Por Camila Dolabjian - Las derivaciones del escándalo de los seguros, que implicó el pago de comisiones millonarias del gobierno de Alberto Fernández a intermediarios vinculados con el poder político, comenzaron a mostrar la magnitud del negocio. Una auditoría interna preliminar, que pudo reconstruir arrojó que el total estimado de las comisiones pagadas durante los cuatro años de Fernández alcanzó los $3500 millones. Se trata de la cifra total, sin la actualización por inflación.

El monto corresponde a la suma de desembolsos que hizo Nación Seguros, la compañía estatal que estaban obligados a contratar en el

Estado por un decreto de Fernández, a los productores privados que oficiaban de brokers, entre los cuales se encontraban Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente y esposo de su secretaria histórica, y Pablo Torres García, de vínculos con el Frente Renovador, de Sergio Massa, y con Pro.

La investigación por el escándalo de los intermediarios de seguros durante la gestión de Alberto Fernández avanza en la Justicia y, en paralelo, en algunas áreas del Gobierno llevan adelante su propio seguimiento. Una auditoría interna preliminar realizada por oficinas gubernamentales arrojó que el total estimado de las comisiones pagadas durante los cuatro años de Fernández alcanzó los $3500 millones, no actualizados por inflación.

Esta cifra corresponde a la suma de desembolsos que hizo Nación Seguros, la compañía estatal que estaban obligados a contratar en el Estado por un decreto de Fernández, a los productores privados que oficiaban de intermediarios, entre los cuales se encontraba Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente, y Pablo Torres García, de vínculos con el Frente Renovador, de Sergio Massa, y con Pro.

De acuerdo con las estimaciones que confió una fuente oficial a la nacion, por lo menos $1600 millones de los $3500 millones que se abonaron durante toda la gestión de Fernández fueron a las cuentas bancarias de Bachellier SA, una empresa “satélite” de Martínez Sosa. Esta compañía tenía, entre otras, la intermediación de la póliza de la Gendarmería.

Las mismas fuentes detallaron que del 15% total que representaba la comisión cerca del 12% iba para Bachellier SA y el 3%, para Martínez Sosa.

La sociedad figura a nombre de Osvaldo Alfredo Tortora, un productor de 71 años que, según múltiples conocedores de las gestiones del gobierno anterior, representaba los intereses de Martínez Sosa en reuniones. Su empresa, por otra parte, habría recibido unos $400 millones.

Pablo Torres García, por su parte, habría percibido unos $160 millones. consultó por la nacion el monto abonado a Castello Mercuri SA, una de las investigadas y cuyo caso se destaca por haber aportado cerca de US$16.000 a la campaña de Fernández en 2019 y a Fernando Salim y Guillermo Alonso, los dos brokers que cenaron en la quinta de Olivos en 2020, pero no precisaron una cifra concreta.

Los números que fueron elaborados hasta ahora son iniciales.

El área técnica de Nación Seguros está realizando un estudio de todos los pagos hechos en los últimos 15 años y esperan finalizar una porción del informe la semana que viene. Las oficinas públicas que encontraron pedidos de intermediación también recopilan datos.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, por ejemplo, dijo que se habían pagado unos $800 millones durante 2022 y 2023, pero en referencia a un número actualizado por inflación a la póliza de diciembre del año pasado.

La actividad judicial

El juez federal Julián Ercolini, por su parte, luego de realizar una serie de allanamientos, solicitó a 27 brokers “toda la documentación referida a las contrataciones de seguros o convenios celebrados con el Estado nacional y/o las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la ley 24.156, del 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023”, incluidos aquellos bajo la modalidad de coaseguro o reaseguro.

El despacho judicial agregó que se entreguen “las actuaciones de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones, y toda otra documentación que resulte de interés para la investigación”.

Al mismo tiempo, se requirió a 45 dependencias estatales que entreguen toda la información relativa a la contratación de sus seguros con intermediarios, antecedentes administrativos y solicitudes (ver recuadro aparte).

No se solicitó información sobre Presidencia de la Nación, la oficina que ocupaba uno de los imputados.

La exclusión de alguna manera coincide con los testimonios de varias fuentes que remiten que el área del presidente particularmente no tenía intermediario y con los documentos que se conocieron hasta ahora, a través de distintas revelaciones periodísticas.

Algunos otros excluidos de la indagación judicial, por el momento, son los ministerios de Salud, de Educación, de Ciencia y Tecnología, de Interior y de Justicia y Derechos Humanos.

En las órdenes del juez comienzan a figurar empresas públicas, como Administración General de Puertos y Dioxitek, pero no están otras más grandes, como YPF o Aerolíneas Argentinas.ß ÁMBITO