Por Javier Blanco - El megacanje de deuda en pesos que puso en marcha ayer el Gobierno es un intento clave para dejar encaminado su objetivo de aspirar a terminar el año con un inédito equilibrio o hasta leve superávit financiero, además de dar un nuevo paso hacia el final del cepo cambiario.

La base para que avance este intercambio voluntario de 15 bonos –que representan hoy vencimientos por algo más de $55 billones en el año– por una nueva canasta de títulos por vencer desde el año que viene y hasta 2028 es que el grueso de las tenencias (el 71,6%, según estimaciones de la consultora 1816) está en poder de distintos entes y organismos públicos.

Los primeros en esa lista son el Banco Central (BCRA), el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra Anses, y el Banco de la Nación Argentina, que concentran en conjunto unos dos tercios de las tenencias por el muy activo rol que jugaron especialmente el año pasado en la demanda de las licitaciones de deuda que hacía periódicamente el Ministerio de Economía comandado por Sergio Massa (en el caso del FGS y el Nación) o el protagonismo inusual que tomaron en las intervenciones de compra de estos papeles en el mercado secundario en un intento por sostener sus cotizaciones (BCRA, básicamente).

Esto hace que el mercado estime que el canje, por cerrarse hoy, tiene un piso de aceptación estimado en el orden del 70%/75%, un porcentaje que implicaría que el Gobierno logró abaratar (por los bonos que ofrece) y patear hacia adelante un pasivo mayor a los $41 billones.

Claro que no se descuenta que la tasa de adhesión sea aún mayor, aunque hasta aquí no les ofrecen a los bancos los puts u opciones de recompra con que alentaron la migración de pases pasivos de deuda del Tesoro en el primer bimestre del año, dado que habrá inversores institucionales privados (bancos, fondos de inversión, compañías de seguros) que no se quieran quedar en la cartera con títulos que puedan volverse poco líquidos.

En especial porque, dados los valores de intercambio fijados, existe un ligero “premio” por participar en el canje para prácticamente todos los instrumentos, lo que se interpreta como un intento por hacer atractiva la invitación cursada al sector privado para que se sume.

En ese caso, el Gobierno habrá dado un paso central para reducir drásticamente la carga de intereses por esa deuda para este año, una factura que ya en febrero le jugó una mala pasada al registrarse un “rojo” de $186.000 millones, según proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que quedó bien lejos del superávit financiero de $518.408 millones reportado en enero.

Esto tiene que ver con que la totalidad de los bonos ofrecidos para el canje serán bullet (paga el capital sólo al vencimiento) y emitidos con cupón 0, algo en lo que la gestión Caputo ya avanzó en los últimos meses, ya que de los $10,3 billones en deuda nueva que colocó todo fue con capital ajustable por inflación (CER) y 80% con cupón 0.

“Lo hacen teniendo en cuenta la metodología de contabilización del gasto en intereses del Sector Público Nacional No Financiero [lo que comprende la administración pública, las obras sociales estatales, las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta] y porque ayuda a reducir el gasto en intereses, dado que son bonos que no pagan por ese concepto nada hasta su vencimiento”, explican desde la consultora Outlier.

“De existir un buen número de aceptación, los intereses por pago de deuda en 2024 se reducirían sustancialmente, allanando el camino hacia el equilibrio financiero”, coinciden desde la consultora Neix. LA NACIÓN