Por Florencia Donovan - El Gobierno sabe
que un default complicará aún más la salida de la recesión
pospandemia. Pero, aun así, en el equipo económico ya descuentan
que la Argentina entrará en default técnico a
partir del viernes, que es cuando vence el plazo para pagar los US$503 millones
correspondientes a los cupones de los bonos globales 2021, 2026 y 2046, que
originalmente debieron cancelarse el 22 de abril pasado. La idea, de todas
maneras, es seguir negociando. Nadie, afirman, tiene incentivos
para retirarse de la mesa de negociaciones. En cualquier caso, el escenario más
optimista, de una Argentina buscando una salida rápida y ordenada de la deuda,
no se dará.
En el equipo que conduce Martín Guzmán comenzaron
a preparar el terreno del relato, aunque sea para atemperar el impacto en el
mercado. "Lo antes que alcancemos un acuerdo, mejor -admite a LA NACION el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos-, pero no nos volvamos locos con la
fecha del 22. Hay que dejar de asociar el incumplimiento técnico con lo que
sucedió en 2001. Lo importante es generar una mesa de diálogo", afirmó el
fin de semana.
En Economía reconocen que, aun acercando posiciones, sería técnicamente imposible cerrar un acuerdo para el
viernes. Guzmán tiene en su poder dos propuestas de los tres
comités de acreedores. Una estaría planteando un canje valuado en torno a los
US$57 y la segunda, en la que está incluido el fondo Blackrock -el duro en esta
negociación-, buscaría que la Argentina convalide unos US$62. Todo indica que
todavía existe un trecho hasta alcanzar una cifra que se acerque a las
pretensiones del Gobierno. "La Argentina hizo muchísimas cosas para evitar
el default: nos acercamos al FMI, publicamos un análisis de sustentabilidad, pagamos
intereses, regularizamos la deuda en pesos?", enumeró Chodos.
"Tenemos la voluntad de pagar, no la vocación de prometer", insistió.
Tan cierto como que los acreedores creyeron en la Argentina ilusoria que
vendía el macrismo -aunque seguían igualmente vigentes los desequilibrios
macroeconómicos históricos-, hoy Guzmán busca que los acreedores
se resignen a aceptar un canje digno de un país que no plantea una
visión de futuro. Por lo pronto, que garantiza una tasa de crecimiento que no
alcanza para resolver ninguno de sus problemas estructurales.
El argumento de Guzmán es que aceptar un canje que no sea
"sustentable" podría poner en riesgo la negociación siguiente que
deberá encarar el país: la de la deuda con el
FMI. En su informe sobre el país, el Fondo estableció que, para que
sea sostenible la deuda, la Argentina no debería pagar
por ella más del 5% del PBI, y hasta 3% del PBI en caso de la deuda
en moneda extranjera.
En Economía aseveran que cualquier acuerdo que se aleje demasiado de
esos números haría inviable un futuro acuerdo con el FMI, con quien Guzmán ya
anticipó que planea negociar un nuevo acuerdo s tand-by
(SBA), que le permita prorrogar por hasta cinco años los vencimientos con el
organismo multilateral. Este tipo de acuerdos son más cortos -van de tres años
y un trimestre hasta los cinco años-, pero tienen menos condicionamientos que
un e xtended fund facility (acuerdo de facilidades
extendidas), que prevé plazos para el repago de la deuda que van desde cuatro
años y medio hasta los 10 años.
En cualquier caso, está claro que la Argentina seguirá con negociaciones de deuda hasta bien entrado 2021. Primero,
los acreedores privados; luego, el FMI, y, finalmente, el Club de París (al que
se le adeudan apenas US$2000 millones). Un tiempo que parece demasiado largo
para un país que está al borde de la peor recesión de su historia reciente y
que podría haber comenzado a desandar el problema de la deuda en agosto del año
pasado, cuando la fórmula Fernández-Fernández de Kirchner se impuso en las
primarias y el ministro de Economía de entonces, Hernán Lacunza, planteó
la idea de una negociación durante la transición.
