El gobierno
nacional aprobó ayer el Modelo de Contrato de Préstamo del Banco Interamericano
de Desarrollo ( BID),
a través del cual se compromete a asistir
financieramente a la Argentina a fin de cooperar en la ejecución
del Programa de Apoyo a la Equidad y Efectividad del Sistema de Protección
Social, por US$600 millones.
Lo hizo a través
del decreto 743/2019 publicado en el Boletín Oficial que precisó que el
objetivo general del programa es contribuir a la sostenibilidad y a la mejora de la efectividad de planes de
protección social en Argentina.
Se trata de otro de
los créditos acordados con organismos multilaterales en el marco del préstamo
stand-by firmado con el FMI por
US$56.000 millones.
Durante los últimos
meses, se aceleraron los giros provenientes tanto del BID como de la CAF y
el Banco Mundial, por lo general mediante programas de asistencia social o de
mejora en la infraestructura de las provincias y municipios.
Sin ir más lejos,
el 24 de octubre se habían avalado
los contratos por US$75 millones de la CAF para ferrocarriles; del
Banco Interamericano de Desarrollo ( BID) por US$40 millones
para eficiencia en el gasto público; y del Deutsche Bank por 67,45 millones de
euros, para salud. Un día antes, se había hecho lo mismo por US$300 millones de
un crédito del BID para
el Programa Federal de Infraestructura Regional de Transporte.
Las finalidades
específicas de esta política son asegurar
la sostenibilidad de programas de transferencias dirigidos a población
vulnerable, en el marco de las metas acordadas por el Gobierno con
el Fondo
Monetario Internacional ( FMI).
También promover la
progresión y continuidad educativa, así como la formación laboral integral de
la población que recibe estas transferencias; mejorar la eficiencia distributiva de los subsidios a servicios públicos
de transporte; y perfeccionar la eficiencia de los programas de
protección social a través de una mejora en la gestión de la información que se
genera a partir de su implementación.
Para la ejecución
del programa se desarrollará la empleabilidad de beneficiarios de los programas
de protección social, a través del apoyo al ingreso con contraprestación en
inversión y en formación de capital humano.
Asimismo la
continuidad educativa de jóvenes de familias vulnerables; y la accesibilidad al
transporte público, a través del subsidio a la tarifa de transporte público
focalizado en poblaciones vulnerables y de la gestión de la información del
sistema de transporte público.
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