Por JUAN CERRUTI - Un amplio grupo de acreedores tiene en carpeta una propuesta que presentarán en breve al Gobierno argentino para cerrar definitivamente el capítulo del default de la deuda.

El plan –al que tuvo acceso El Cronista– consiste en levantar automáticamente las sentencias contra el país y los embargos a cambio de que se les permita realizar una serie de inversiones directas en la Argentina en obra pública y privada, e infraestructura, con beneficios fiscales y otros incentivos. Así, los bonistas se harían de las ganancias que generen esas inversiones hasta cancelar el total de los títulos públicos que tienen en su poder y la Argentina dejó de pagar a fines de 2001.

Aunque el Gobierno concretó en marzo de 2005 un canje de deuda al que adhirieron 76% de los acreedores, según datos oficiales, aún restan casi u$s 30.000 millones en bonos en cesación de pagos. Son estos acreedores –denominados holdouts– quienes se han convertido en los últimos años en un dolor de cabeza. Primero para la administración de Néstor Kirchner y luego para la actual gestión de su esposa, Cristina Fernández.

El grupo de acreedores que fogonea esta propuesta son los que llevan adelante las acciones de clase (demandas de clase), que la semana pasada obtuvieron una sentencia favorable del juez Thomas Griesa de Nueva York por u$s 2.200 millones, el mayor revés judicial en la historia de la Argentina. Los abogados del Gobierno, sin embargo, adelantaron que van a apelar la decisión de Griesa y cuestionaron la representación de este grupo de bonistas.

La intención de los acreedores es dar a conocer esta propuesta a la Argentina en el juzgado de Griesa, y avanzar en una reestructuración de la deuda por la vía judicial, la que consideran como un “mecanismo natural”. El acuerdo sería homologado judicialmente. Habrá que ver si la Argentina acepta sentarse en el juzgado a escuchar la oferta.

La garantía de pago de la operación que idearon los acreedores serían todas las sentencias y los embargos contra el país que acumularon los bonistas en estos años. Estarían depositados en un fideicomiso en Nueva York y en caso de que Argentina acepte la propuesta, los acreedores levantarían automáticamente todas estas acciones.

Mediante el acuerdo, los acreedores se comprometen a generar inversiones reales hacia la economía argentina bajo la forma de obra pública, privada y en infraestructura (sobre todo en el área energética) por un monto equivalente a lo depositado en el fideicomiso en Nueva York. Piden a cambio un serie de beneficios y desgravaciones fiscales para realizar los desembolsos. Una vez que esas obras están en marcha irían cobrando las ganancias que se generen hasta cancelar totalmente el monto de los títulos en default.

La propuesta busca tentar al gobierno argentino para iniciar una negociación al utilizar como zanahoria la sed de inversiones que tiene la economía local. En particular en infraestructura. Además, la oferta se alinea con el reciente anuncio del Gobierno de lanzar una amplia repatriación de capitales y moratoria impositiva.

Los acreedores definen la propuesta como del estilo win-win (todos ganan). Habrá que ver si el Gobierno está de acuerdo.

En la Casa Rosada deberán sopesar también la conveniencia de escuchar esta propuesta frente a la que le presentó meses atrás un consorcio de bancos integrados por el Citibank, DeustcheBank y Barclays; y que originalmente ofrecía canjear los títulos en default por otros bonos a más largo plazo.

En ese momento, lo que más tentó Gobierno es que esa oferta prometía plata fresca, dado que obligaba a quienes ingresaran a la operación a suscribir nuevos títulos. Sin embargo, crisis financiera internacional por medio esta última parte del plan se cayó. Nadie quiere aportar un dólar en medio del torbellino.