Por Mariano Martín - Las grandes empresas deberán
restringir sus movimientos financieros al menos por los próximos dos años y
quedar sujetas a un cruce de datos entre organismos oficiales si aspiran a
recibir la ayuda estatal para el pago de salarios a sus
trabajadores. La medida del Gobierno quedará plasmada en una resolución de
inminente publicación que les pondrá más requisitos a las compañías de más
de 800 empleados para acceder al subsidio Asignación de Emergencia para el
Trabajo y la Producción (ATP)
que contempla el pago de la mitad de los sueldos netos a favor de los sectores
económicos golpeados por la cuarentena.
De
acuerdo a la nueva decisión administrativa que se dará a conocer en las
próximas horas a través del Boletín Oficial, las empresas de mayor volumen
de personal, una vez presentados los documentos con pruebas de una crisis en su
facturación e ingresadas al programa ATP, tendrán vedados una serie de
actividades societarias y financieras por los próximos 24 meses cuando hasta
ahora las restricciones corrían sólo por el plazo de un año.
Durante
ese período no podrán “distribuir utilidades”, “recomprar sus acciones
directa o indirectamente”, “adquirir títulos valores en pesos para su posterior
e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al
exterior” ni “realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados
directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o
domicilio se encuentren en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula
tributación”. Se trata de un corset que apunta a evitar el desvío de los
subsidios y posibles maniobras especulativas con esos recursos estatales.
Además las
compañías beneficiarias de la asignación complementaria formarán parte de una
nómina elaborada por la AFIP y que compartirá con el Banco Central y la
Comisión Nacional de Valores para velar por el cumplimiento de las cuatro
restricciones. El movimiento de utilidades y de acciones quedará bajo la
observación de la CNV y la adquisición de títulos o los pagos a terceros serán
materia de la autoridad monetaria. La nueva medida extiende los plazos de
actividades como el pago de patentes, regalías o intereses cuando las empresas
operen desde paraísos fiscales.
El ATP
se puso en marcha y sus alcances se ampliaron hasta llegar, en la actualidad, a
un universo de 2,5 millones de trabajadores, a través de varios decretos: el
332 lo creó como mecanismo paralelo a los Repro para apuntalar los sueldos de
empresas en crisis, y el 376 lo rediseñó para darle intervención directa a la
Anses como depositaria del proporcional de los montos directamente en las
cuentas de los trabajadores de esas compañías. Y subió los valores para
completar la mitad de los ingresos netos con un tope de 33.750 pesos, igual a
dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El 7 de
mayo pasado, este diario anticipó en exclusiva una nueva ampliación del
programa para permitirles el acceso a las grandes empresas, empleadoras de más
de 800 personas, y flexibilizar el requisito de pérdida de facturación. Hasta
entonces el empleador debía demostrar una caída en la facturación de marzo y
abril de este año contra el mismo bimestre de 2019. Con los cambios, pudieron
acceder al ATP compañías que hubiesen tenido aumento en la facturación de hasta
5% nominal en el mismo período. Es decir que, contemplada la inflación, antes
se exigía demostrar una caída real de la facturación del orden del 30% y de
ahora en más bastará con una pérdida cercana al 20 por ciento.
El
arribo de las grandes compañías puso a la luz casos paradigmáticos como los del
grupo Techint, el gigante siderúrgico de Paolo Rocca, que reveló El Destape, o
la marca de indumentaria para chicos Cheeky, de la familia Awada. Desde el
Gobierno advirtieron que hasta 80% de los trabajadores del sector privado
podrían estar alcanzados en algún momento por el pago del ATP.
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