La primera y más controvertida fue la aprobación de la ley ómnibus en la que se suspendió la movilidad jubilatoria y se elevó en casi 2 puntos la presión tributaria pidiéndole, nuevamente, un esfuerzo al sector privado. Con el sesgo contractivo que tiene la ley y las declaraciones del ministro de Economía, el Gobierno se mostró en la dirección de un ajuste. La suba de retenciones era lo que incluso el FMI hubiera recomendado para equilibrar las cuentas públicas.

Como le hizo notar el líder de CTEP, Juan Grabois, el Gobierno parece que anda “medio lenteja” en algunos temas. Uno de ellos es en recuperar el poder de compra que se perdió durante la aceleración inflacionaria del 2019. Así, el Gobierno dispuso de un aumento compulsivo de salarios para el sector privado y público. Aunque al mismo tiempo marcó la cancha pidiendo que no haya reclamos desmedidos por parte de sindicatos. No queda claro si la recomposición obligatoria de haberes dictada por el Gobierno es un piso o si funcionará como un techo para las negociaciones salariales, que son cada vez más cortas.

Al mismo tiempo se tomaron otras medidas que aparecen como una “novedad”: el congelamiento de naftas y transporte y el regreso de Precios Cuidados. El Gobierno no parece tener un rumbo definido. La estrategia por el momento es clara: que la economía se tranquilice. Y eso apenas es que no se empiece a especular con una aceleración de la inflación en el corto plazo ni cruzarse con un default a la vuelta de la esquina. El plan para que la economía no se desmadre funcionará, pero el problema es que no se ven aún soluciones de fondo. Los ciento ochenta días de tarifas congeladas terminarán y luego no está claro cómo se van a recomponer. Una vez que los precios sigan su inercia, los salarios pedirán una nueva recomposición y la lista puede seguir.

Las fichas parecen estar puestas en una rápida y conveniente reestructuración de la deuda. Esto es condición necesaria –pero para nada suficiente– para que la economía despegue. Al programa le está faltando un norte.

De hecho, la política monetaria y cambiaria aún son un misterio. El BCRA bajó fuertemente las tasas de interés pero a un nivel en el que aún son levemente positivas. No traccionan al ahorro, tampoco estimulan el consumo. La política cambiaria hasta el momento es la de recomposición de reservas con pequeñas compras para mantener el tipo de cambio nominal mayorista estable. Por ahora, la inflación no empezó a comerse la competitividad cambiaria, el único fundamental firme que tiene hoy el país. A medida que la inflación empiece a acelerarse no sabemos como actuará el BCRA.

El temor que quizás tenemos los economistas es que se recurra a retrasar el tipo de cambio. Esa estrategia siempre parece redituable desde el punto de vista político. Se abaratan las importaciones, aumenta el salario en dólares y se desacelera la inflación. Sin embargo, nuevamente nos podría llevar a la trampa de creer que somos ricos cuando nuestro PIB per cápita nos indica que hace más de diez años que somos cada vez más pobres.