Por Florencia Donovan - El Gobierno sabe que un default complicará aún más la salida de la recesión pospandemia. Pero, aun así, en el equipo económico ya descuentan que la Argentina entrará en default técnico a partir del viernes, que es cuando vence el plazo para pagar los US$503 millones correspondientes a los cupones de los bonos globales 2021, 2026 y 2046, que originalmente debieron cancelarse el 22 de abril pasado. La idea, de todas maneras, es seguir negociando. Nadie, afirman, tiene incentivos para retirarse de la mesa de negociaciones. En cualquier caso, el escenario más optimista, de una Argentina buscando una salida rápida y ordenada de la deuda, no se dará.

En el equipo que conduce Martín Guzmán comenzaron a preparar el terreno del relato, aunque sea para atemperar el impacto en el mercado. "Lo antes que alcancemos un acuerdo, mejor -admite a LA NACION el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos-, pero no nos volvamos locos con la fecha del 22. Hay que dejar de asociar el incumplimiento técnico con lo que sucedió en 2001. Lo importante es generar una mesa de diálogo", afirmó el fin de semana.

En Economía reconocen que, aun acercando posiciones, sería técnicamente imposible cerrar un acuerdo para el viernes. Guzmán tiene en su poder dos propuestas de los tres comités de acreedores. Una estaría planteando un canje valuado en torno a los US$57 y la segunda, en la que está incluido el fondo Blackrock -el duro en esta negociación-, buscaría que la Argentina convalide unos US$62. Todo indica que todavía existe un trecho hasta alcanzar una cifra que se acerque a las pretensiones del Gobierno. "La Argentina hizo muchísimas cosas para evitar el default: nos acercamos al FMI, publicamos un análisis de sustentabilidad, pagamos intereses, regularizamos la deuda en pesos?", enumeró Chodos. "Tenemos la voluntad de pagar, no la vocación de prometer", insistió.

Tan cierto como que los acreedores creyeron en la Argentina ilusoria que vendía el macrismo -aunque seguían igualmente vigentes los desequilibrios macroeconómicos históricos-, hoy Guzmán busca que los acreedores se resignen a aceptar un canje digno de un país que no plantea una visión de futuro. Por lo pronto, que garantiza una tasa de crecimiento que no alcanza para resolver ninguno de sus problemas estructurales.

El argumento de Guzmán es que aceptar un canje que no sea "sustentable" podría poner en riesgo la negociación siguiente que deberá encarar el país: la de la deuda con el FMI. En su informe sobre el país, el Fondo estableció que, para que sea sostenible la deuda, la Argentina no debería pagar por ella más del 5% del PBI, y hasta 3% del PBI en caso de la deuda en moneda extranjera.

En Economía aseveran que cualquier acuerdo que se aleje demasiado de esos números haría inviable un futuro acuerdo con el FMI, con quien Guzmán ya anticipó que planea negociar un nuevo acuerdo s tand-by (SBA), que le permita prorrogar por hasta cinco años los vencimientos con el organismo multilateral. Este tipo de acuerdos son más cortos -van de tres años y un trimestre hasta los cinco años-, pero tienen menos condicionamientos que un e xtended fund facility (acuerdo de facilidades extendidas), que prevé plazos para el repago de la deuda que van desde cuatro años y medio hasta los 10 años.

En cualquier caso, está claro que la Argentina seguirá con negociaciones de deuda hasta bien entrado 2021. Primero, los acreedores privados; luego, el FMI, y, finalmente, el Club de París (al que se le adeudan apenas US$2000 millones). Un tiempo que parece demasiado largo para un país que está al borde de la peor recesión de su historia reciente y que podría haber comenzado a desandar el problema de la deuda en agosto del año pasado, cuando la fórmula Fernández-Fernández de Kirchner se impuso en las primarias y el ministro de Economía de entonces, Hernán Lacunza, planteó la idea de una negociación durante la transición.

En el sector privado, aun entre los empresarios que acompañan desde un comienzo al Frente de Todos, empieza a percibirse cierta impaciencia. Sin un marco claro y sin acceso a financiamiento, difícil pensar en una rápida recomposición de la inversión o de las expectativas económicas.

El presidente Alberto Fernández anticipó en una entrevista televisiva que volverá a poner en agenda la creación de un consejo económico y social, en un intento de darle un marco al consenso generado por la pandemia y con el objetivo de plantear una estrategia común para superar la recesión. El proyecto, que fue trabajado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, sería enviado a Diputados a fines de esta semana.

Se apuntaría a convocar no solo a empresarios, sindicalistas y referentes locales, sino también a muchas de las figuras internacionales que firmaron la solicitada en apoyo del canje de deuda hace algunos días. El excandidato a presidente Roberto Lavagna ya anticipó que, aunque está dispuesto a dialogar siempre que lo llamen, no ocupará -como se preveía en algún momento- la presidencia del consejo.

Temores sobre el consejo

Fernández había anunciado su intención de coordinar un consejo económico en varias ocasiones. Entre los empresarios, la idea es bien recibida, igual que entre los sindicalistas (Héctor Daer puso sobre la mesa el tema en la reunión que hace días mantuvo junto con el Grupo de los Seis y Fernández en Olivos). Pero muchos temen que no sea más que una formalidad. Que al final el consejo sirva poco para coordinar el mediano plazo de la Argentina.

Pero, en el cortísimo plazo, la realidad económica promete complicarse todavía más. Un funcionario de la provincia de Buenos Aires lo reconocía con crudeza en los últimos días. "Estamos cayendo al 6% anual. No vemos que vayamos a tener un rebote, una salida en forma de V. Por ahora lo que vemos es solo caída libre", dijo, en estricta reserva.

No hay distrito que hoy no se plantee un problema de recaudación. En la provincia de Buenos Aires están esperando ver si finalmente pasa o no en el Congreso el impuesto a las grandes fortunas que planteará el Frente de Todos. Si no sale, entonces el gobierno provincial podría impulsar en la Legislatura un proyecto propio para subir impuestos patrimoniales.

Los economistas del Banco Central proyectan que, como mínimo, el Estado nacional deberá cubrir un rojo de $2 billones para fin de año. En su penúltimo encuentro, el directorio del BCRA aprobó finalmente el balance 2019 de la entidad, que arrojó $1,6 billones de ganancias. Ya el banco le adelantó al Tesoro -su principal- $600.000 millones en lo que va del año, y se descuenta que le irá liberando el resto en las próximas semanas. Así y todo, no será suficiente, menos aún si continúa el aislamiento obligatorio con gran parte de la actividad paralizada.

Es posible que el Central deba seguir administrando la escasez de dólares varios meses más. La brecha con el dólar libre, que superó esta semana el 90%, desalienta la venta de divisas del campo. Pero más aún lo hace el weather market , como se conoce en la jerga el período que comienza ahora y se extiende hasta septiembre, que es cuando se levanta la cosecha en Estados Unidos. "Son meses claves, porque el clima es determinante para el precio final que va a tener la cosecha en el hemisferio norte", explican quienes conocen el negocio. La escasez de oferta de granos es tal que alguna cerealera ya anticipó a sus clientes que evalúa cerrar temporariamente su planta.

Todo indica que la política del garrote -clásica en tiempos de crisis, no importa de qué signo político sea el gobierno- llegó para quedarse. En la Comisión Nacional de Valores dejaron trascender que hay malestar con ByMA (la empresa que representa a los principales actores del mercado de capitales), porque no termina de entregar información sobre quiénes compraron dólares a través de la Bolsa. Podría haber más medidas.