Lunes 6 . Por Cecilia Devanna  - La investigación que tiene bajo la lupa 160.000 viajes al exterior de beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, el programa de asistencia social más grande de la Argentina, cambió de manos en la Justicia y ahora la pesquisa apunta a determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios que permitieron las irregularidades.

La investigación recayó en la fiscalía de Franco Picardi, que pidió una serie de medidas para identificar los sistemas de control del Ministerio de Desarrollo Social y determinar cómo se permitió el eventual fraude.

La denuncia identificó que más de 160.000 beneficiarios aparecen con viajes al exterior desde 2020.

Por ahora, el ministerio solo reconoce problemas en algo más de 1100 beneficiarios y su revisión se acota a destinos de lujo o medios onerosos, como la contratación de cruceros, pero no acepta revisar las salidas a países limítrofes de los beneficiarios.

La investigación que tiene bajo la lupa 160.000 viajes al exterior de beneficiarios de los planes Potenciar Trabajo, el programa de asistencia social más grande de la Argentina, cambió de manos en la Justicia y ahora la pesquisa apunta a determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios que permitieron las irregularidades.

Luego de haber sido iniciada a modo de investigación preliminar por el fiscal Guillermo Marijuan, el expediente recayó en la fiscalía de su par Franco Picardi. A su vez, la jueza interviniente en el caso es María Servini. Tras quedar a cargo, Picardi pidió una serie de medidas para identificar los sistemas de control del Ministerio de Desarrollo Social y determinar cómo se permitió el eventual fraude, según informaron fuentes judiciales a la nacion. La denuncia identificó que más de 160.000 beneficiarios aparecen con viajes al exterior desde 2020.

Por ahora, el ministerio reconoce problemas en algo más de 1100. Picardi solicitó a Desarrollo Social las normas que regulan el otorgamiento de los planes sociales y a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), a cargo de Marijuan, la información sobre los viajes que están siendo investigados.

Con eso en mano, el fiscal quiere identificar a los posibles beneficiados que hayan cometido algún tipo de defraudación al Estado. Pero Picardi quiere también determinar si hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de quien o quienes debían controlar los planes, según reconstruyeron fuentes del caso a.

Cuando trascendió la denuncia, desde el Ministerio de Desarrollo suspendieron a 1163 usuarios a los que detectaron con viajes onerosos, incluso travesías en cruceros. Pero las cifras difieren ampliamente de las que manejan los investigadores judiciales.

La suspensión de los planes se determinó luego de cruzar a los beneficiarios con la información de Migraciones, algo que tiene vedado el ministerio por la protección de datos personles y que recién fue posible, según argumentan, tras la denuncia judicial. “No existe forma de que el Ministerio de Desarrollo Social o ningún otro ministerio conozca la información migratoria de una persona dado que esa información está protegida por la ley de protección de datos personales y no corresponde a nuestro ministerio investigar a las personas. La investigación judicial es la que accedió a levantar ese secreto migratorio y a partir de una denuncia mediática actuamos de oficio”, explicaron.

En el Gobierno aseguraron que nunca fueron informados o consultados por Marijuan y se enteraron de la denuncia por las noticias. También sostienen que “la mera salida del país no amerita incompatibilidad con el plan” y aluden a la situación de muchos extranjeros nacionalizados argentinos.

En el ministerio aseguran que, por eso, se enfocaron en el entrecruzamiento de salidas a destinos onerosos o con pasajes costosos. No revisaron salidas a países limítrofes. Allí aparece uno de los puntos de controversia.

Los números oficiales

La cartera dirigida por Victoria Tolosa Paz actuó de oficio en el caso para el entrecruzamiento de esos datos; en el momento de confeccionar los padrones para liquidar el mes de octubre, identificó los 1163 beneficiarios del Potenciar Trabajo que habrían salido del país entre 2020 y 2023 a destinos considerados “onerosos” y fueron suspendidos.

Tolosa Paz detalló que “34 titulares del Potenciar Trabajo registraron al menos un movimiento migratorio por Paso Cruce Terminal Cruceros Buenos Aires entre 2020 y 2023”. Y que 1129 titulares registraron entre 2020 y 2023 al menos un movimiento migratorio por Paso Aéreo, cuyo destino fue a países no limítrofes (a excepción de Perú)”. Tras lo que agregó que seguirá analizando los datos aportados por Migraciones “para identificar si hubo titulares que hayan permanecido en el exterior en períodos de tiempo en los cuales sus contraprestaciones laborales hayan sido certificadas aun en ausencia del titular”.

A partir de la suspensión se abre un plazo de 30 días para que las personas alcanzadas se acerquen a las

Unidades de Gestión, que a nivel general están a cargo del poderoso líder piquetero Emilio Pérsico, que son las encargadas de controlar la entrega y el mantenimiento de los planes, y expliquen su situación. Se trataría así de una operatoria similar a la que se usó cuando tras una denuncia de la AFIP por los planes, el año pasado, se inició una auditoría interna en el ministerio que impuso la validación de las identidades a través de los datos biométricos.

Esa medida, impulsada por Tolosa Paz y resistida por los movimientos sociales, terminó en la baja de más de 155.000 planes sociales. La implementación de datos biométricos podría convertirse en los próximos días en una pieza clave para el correr de la investigación.

La diferencia fundamental entre la cifra de los investigadores y la que maneja Desarrollo Social puso sobre la mesa la situación de muchos beneficiarios en la frontera o de extranjeros de países limítrofes nacionalizados argentinos.

“La Argentina tiene movimientos migratorios que no necesariamente dan cuenta de un indicador de riqueza o de ingresos. Una persona que vive en La Quiaca y cruza al Yazón todos los días, a vender sus productos de agricultura familiar, cruza el paso fronterizo por tierra y vuelve, o va a visitar a un familiar a Paraguay o a Bolivia”, explicó Tolosa Paz. “Lo que estamos buscando es si hay indicadores de ingresos no declarados”, agregó.

El martes, poco después de conocer lo sucedido, el ministro de Economía anunció que, en caso de ser presidente, desde el 1° de enero de 2024 los programas sociales pasarán a integrar el programa de inclusión laboral.

Según explicó el ministro, a partir de estos cambios, las personas beneficiarias “van a tener capacitación laboral obligatoria, van a tener inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas”. ß LA NACIÓN