Por Carlos Lamiral - Funcionarios del Gobierno han estado trabajando a nivel técnico del Mercosur en la propuesta de Brasil de reducir el Arancel Externo Común (AEC) del bloque a lo largo del último semestre con vistas a la Cumbre de Jefes de Estado que se realizará el próximo 5 de diciembre en Bento Goncalvez, Río Grande, aunque se descarta que pueda haber avances debido al recambio presidencial en Argentina y en Uruguay. Se afirma que al anfitrión presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lo motiva casi exclusivamente la finalidad de despedir a su amigo Mauricio Macri.

La reducción propuesta por Brasil es para llevar el AEC a la mitad del nivel promedio que tiene ahora el bloque del 14%. Quienes negocian esto son los miembros del denominado Grupo Mercado Común (GMC), que se reunirán un par de días antes. La rebaja de la protección para la industria fue uno de los principales puntos de la agenda de la presidencia pro tempore brasileña. Pero el tema tiene mucha complejidad técnica, explicó el especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo, quien sostiene que aun así, sin que se apruebe nada, Bolsonaro va a insistir en que quiere rebajar los aranceles y eso “será una señal política importante”.

Según voceros oficiales, por ahora sólo hay reuniones de nivel técnico, porque para avanzar en temas de esa importancia se requiere de una definición política que el bloque no está en condiciones de proporcionar. Quien se menciona como canciller del futuro Gobierno en reemplazo de Jorge Faurie, Felipe Solá, ya ha manifestado el desacuerdo con la fecha elegida por Bolsonaro para el encuentro, y el delicado tema del AEC del Mercosur. Todo indica que recién en la reunión que se llevará a cabo en Paraguay en junio, se verá si se avanza en eso o todo queda allí.

Brasil, de la mano de su canciller Ernesto Araújo, presiona para que su país se vaya despegando del bloque. Anunció hace dos semanas que había iniciado deliberaciones con China para un acuerdo de libre comercio bilateral, algo que no se puede hacer, salvo que se desintegre al Mercosur tal como es ahora y hace unos días volvió a la carga, al afirmar que el proceso de integración regional “no es incuestionable” y que “si se desvirtúa hay que repensarlo”. Aun así, en el Mercosur las decisiones se toman por unanimidad. Si Alberto Fernández quedara en una hipotética minoría de 3 a 1, con Brasil, Paraguay y Uruguay por un lado y Argentina por otro, Bolsonaro no podría imponer condiciones. Por esa razón, desde el sector privado existe fuerte preocupación por el futuro, tanto entre los industriales argentinos como entre los brasileños, por lo que suponen será una relación conflictiva entre Bolsonario y Alberto Fernández desde el 10 de diciembre. El pasado 13 de noviembre estuvo en Buenos Aires el director de la Federación de Industriales de San Pablo (FIESP), Sergio Zanotto. Habló con dirigentes de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) y de la UIA. A todos transmitió la preocupación por el tono de la futura relación política entre Argentina y Brasil. Para los empresarios de ambos lados, el vínculo comercial es importante.

Gran parte de insumos, bienes de capital y autos de Brasil tienen por destino a Argentina, y al revés, el 30% de las exportaciones de las pymes industriales nacionales van hacia allá. De modo que lo mejor es mantener las cosas. No se descarta entonces que los acuerdos entre privados empiecen a figurar como solución a eventuales crisis comerciales futuras. La CIRA emitió recientemente un documento en el cual sugiere que en caso de avanzar en una reducción del AEC se haga de manera gradual y en tiempos diferentes, adaptados para cada socio. Es evidente que en ese escenario, Argentina pediría mucho más tiempo que el resto. Pero la cuestión es que toda la discusión por apurar la reducción del AEC perdería sentido en función del acuerdo con la Unión Europea, que establece un cronograma de liberación del comercio de 15 años para los sectores industriales, de modo que no tendría sentido para la Argentina ir más rápido que eso. Más allá de algunas declaraciones públicas de descontento, la realidad es que el acuerdo birregional no va a ser cuestionado. En la Cancillería se estima que para marzo de 2020 quedará listo el denominado “legal scrubbing” o revisión legal del texto del convenio birregional firmado en Bruselas en junio de este año. Cuando ello ocurra, Alberto Fernández tendrá que presentarlo al Congreso para que inicie su tratamiento parlamentario y tampoco allí todavía está claro si el bloque del oficialismo lo va a apoyar.