Por Carlos Burgueño  - El Gobierno tomará contacto en los próximos días con las empresas que deberán obligatoriamente llamar a sus acreedores externos para reestructurar su deuda en dólares. La intención del oficialismo es, primero, explicar la medida que llevó a obligarlos a usar fondos propios o reestructurar sus pasivos; y acompañarlos luego en las eventuales renegociaciones que se deberán abrir de manera inmediata. La idea será analizar de qué manera los deudores podrán tener cerca la voz del Gobierno en el momento de dar las explicación a los acreedores, aclarando que los problemas son del sector público y no de las compañías. Y explicar que fue por estrictas razones de estabilidad macroeconómica del país que se tomaron las medidas anunciadas la semana pasada, y que impiden a las compañías deudoras acceder a los dólares para poder cumplir en tiempo y forma sus obligaciones.

Todos saben, el Gobierno y los privados, que no hay ninguna norma legal en el mercado financiero internacional que apañe a las empresas a no pagar sus obligaciones por decisiones del sector público. Y que los acreedores podrán abrir un criterio negociador o recurrir a instancias judiciales, una alternativa que dependerá en realidad de la calidad del banco, fondo de inversión o acreedor que se trate. También saben que no hay ninguna salvaguarda que reduzca los niveles de riesgo judicial, en el caso en que un acreedor no quiera negociar. Pero lo que se buscará es que los acreedores sepan que la culpa de la situación es del país y su economía, y no de las empresas, y que, si de ellas dependieran, no tendrían problema en cumplir con sus obligaciones en divisas. Y que sería injusto que no puedan negociar un acuerdo. Se mencionará, además, que las restricciones se aplican con la intención de estabilizar la economía local, para que el futuro sea más venturoso que el complicado y deprimente presente, asegurando que en el mediano plazo el país volverá a crecer y la situación a normalizarse.

En el listado de compañías que serán contactadas figuran Banco Hipotecario, IRSA; Cresud, Genneia, HSBC, John Deere, GEMSA, San Miguel, Edesa, Celulosa, Newsan, CGC, Agrofina y Petroagro. Todas serán contactadas a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), para que cuenten la manera en que intentarán resolver el problema, y si alguna de estas decidirá solucionar el asunto con dinero propio (depositado dentro o fuera del país), o con una renegociación de deuda. Si este es el caso, el organismo que maneja Adrián Cosentino, ofrecerá sus servicios de contención y explicaciones externas.

El Gobierno quiere además aconsejar a las empresas que no podrán acceder a las divisas para cumplir con sus obligaciones, mostrando que el camino a seguir es la negociación que YPF mantuvo con sus acreedores y que llegó a un acuerdo exitoso en julio pasado. Fue, obviamente, antes de las restricciones de la semana pasada; e incluso antes que venza la reestructuración de la deuda con los acreedores con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional. Con lo cual, suponen en el oficialismo, fue un golpe de confianza a la empresa que maneja Guillermo Nielsen y al futuro energético del país. YPF logró una reestructuración de un vencimiento de deuda por u$s1.000 millones, con un aval del 58,4%, muy cerca del porcentaje que hoy se le debería pedir a una empresa que quiera reestructurar su propia deuda. Por esta negociación, los tenedores de las ON clase XLVII emitidas en marzo de 2016 percibirían un pago en efectivo del 10% del valor nominal si aceptaban las condiciones establecidas antes del 16 de julio. También recibirían un 95% de valor nominal de la nueva serie, que mantendría el mismo cupón de intereses del 8,5% anual y tendría cuatro amortizaciones anuales a partir del año 2022. Luego, la petrolera mejoró las condiciones para acelerar las aceptaciones, llevando el pago del 12,5% en efectivo y 92,5% en bonos, pasando a una amortización semestral comenzando por una primera amortización en septiembre de 2021. El dinero de esa ON estaba destinado a inversiones en Vaca Muerta, proyecto que, evidentemente, atrae mucho a los inversores externos, los que aceptaron en un nivel alto aquella oferta de junio de YPF.

En ese momento se consideró que la negociación entre la petrolera argentina y los acreedores llegó a buen puerto por la confianza de los acreedores en la compañía, más que en los datos económicos locales y ante un posible fracaso (en esos días se suponía que podría haber ocurrido) en las negociaciones con los acreedores externos. La suposición oficial es que si en esos momentos difíciles pudo haber una acuerdo entre una empresa del país (más aún con capital mayoritario público) y un grupo de acreedores externos, más fácil será ahora llegar a un acuerdo similar con empresas 100% del sector privado y el mundo financiero internacional.

La situación fue creada a partir de la decisión del Banco Central de sólo entregar a las empresas deudoras en divisas un 40% de sus pasivos en divisas al precio oficial, mientras que el otro 60% deberá ser aportado por las mismas compañías o abrir un proceso de reestructuración o nuevo financiamiento en los mercados de capitales mundiales. La medida alcanzaba a las compañías con vencimientos por más de un millón de dólares; y según la norma del BCRA, la intención primaria del Gobierno era la de buscar que los privados deudores busquen financiamiento en pesos. Según la letra de la resolución de la entidad que maneja Miguel Pesce, la idea es “favorecer el desarrollo del mercado de capitales local; sentar los lineamientos para una renegociación de la deuda privada externa compatible con el normal funcionamiento del mercado de cambios”, así como también “priorizar a las pequeñas y medianas empresas en la asignación de créditos para la prefinanciación de exportaciones”. Sin embargo, saben en el Gobierno, resultará difícil esta situación para los privados que tienen deudores del exterior. Será en ese momento en que comenzará a aplicarse la estrategia de contención del oficialismo a través de la CNV.