Por Carlos Burgueño - El Gobierno reperfiló el pago del AF20 hasta septiembre, tomando un criterio muy poco financiero. El propio Alberto Fernández fue quien definió el guion final de la saga del bono más polémico desde que Martín Guzmán llegó al Palacio de Hacienda, con un razonamiento 100% político, pensando más en un mensaje hacia el resto de la economía y la sociedad que a los mercados. “No puede ser que toda la economía argentina esté ajustándose a no indexar por arriba de la inflación, que les pidamos a sindicatos y jubilados que sólo aspiren a empatar este año; y que los acreedores nos exijan siempre ganar y nos amenacen con ponernos al límite”, fue la frase que el lunes por la tarde, al cierre del mercado, se escuchó en la Casa de Gobierno y que derivó en la decisión del Presidente.

En su escritorio tenía los datos que temprano le había enviado Martín Guzmán, y donde se explicaba cuál era el resultado final de la operación de lanzamiento de los tres títulos públicos que se presentaban ese día en sociedad, y por los que Economía pensaba obtener la cifra más cercana posible a los $95.000 millones necesarios para poder enfrentar el pago del AF20.

Fue el corolario de una jornada en la que la conducción de las finanzas se mudó del Palacio de Hacienda hacia la Casa Rosada, donde primero departió el gabinete económico a pleno; y luego, una vez cerrados los mercados y cuando la definición sobre el AF20 se acercaba, se redujo a un cónclave entre Guzmán y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; con visitas constantes al despacho presidencial. Finalmente, fue en el despacho máximo del país donde desde las 16 comenzaron a tomarse las decisiones definitivas. Guzmán abandonó la Casa Rosada cerca de las 20:30, cuando el destino del AF20 ya estaba jugado.

Los números que analizaba el jefe de Estado antes de la apertura del mercado no eran, en realidad, tan malos. Se confirmaba una aceptación algo más alta de un 50%, concentrada fundamentalmente en los operadores locales y los tenedores más pequeños. En un primer impulso, se consideró en el Palacio de Hacienda que podría aceptarse la concreción de la colocación, y pensar en la manera de liquidar los aproximadamente 45.000 millones requeridos para cancelar mañana el AF20 y las posibles consecuencias sobre la base monetaria y la presión sobre el dólar vía un incremento del CCL. El problema político surgió cuando se comenzó a analizar la voluntad de dos de los principales acreedores externos (Templeton y BlackRock) de ingresar en el llamado. Se confirmaba que el primero había aumentado durante la semana pasada su participación en el papel, superando el 20% de tenencias totales, incremento con el que se convirtió en el virtual árbitro de la operación y en el interlocutor necesario para el éxito de la colocación. Estas compras a los ojos del Ejecutivo lo relacionan más con los movimientos del Fidelity, que complicó la voluntad del bonaerense Axel Kicillof de reperfilar el PB21, y que, para la interpretación de los operadores del mercado, significó una derrota de la política contra los acreedores.

La información que manejaba el oficialismo hasta ayer al mediodía era que junco con BlackRock se incorporaban al canje, pero con la exigencia que la colocación se transformaría en una opción en dólares de pago a corto plazo. Y, si fuera en pesos, con una tasa de interés implícita que implicara no perder dinero en moneda local, ajustándose por arriba de la inflación. Como se trataba de una decisión compleja, y riesgosa, la resolución final pasó a ser exclusividad de Alberto Fernández. El jefe de Estado resolvió, con los papeles sobre la mesa, que políticamente el Gobierno no podía aceptar que el canje de la semana pasada sólo hubiera tenido una aceptación del 10%, y que los que ingresaran a la colocación programada para el lunes tuvieran una rentabilidad positiva y aún mayor a los que hubieran ingresado al canje.

Mucho menos que el resultado de la operación termine como el fallido reperfilamiento de Kicillof, con los mercados mostrándose victoriosos e imponiéndole las condiciones al Gobierno. Mucho menos el mismo día en que Martín Guzmán concurriría al Congreso y el FMI iniciara su misión revisora de las cuentas públicas. Según la visión de Cafiero, compartida lugo con el jefe de Estado, se debía dar “una lección” a los acreedores. Hacia delante, y con vencimientos en pesos hasta el final del proceso renegociador de la deuda por más de $300.000 (ver nota pagina 3), los acreedores deberán entender que las ofertas de canje son las más beneficiosas, y que las posteriores presiones sobre el Ministerio de Economía implicarán innegociables pérdidas medidas en reperfilamientos como el anunciado ayer. Y que la opción del default está tan descartada como la del pago al contado en pesos. “Tienen que acostumbrarse a que deben perder, como el resto de la economía, hasta que el país salga de la crisis”, reflexionó el jefe de Gabinete.

Podría decirse que, por primera vez desde que llegó al poder, el Presidente estalló contra los acreedores externos. En tándem con Cafiero, los acusó de no colaborar, de intentar presionar a Economía para sostener su rentabilidad ante la inflación, y de imponer plazos e intereses en el momento financiero más complejo desde que llegó a la Casa de Gobierno. Se los señaló verbalmente de haber sido responsables de colaborar con la política de endeudamiento del exministro de Finanzas Luis Caputo, de haber asumido tasas de interés en pesos y dólares irreales en el mundo financiero mundial y, en definitiva, de “no querer perder nunca”. Por primera vez desde que Alberto Fernández llegó al poder, la posición del Gobierno hacia los acreedores se endureció. Alberto Fernández dejó una decisión final: que los particulares quedaran fuera de los reperfilamientos.

Internamente, una de las conclusiones que quedaron del affaire del AF20 es que se comienza a mostrar dentro del Gobierno la verdadera posición económica y política de Martín Guzmán. En la Casa Rosada se habla ya de “un duro”, muy lejano a la imagen primaria de un negociador blando o proclive a representar los intereses de los acreedores. Se lo ve como un ministro sin temor a la presión de los privados y con mucha aceptación de las decisiones políticas del Presidente, salvo en dos temas que para él, hoy por hoy hombre fuerte de la economía, serían irreductibles. Guzmán no acepta disgresiones monetarias. Lo dejó claro en las maratónicas reuniones del lunes en la Casa Rosada, donde la única alternativa en la que no estaba dispuesto a transigir era la posibilidad de liquidar el AF20 emitiendo moneda. Se mantiene como un ortodoxo de la disciplina de restricción en la expansión de pesos, convencido de que se trata de la herramienta fundamental para que no se descontrole el combate a la inflación y la presión sobre el dólar. El segundo tema donde el ministro de Economía se sostiene como un cruzado convencido es en el sostenimiento de la meta de superávit fiscal creciente, comenzando por este mismo 2020 y terminando con un nivel sólido y por encima del 3% para 2023.

Fuera de esto, Guzmán le demostró ayer al “ala política” del Gobierno que puede batallar codo a codo en el momento en intentar castigar a los acreedores, prometiendo además una posición durísima cuando comience “la verdadera Superliga de las negociaciones por la deuda y se terminen los torneos de verano”, según la futbolera opinión de un alto integrante del Gobierno.