todas las obligaciones financieras contraídas, en referencia al cronograma de vencimientos que debe afrontar el país este año.

La aclaración buscó despejar las dudas que se habían planteado en el mercado sobre la viabilidad del canje de préstamos garantizados, una de las operaciones con las que el Gobierno pretende aliviar su cargada agenda de pagos difiriendo una parte de ellos en un mínimo de cinco años.

El juez de Nueva York Thomas Griesa condenó el viernes a la Argentina a cancelar US$ 2243 millones a un grupo de tenedores de bonos que no ingresaron en el canje de deuda de 2005 y siguen litigando en los tribunales para cobrar. No es aún una sentencia firme, ya que el Gobierno anunció su decisión de apelarla en los próximos días por considerar que tiene vicios procesales.

Hasta aquí, los únicos que tienen fallos firmes contra la Argentina, es decir, sentencias confirmadas por la Corte de Apelaciones por la cesación de pagos de fin de 2001, son los fondos de inversión Dart y Elliot, que, con esas resoluciones en mano (por alrededor de US$ 1800 millones, recordó ayer la fuente oficial), peregrinan por distintos tribunales del mundo buscando desesperadamente la forma de que se ejecuten mediante el embargo de algún activo o la incautación de fondos.

El total de pasivos que la Argentina mantiene en incumplimiento suma unos US$ 26.000 millones en capital e intereses adeudados de bonos que no ingresaron en el canje de 2005.

En ese mismo fallo del viernes, Griesa confirmó además el embargo preventivo que ya había dictado sobre los bonos colaterales que actúan como garantía de los denominados préstamos garantizados que tenían en su poder las AFJP locales luego de que el Gobierno impulsó el fin del sistema jubilatorio privado.

Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que esa medida cautelar no cambia los presupuestos sobre los que trabaja para confeccionar el plan financiero 2009 con el que planea dejar en claro que está en condiciones de honrar el pago de todas sus deudas en el año, contrariamente a lo que venían pronosticando algunos analistas de Wall Street y calificadoras de riesgo.

"Los bonos alcanzados por este embargo no se pagan. Sólo cobran relevancia si la Argentina deja de pagar los préstamos garantizados. Pero mientras los paguemos, estamos en condiciones de negociar su canje si así lo decidimos", aclaró la fuente.

Esa interpretación la suscribe Eugenio Bruno, abogado especialista en los litigios por la deuda en default, para quien el fallo de Griesa "agrega litigiosidad a la situación, pero no impide lanzar una oferta de canje".

El stock total de préstamos garantizados ronda los US$ 14.000 millones. Pero el plan oficial es postergar mediante un canje los vencimientos de los próximos 3 años (hasta 2011), que totalizan unos US$ 9500 millones entre capital e intereses.

Ayer, ese objetivo, anunciado originalmente a medidos de septiembre, volvió a ser ratificado, aunque se admitió que su ejecución dependerá de cómo evolucionen las condiciones de mercado. Por su parte, el Gobierno tiene decidido rechazar la determinación de Griesa. "Esta sentencia no está firme. Puede y va a ser apelada", repitió la fuente oficial ayer.

En este sentido, avanzó en el argumento por utilizar para intentar que la sentencia, que unifica ocho acciones contra la Argentina presentadas ante ese juzgado, sea invalidada.

A criterio oficial, Griesa incumplió con los requisitos que la ley de Estados Unidos dispone para que los juzgados acepten acciones de clase, es decir, darles alcance general a demandas originalmente planteadas por separado. "Según las normas vigentes, Griesa debería haber pedido que los demandantes acreditaran sus tenencias de bonos, lo que no hizo", explicó la fuente. "Por esta razón consideramos que la sentencia no se ajusta al derecho americano", insistió.

Antecedentes

LA DECISION
Otro fallo adverso

El juez volvió a decidir en favor de un grupo de bonistas que no ingresaron en el canje de la deuda al dictar sentencia sobre una demanda colectiva presentada en 2004. El fallo involucra un monto de US$ 2232 millones.

EL PLAN OFICIAL
El canje sigue en pie

El Gobierno mantendrá el plan para reprogramar los vencimientos de los préstamos garantizados emitidos en 2001 para aliviar los pagos de la deuda.

EL CONTRAATAQUE
Apelación

El Gobierno apelará la sentencia de Griesa, que "no está firme", según se preocupó de destacar ayer una fuente oficial.