En el sector privado, aun entre los empresarios que acompañan desde un
comienzo al Frente de Todos, empieza a percibirse cierta impaciencia. Sin un
marco claro y sin acceso a financiamiento, difícil pensar en una rápida
recomposición de la inversión o de las expectativas económicas.
El presidente Alberto Fernández anticipó en una
entrevista televisiva que volverá a poner en agenda la creación de un consejo
económico y social, en un intento de darle un marco al consenso generado por la
pandemia y con el objetivo de plantear una estrategia común para superar la recesión.
El proyecto, que fue trabajado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, sería enviado a Diputados a fines de
esta semana.
Se apuntaría a convocar no solo a empresarios, sindicalistas y
referentes locales, sino también a muchas de las figuras internacionales que
firmaron la solicitada en apoyo del canje de deuda hace algunos días. El
excandidato a presidente Roberto Lavagna ya
anticipó que, aunque está dispuesto a dialogar siempre que lo llamen, no
ocupará -como se preveía en algún momento- la presidencia del consejo.
Temores
sobre el consejo
Fernández había anunciado su intención de coordinar un consejo
económico en varias ocasiones. Entre los empresarios, la idea es
bien recibida, igual que entre los sindicalistas (Héctor Daer puso
sobre la mesa el tema en la reunión que hace días mantuvo junto con el Grupo de
los Seis y Fernández en Olivos). Pero muchos temen que no sea más que una
formalidad. Que al final el consejo sirva poco para coordinar el mediano plazo
de la Argentina.
Pero, en el cortísimo plazo, la realidad económica promete complicarse
todavía más. Un funcionario de la provincia de Buenos Aires lo reconocía con
crudeza en los últimos días. "Estamos cayendo al 6% anual. No vemos que
vayamos a tener un rebote, una salida en forma de V. Por ahora lo que vemos es
solo caída libre", dijo, en estricta reserva.
No hay distrito que hoy no se plantee un problema de recaudación. En la
provincia de Buenos Aires están esperando ver si finalmente pasa o no en el
Congreso el impuesto a las grandes fortunas que planteará el Frente de Todos.
Si no sale, entonces el gobierno provincial podría impulsar en la Legislatura
un proyecto propio para subir impuestos patrimoniales.
Los economistas del Banco Central proyectan
que, como mínimo, el Estado nacional deberá cubrir un rojo de $2 billones para
fin de año. En su penúltimo encuentro, el directorio del BCRA aprobó finalmente
el balance 2019 de la entidad, que arrojó $1,6 billones de ganancias. Ya el
banco le adelantó al Tesoro -su principal- $600.000 millones en lo que va del
año, y se descuenta que le irá liberando el resto en las próximas semanas. Así
y todo, no será suficiente, menos aún si continúa el aislamiento obligatorio
con gran parte de la actividad paralizada.
Es posible que el Central deba seguir administrando la escasez de
dólares varios meses más. La brecha con el dólar libre, que superó esta semana
el 90%, desalienta la venta de divisas del campo. Pero más aún lo hace el weather market , como se conoce en la jerga el
período que comienza ahora y se extiende hasta septiembre, que es cuando se
levanta la cosecha en Estados Unidos. "Son meses claves, porque el clima
es determinante para el precio final que va a tener la cosecha en el hemisferio
norte", explican quienes conocen el negocio. La escasez de oferta de
granos es tal que alguna cerealera ya anticipó a sus clientes que evalúa cerrar
temporariamente su planta.
Todo indica que la política del garrote -clásica en tiempos de crisis,
no importa de qué signo político sea el gobierno- llegó para quedarse. En la
Comisión Nacional de Valores dejaron trascender que hay malestar con ByMA (la
empresa que representa a los principales actores del mercado de capitales),
porque no termina de entregar información sobre quiénes compraron dólares a
través de la Bolsa. Podría haber más medidas.
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