Por Juan Diego Wasilevsky - Hay inquietud entre las empresas importadoras. Básicamente porque siguen reclamando, desde la asunción del nuevo Gobierno, por una normativa del Banco Central que dejó el macrismo y que, aseguran, está complicando las operaciones de comercio exterior, especialmente las importaciones provenientes de Asia.

La normativa que desvela a los empresarios es la comunicación 6818, que fue publicada por la entidad cuando era presidida por Guido Sandleris y que reglamentó el acceso al mercado de cambios para los pagos de importaciones.

La principal queja está vinculada con que la entidad, ahora presidida por Miguel Pesce, exige unos 90 días para demostrar el registro de ingreso aduanero desde la fecha de acceso al mercado de cambios.

En diálogo con iProfesional, Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores (CIRA), advierte que este plazo es insuficiente, sobre todo si la importación proviene de algún mercado asiático.

El directivo advierte que desde que se hace el pedido y se giran los dólares, hasta que se prepara el producto, se despacha y llega a la Argentina, ese plazo se sobrepasa fácilmente.

Por eso, el planteo que hacen desde la Cámara es elevar el tope desde los 90 días actuales hasta los 365, "a fin de minimizar los costos, los cuales al final de la cadena terminan pagando todos los consumidores".

Los importadores veían con buenos ojos la llegada de Pesce al BCRA. De hecho, ya habían tenido contactos con sus colaboradores cuando éste estaba al frente del Banco de Tierra del Fuego. Sin embargo, por el momento, no tuvieron señales concretas de que la entidad vaya a revisar la medida que dejó Sandleris.

"Se está paralizando el comercio exterior con Oriente con el objetivo de cuidar los dólares", afirma García, en diálogo con iProfesional, para luego agregar que la normativa tampoco es clara "porque nunca se reglamentó la forma en la que tiene que operar el banco privado con el importador".

Además de considerar que se trata de "una medida restrictiva", el presidente de CIRA advierte que también podrá tener consecuencias negativas por el lado del abastecimiento para las industrias, dado que "más del 80% de lo que se importa" son insumos, componentes o materia prima que requiere el sector productivo para operar.

"Quieren cuidar las divisas pero están generando problemas en el comercio exterior", agrega el directivo.

Desde la entidad también señalan que hay dificultades con otro aspecto clave: a quién se le debe enviar la factura. Sucede que, de acuerdo con la comunicación que se emitió en tiempos de Sandleris, hoy se exige que el beneficiario del pago al exterior -es decir, quien recibe los dólares girados desde la Argentina- sea el proveedor que envió la mercadería.

"Se olvidaron que en el comercio exterior hay muchas otras figuras que operan a lo largo de la cadena, como pueden ser los traders. Así que no siempre es el proveedor el que recibe el pago y esto también es un gran problema para las empresas importadoras", plantea el presidente de la CIRA.

Ante esta problemática, desde la Cámara están pidiendo que se pueda incluir en la factura una "instrucción de pago" con los datos del beneficiario final de esos dólares. Por el momento, aguardan una respuesta del BCRA.