Por Hernán Cappiello - El malestar de la Cámara del Crimen contra la reforma judicial que propone el Gobierno es solo el primer emergente de la insatisfacción, enojo e indignación que, con diversas modulaciones y matices, comenzaron a extenderse en buena parte de la Justicia Nacional y Federal.

Hoy mismo se pronunciará en contra de la reforma judicial, con otra acordada, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. Los críticos comentarios sobre la inconveniencia de este proyecto de ley se suceden en la Cámara Federal de Casación Penal y entre algunos jueces de la Cámara Nacional de Casación. Ni hablar de los estruendosos epítetos que se escuchan entre los jueces de la Cámara Federal, donde el Gobierno quiere sacar de allí a dos camaristas; entre los jueces de tribunal oral o entre los jueces federales de Comodoro Py 2002, primer blanco de la reforma. Echan espuma por la boca.

Esta insatisfacción generalizada con el proyecto se extiende hasta la Corte Suprema de Justicia, donde no ven con gusto que el Poder Ejecutivo meta la mano de manera inconsulta en la organización de la Justicia Nacional y Federal. Después de todo, la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial. Y no fue consultada.

En esos tribunales están analizando si es jurídicamente admisible hacer una acordada, en abstracto, sin ningún caso en particular, como hizo la Cámara del Crimen o si deben expresar su rechazo de otro modo.

La reacción de la Cámara del Crimen, más allá de las objeciones constitucionales y sus atinadas observaciones, responde a su instinto de supervivencia. La reforma judicial prevé la desaparición del fuero penal ordinario, que desde hace más de 100 años castiga los delitos comunes. No los de los políticos, sino los homicidios, robos, violaciones o estafas. La Cámara del Crimen revisa esas investigaciones, los procesamientos y las elevaciones a juicio, y los tribunales orales juzgan a los detenidos. Con el proyecto oficial, todos los jueces de tribunal oral y los camaristas desaparecen, los dejan hasta que agoten sus causas y luego se quedan sin trabajo. Y los de primera instancia pasan, en parte, al fuero federal y en parte a la Ciudad.

La Cámara del Crimen es de los tribunales ejemplares, se mantuvo ajeno a la contaminación de la política, sus fallos solo están motivados en el derecho y está integrada por camaristas prestigiosos, no arribistas, que llegaron a sus cargos por mérito y trayectoria. Se mezclan en su seno conservadores y progresistas, todas las vertientes del derecho penal y prima entre ellos espíritu de colaboración y de servicio público.

El fuero criminal ordinario, computando a jueces de primera instancia, camaristas y jueces de tribunales orales, tiene 193 cargos de jueces, pero con 75 vacantes. Los cargos de jueces de primera instancia son 64 y hay 18 vacantes. El universo restante es de 45 jueces de primera instancia. La mitad ya decidió ir a la Ciudad y no puede ser juez federal suplente. Los restantes se postularán para cubrir los 23 nuevos cargos de jueces federales subrogantes, con lo que se va a diezmar el fuero ordinario. Y ello va a redundar en un perjuicio para las víctimas, así como en la atención de los niños en conflicto con la ley penal. El proyecto importa el desguace de este fuero.

El proyecto prevé la transferencia al Poder Judicial de la Ciudad de los jueces restantes. Una vez que se terminen las causas actualmente en trámite en la Justicia Penal ordinaria, el Consejo de la Magistratura

La Cámara del Crimen es ejemplar, sin contaminación política

disolverá los juzgados y tribunales orales y reubicará a funcionarios y empleados.

¿Cómo se elegirán los jueces federales suplentes hasta que se terminen los concursos? Los propondrá a dedo la Cámara Nacional de Casación, y pasarán por el Consejo y los dos tercios del Senado.

En la Cámara Federal de Casación hay jueces que miran con disgusto este mecanismo porque creen que, como tribunal de supervisión, deberían ser ellos o a lo sumo la Cámara Federal la que decida quiénes serán los jueces federales subrogantes. Critican al proyecto que no hacen falta jueces federales, sino fiscales con el nuevo Código Procesal Penal, y se quejan de que el trabajo del tribunal crecerá de manera geométrica, porque los 23 juzgados nuevos son nuevas bocas de expendio de sentencias que revisarán.

Más allá de los argumentos puntuales el malestar viene de arrastre. Les hicieron pagar Ganancias, modificaron su régimen de jubilaciones, les suman más trabajo y a los camaristas y jueces del tribunal oral del fuero los dejan sin funciones, cobrando un sueldo hasta jubilarse. Siempre que no se legisle en contrario.