Por Laura Serra - Los diputados de Juntos por el Cambio le imponen condiciones al afán del oficialismo por avanzar, este mismo mes, con el temario que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para las sesiones extraordinarias. Advirtieron que solo habilitarán la continuidad de las sesiones remotas siempre que el protocolo correspondiente excluya los proyectos más conflictivos, léase la reforma judicial y la nueva ley que flexibiliza la forma de elección del procurador general.

Los jefes de los bloques de la UCR, Mario Negri; de Pro, Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, mantuvieron ayer una reunión virtual luego de que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, hiciera trascender su intención de convocar a una sesión el próximo miércoles 20. Para ello, el oficialismo deberá lograr el aval de los demás bloques para renovar el protocolo que habilita el sistema de funcionamiento remoto del cuerpo, el cual venció hace una semana.

“Comenzó el período de sesiones extraordinarias y el Congreso solo puede abordar los temas que propone el Poder Ejecutivo. Nosotros estamos dispuestos a sesionar, pero para ello el oficialismo debe precisar qué proyectos pretende abordar. Porque no vamos a apoyar una nueva prórroga del protocolo de funcionamiento remoto de la Cámara si ese temario incluye la reforma judicial y la modificación de la ley de Ministerio Público”, anticipó Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio.

Ambas iniciativas, que cuentan con media sanción del Senado, están frenadas en la Cámara de Diputados porque el oficialismo no reúne todavía la mayoría para aprobarlas. El principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, enfatizó que ambas fueron concebidas para garantizar la impunidad de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de exfuncionarios kirchneristas salpicados en causas de corrupción.

También los diputados de Consenso Federal –Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini– anticiparon su rechazo, al igual que los diputados Enrique Estévez (Socialismo) y Luis Contigiani (Frente Progresista).

El período de sesiones extraordinarias arrancó la semana pasada y se extenderá hasta el 28 del mes próximo con un extenso listado de iniciativas a tratar. Desde el Senado, la vicepresidenta Cristina Kirchner hizo trascender que este mes no habrá sesiones. En cambio, Massa propone volver a la actividad en la segunda quincena de este mes para avanzar en aquellos temas económicos que le encomendó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Entre ellos figura el proyecto sobre la sostenibilidad de la deuda externa. Massa también sugirió en la última sesión que se incluirá en el temario la prórroga de la ley de biocombustibles, que ya cuenta con media sanción del Senado. Sugestivamente, esta iniciativa aún no fue incluida en el temario de sesiones extraordinarias del Poder Ejecutivo; la oposición sospecha que detrás de este freno está el poderoso lobby de las empresas petroleras, contrarias a la iniciativa, que, por el contrario, impulsan las compañías elaboradoras de biocombustibles.

Sin embargo, para avanzar con estos temas los bloques legislativos deben acordar la continuidad del protocolo que habilita las sesiones mixtas –con participación remota y presencial de los legisladores–, modalidad que se instauró en mayo pasado por la pandemia. Las últimas sesiones tuvieron una mayor participación presencial de los legisladores a pedido de Juntos por el Cambio; la intención de este bloque opositor es mantener este protocolo siempre y cuando queden expresamente excluidos los temas conflictivos de la agenda judicial.

Uno de los más polémicos es el proyecto que modifica la ley orgánica del Ministerio Público. Impulsada por el kirchnerismo en el Senado, propone relajar la mayoría necesaria para designar el procurador general de la Nación, reemplazando los dos tercios de los presentes en el Senado que exige la normativa vigente por una mayoría absoluta (la mitad más uno de los 72 miembros de la Cámara alta). Con esta modificación, el oficialismo no necesitará de los votos de la oposición para ungir al nuevo procurador. Para la oposición se trata de una iniciativa pergeñada para nombrar a un procurador afín al kirchnerismo y neutralizar así las investigaciones judiciales contra la expresidenta. La reforma judicial es uno de los emblemas de campaña del presidente Fernández: el objetivo es licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Py con la creación de 46 juzgados nuevos en la Capital y con el nombramiento provisorio de jueces subrogantes.