Por Enrique Pizarro - De cara a la fecha límite que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le dio a los acreedores privados de la deuda bajo ley extranjera para que confirmen su adhesión a la oferta oficial, la cual el Gobierno sigue insistiendo que será la “definitiva”, aún no hay señales respecto a un acuerdo, ya que las partes se siguen mostrando firmes. En ese marco, se prevé que Guzmán opte por extender el plazo de adhesión por dos o tres semanas más para seguir negociando.

Según fuentes del mercado, en las últimas horas el Gobierno ha estado recibiendo órdenes de adhesiones al canje por parte de algunos bonistas. No obstante, el nivel de adhesión seguiría siendo insuficiente. Los mayores tenedores de deuda, que la semana pasada mostraron su fortaleza con la unificación de los tres principales comités en un solo grupo con una contraoferta conjunta y que esta semana intensificaron su poder al anunciar que están sumando a más fondos a la contrapropuesta, siguen sin moverse de su postura.

“Hay que tener en cuenta que lograr un acuerdo con este grupo de acreedores no necesariamente implica que se resuelve el tema de la deuda y que se llegó al final del camino. Para alcanzar las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC), tanto en los bonos con indenture 2005, que requieren mayorías más altas, como en los de indenture 2016, no alcanza solamente con un acuerdo con este grupo, porque si bien dadas sus tenencias es condición necesaria arreglar con ellos para que se alcancen las CAC, no es condición suficiente”, resaltó ante El Economista Martín Vauthier, director del Estudio EcoGo.

En ese sentido, Vauthier señaló que hay que arreglar con este gran grupo y también hay que convencer a una parte del resto de los bonistas para poder alcanzar las mayorías necesarias: el 66% en los bonos 2016 y el 85% en los bonos 2005. “Creo que eso es lo que hay que analizar hacia adelante”, apuntó, al tiempo que remarcó la importancia de que el Gobierno acuerde lo más rápido posible con este grupo, teniendo en cuenta que están muy cerca las puntas, para después pasar a la siguiente etapa, que es tratar de alcanzar a las mayorías para despejar en forma definitiva la incertidumbre y el riesgo de potenciales litigios en caso de no alcanzarlas.

Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, resalta la cercanía entre las puntas, tanto en términos económicos (US$ 3 de diferencia en promedio) como legales, y considera que seguir estirando la negociación puede ser más perjudicial que beneficioso para el país, especialmente en el corto plazo. Por lo tanto, estima que habrá un acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta que es lo más conveniente para ambas partes.

“Para frenar a los dólares paralelos y estimular la inversión en el mediano plazo, el Gobierno debería preocuparse más por firmar la deuda que por poner algunos parches que pueden ser útiles en lo inmediato pero insostenibles más allá de unos pocos meses. La deuda y la pandemia, aunque esto último le escapa al Gobierno, son las condiciones necesarias para empezar a recuperar la economía argentina. Sin solucionar ambos temas, no hay plan económico o proyecto que valga: habrá demasiada incertidumbre”, afirmó Rajnerman en diálogo con El Economista.

Ante la expectativa de que el ministro vuelva a extender la negociación, cuya prórroga sería hasta finales de agosto, desde Delphos Investment advirtieron por los riesgos de que “un nuevo fracaso del lado argentino llene de fortaleza al grupo de bonistas y lo lleve a endurecer sus posiciones en el tramo final” de la negociación. “No cerrar ahora y extender es un arma de doble filo para el Gobierno, porque se va quedando sin tiempo y mostrando debilidad en poder cerrar el ‘deal’ sin el grupo duro”, remarcó la consultora en un informe.

En tanto, el Gobierno sigue sumando deuda en default. Tras haber caducado el período de gracia de los treinta días correspondientes, el país cayó ayer en cesación de pagos por el vencimiento de los bonos Discount en dólares y en euros. Argentina entró formalmente en default el pasado 22 de mayo, luego del período de gracia de también treinta días por el impago del vencimiento de los bonos Globales.