Por Pablo Wende
- Nadie sabe con exactitud qué es lo que convenció a Alberto Fernández para
elegir a Martín Guzmán para hacerse cargo de un puesto caliente como es el
ministerio de Economía. Pero es
casi seguro que haya sido seducido por la idea del discípulo de Joseph Stiglitz
de exigir a los bonistas un largo período de gracia para volver a pagar la
deuda una vez reestructurada. Así lo mencionaba en un paper que presentó en la ONU a fines de
noviembre, apenas un par de semanas antes de haber sido confirmado como uno de
los funcionarios clave de la nueva administración.
El Presidente
tiene en su cabeza el modelo que permitió el “milagro” del gobierno de Néstor
Kirchner, entre mayo de 2003 y diciembre de 2007. La economía argentina logró
una asombrosa expansión, con tasas de crecimiento anual que llegaron al 8 por
ciento. Nadie apostaba por semejante repunte luego del estallido de la
Convertibilidad, el “corralito” y la pesificación asimétrica. Pero sucedió. Y
lo que resulta aún más increíble es que ocurrió mientras el país se encontraba
en default, es decir no pagaba la deuda. Recién a fines de 2005 el tándem
Roberto Lavagna-Guillermo Nielsen logró cerrar la negociación, aunque
consiguieron sólo 76% de aceptación.
Para Alberto Fernández y Martín Guzmán es clave repetir ese modelo. Con
el detalle no menor de evitar formalmente el default, en la práctica la idea es
no pagar ni el capital ni los intereses de la deuda por un largo período de
tiempo, por lo menos hasta 2023. Es decir, durante la mayor parte de la gestión del actual Presidente.
Aunque desde el Gobierno hablan de una
propuesta amigable y de buena fe, esta
idea de renegociar pero no pagar un solo centavo posteriormente es
extremadamente difícil de digerir para los acreedores. Contradice
la lógica de cualquier proceso de estas características. Cuando una empresa
entra en convocatoria, los acreedores renegocian las condiciones de esa deuda
para que la compañía vuelva ser solvente. El objetivo generalmente es que una
vez llegado a un acuerdo (que puede incluir una reducción de intereses,
alargamiento de plazos e incluso quita de capital) automáticamente la compañía
vuelva a efectuar pagos en forma regular de la deuda ya renegociada.
La mayoría de los propuestas que bancos de inversión
acercaron a Economía en las últimas semanas incluye este período de gracia, que
los mercados ya consideran inevitable. La salvedad es que exigen un “endulzante”, es decir algo que haga un poco
más atractiva la oferta, teniendo en cuenta que el país estará luego sin pagar
durante varios años. Por ello piden que el Gobierno efectúe un pago inicial en
efectivo.
Para los
bonistas es fundamental cobrar “algo” de entrada, ya que consideran que de esa
manera el Gobierno mostraría realmente buena fe en la negociación. De lo
contrario, la propuesta se
parecería a una suerte de “pagadios”, es decir patear para adelante los
vencimientos de deuda sin mayores compromisos. ¿Y qué pasa si en
tres años no se crece lo esperado ni se generan los dólares suficientes para
hacer frente a los vencimientos? Es la pregunta que difícilmente puedan
responder las autoridades.
La discusión del “endulzante”
será posiblemente la que más tiempo lleve. Ese “plus” existió en la
renegociación del 2005, pero con sabor a poco. Fue el cupón PBI. Los inversores lo valuaron casi en
cero, es decir no lo consideraron atractivo en absoluto. Sin embargo,
terminaron siendo un gran negocio, porque luego el crecimiento superó todas las
expectativas. Por ahora nadie habló de incorporar un nuevo cupón PBI, pese a
que este tipo de instrumentos estuvo presente en la renegociación de deuda de
Ucrania en 2015, que contó con el apoyo del Fondo.
El FMI tendrá voz y voto en la
renegociación con los bonistas. Para que el organismo acepte aplazar el cobro
de los USD 44.000 millones que le prestó a la Argentina, lo primero que exigirá
es una renegociación consistente con los acreedores privados. Tal como adelantó Infobae la semana pasada, los
técnicos del organismo consideran que debería haber una quita nominal de entre
15% y 20%, además del alargamiento de plazos y la reducción de intereses.
Además, también exigirá que el Gobierno se comprometa a recuperar el superávit
fiscal. Esta semana llegan los técnicos del FMI al país y uno de los temas
centrales será cómo ir hacia un nivel de deuda “sustentable”.
El otro tema
extremadamente sensible, y que ya no está en manos del Gobierno, es cuál será
el rendimiento de los títulos argentinos una vez finalizada la
reestructuración. En general, los
analistas de mercado son bastante escépticos: consideran que la deuda rendirá
por encima del 10% anual en dólares, cuando cualquier bono latinoamericano lo
hace al 3% o 4% como mucho. Es decir, Argentina -al menos en una primera
instancia- será percibido como un país riesgoso y poco confiable.
A partir de allí, tras la finalización de la
renegociación de la deuda, empieza toda una nueva etapa. El Gobierno deberá
enviar un proyecto de Presupuesto 2020 al Congreso, explicitar si tendrá o no
superávit primario, cuál es el sendero para conseguirlo y sobre todo cuál es el
plan económico para que la Argentina vuelva a crecer luego de una década de
estancamiento, luego transformado en depresión.
Por el momento, la
elevada presión impositiva, cambios permanentes de reglas de juego, la elevada
inflación y la situación de cuasi default hacen casi imposible que se produzca
un salto de las inversiones del sector privado. En este escenario,
ni el alivio por el no pago de la deuda será suficiente para retomar el camino
del crecimiento. Pero para llegar al famoso “plan” primero habrá que pasar
estas próximas semanas de alto voltaje.
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