Por Claudio Jacquelín - La derrota política más dolorosa sufrida alguna vez por Cristina Kirchner no se la propinaron las urnas. La recibió hace 12 años desde el mismo lugar que hoy ella ocupa y desde el que se muestra dispuesta a desquitarse.

Eso parece confirmar la vicepresidenta en cada sesión del Senado que ella preside. Empiezan a ser parte de los usos y costumbres la ruptura de acuerdos previos, el sometimiento de las minorías, el silenciamiento y el destrato de legisladores opositores y la violación o interpretación forzada del reglamento del cuerpo, para poder ir más allá de las facultades que su cargo le otorga, para que se voten los temas de su propio interés. Para eso, cuenta con la disciplina y la obediencia absoluta del bloque oficialista, que, presidido por el formoseño José Mayans, es mayoría en el Senado.

Lo ocurrido en la escandalosa sesión de anteayer bien merece un lugar en la antología del decisionismo personalista (para ser generosos). Además, fue un hito (tal vez no una cima) en la escalada que la vicepresidenta inició hace dos semanas, cuando empezaron a forzarse o romperse los límites que impuso el protocolo acordado con la oposición para llevar a cabo las sesiones virtuales y semipresenciales por imperio de la pandemia (y de la voluntad de Cristina Kirchner).

La violación del reglamento del Senado, al aprobar la creación de una comisión investigadora sin el voto de los dos tercios de la Cámara, como estipula el artículo 87, no fue el único hecho (aunque sí de una profunda gravedad) que pone de manifiesto la decisión de la presidenta del cuerpo con la anuencia del bloque oficialista de imponer su voluntad a cualquier precio. Y que se tome nota.

Para los opositores, un elemento previo pone de manifiesto una actitud deliberada y sistémica, que excede la naturaleza de los asuntos debatidos. Se verifica, según ellos, en la decisión de imponer el tratamiento de temas que no estén vinculados con la epidemia del Covid-19, pese a que se había acordado expresamente con los demás bloques que eso no se haría. Así consta en el protocolo firmado por todos a principios de mayo.

Ese acuerdo vencerá dentro de dos semanas, ya que se había estipulado que regiría por 60 días, por lo que solo debería haberse esperado a que perdiera vigencia lo pactado para sesionar sin restricciones temáticas. Se hubieran evitado un conflicto político y un escándalo. Evidentemente, no se quiso. O, mejor dicho, se prefirió ir al choque. Alguna vez fue el látigo y la billetera. Con la crisis, solo sobrevivió el látigo.

Si esos dos asuntos reúnen condiciones suficientes para justificar el calificativo de escandaloso impuesto a lo ocurrido anteayer, el silenciamiento que denunciaron haber sufrido los senadores opositores enciende las alarmas democráticas. Impedir el uso de la palabra de un legislador, aprovechando y abusando de la contingencia que obliga a las sesiones virtuales, constituye una herida concreta y simbólica al poder más representativo de la democracia republicana. Por algo Parlamento es sinónimo de Congreso de la Nación.

“Es como si en una sesión ordinaria nos hubieran cortado la luz y cuando se encendiera se hubieran ido las autoridades de la Cámara y todos los miembros del bloque mayoritario”, dijo ayer a LN el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, para graficar lo ocurrido cuando él se disponía a usar la palabra para denunciar la inconstitucionalidad de la creación de la comisión investigadora del caso Vicentin sin el voto de los dos tercios del total de los senadores. A Naidenoff le silenciaron el audio y le vaciaron el recinto virtual. El caso del diputrucho menemista ya no está tan solo en los anales del Congreso.

El respeto por la voz y el voto de los legisladores ya había sido relativizado por Cristina Kirchner cuando, hace dos semanas, pretendió forzar el inicio de la sesión pese a que el bloque cambiemita le advirtió que la senadora mendocina Pamela Verasay no podía ingresar en la sesión virtual por problemas de conexión.

“Es lo mismo que si le hubieran cerrado las puertas y no pudiera ingresar al recinto, a pesar de su voluntad de participar de la sesión”, debió explicar, a pesar de la obviedad, su compañero de bancada y vicepresidente de la Cámara alta, Martín Lousteau.

Para los detallistas quedan otros elementos que ponen condimento para realzar la naturaleza de las anomalías de anteayer, y son los alcances de la comisión investigadora, para muchos constitucionalistas violatorios de la carta magna, por otorgar facultades reservadas al Poder Judicial. La división de poderes suele ser una ecuación olvidada por los manuales del kirchnerismo. Prefiere la suma y la multiplicación del poder.

Las formas y el fondo de lo sucedido en el Senado constituyen un corpus único. El imperio de Cristina Kirchner dejó su huella indeleble (para que se note) en la imposición de los temas tratados y en los propósitos perseguidos.

La comisión investigadora tiene por objeto mucho más que la presunta asistencia para descubrir irregularidades en el fallido manejo de la empresa Vicentin en resguardo de los intereses del Estado.

Tampoco solo se pretende allanarle el camino al Gobierno para la toma de la compañía, como pretende el cristinismo más puro en su reconocido afán por lograr una mayor injerencia estatal (si no el control) en el sector agroexportador, único generador relevante de divisas genuinas. Aunque nada de eso sea poco.

Se propone, como premio mayor, deslegitimar a la oposición de Juntos por el Cambio por una supuesta connivencia dolosa entre el gobierno de Mauricio Macri y la familia propietaria del concursado conglomerado agroindustrial. Golpear sobre caliente se llama eso. Vendría a sumarse eficazmente a las denuncias de actos de espionaje ocurridos durante aquella gestión, que tienen a la defensiva al macrismo. Todo tiene que ver con todo, diría la propia presidenta del Senado.

También hay otro propósito: acallar o desacreditar las nuevas protestas desatadas por el anuncio de la intervención de Vicentin, que expresa y lidera ese viejo adversario del cristinismo que es la mayoría de los productores agropecuarios de la zona central del país.

La herida provocada en aquella madrugada del 17 de julio de 2008 por el ya histórico voto no positivo del entonces vicepresidente de Cristina Kirchner y titular de la Cámara alta Julio Cobos nunca terminó de cicatrizar en la piel del kirchnerismo.

Haber perdido en el Senado la guerra santa contra el campo, de la que para peor emergió un nuevo actor político, es para el kirchnerismo un trauma demasiado difícil de superar. Los últimos hechos lo corroboran. Los enemigos no cambian. Los modos, tampoco. Los fantasmas siguen vivos. El ministerio de la venganza no existe. Pero la Cámara de la revancha sí.

Lo ocurrido en la sesión merece un lugar en la antología del decisionismo personalista

Fue un hito (tal vez no una cima) en la escalada que la vicepresidenta inició hace dos semanas.