Por Pablo Wende - Expertos en
deuda como Miguel Kiguel consideran que el default de hoy es un paso
inevitable en la negociación con los acreedores. El argumento es que en
algún momento había que “plantarse” y dejar de pagar para obligar a los
bonistas a negociar. Pero aunque el ministro de Economía, Martín Guzmán,
minimizó el efecto que podría generar la cesación de pagos sobre la deuda
extranjera, que consideró “anecdótico”, en realidad la decisión no está exenta
de riesgos.
Los tiempos se
vuelven a partir de ahora muy relevantes. Cada día que pasa sin un acuerdo
crecen las chances de que aparezcan otro tipo de “jugadores” deseosos de
litigar contra la Argentina. Los bonos en default son un verdadero imán
para los “buitres”, fondos que se especializan en comprar deuda a precios de
ganga con un solo objetivo: hacer juicio ante los tribunales internacionales.
Con mucha paciencia
y plata para pagar abogados, el final de la película siempre es feliz para
ellos: cobran el 100% de la deuda, los intereses y hasta los gastos de la
demanda. Fue el caso de Paul Singer y su fondo NML Elliot. En 2016
cobró U$S 2.400 millones y ganó casi 400% en diez años. Se trató de uno de los
costos que tuvo que pagar el gobierno de Mauricio Macri para salir
del default.
En los últimos días
la baja del riesgo país reflejó la expectativa favorable de los inversores a
una solución relativamente rápida para la deuda. Es decir que el default podría
ser un traspié momentáneo, casi un “trámite” dentro de una negociación que
lentamente parece encaminarse.
Los indicios
durante la semana fueron positivos. Martín Guzmán dijo que sería
“flexible” y que está dispuesto a escuchar todas las combinaciones posibles
para llegar a un acuerdo, en términos de quitas, tasas y períodos de gracia. Y
del otro lado el principal fondo de inversiones global como es BlackRock aseguró
que estaría dispuesto a reducir sus pretensiones originales y buscaría
convencer a otros acreedores de hacer lo mismo.
Los distintos tipos
de bonistas que acercaron sus propuestas representan un desafío no menor para
llegar a un acuerdo. Aunque hay negociaciones en marcha, en Wall Street se
siguen quejando de la poca capacidad de Guzmán para escuchar y que no entiende
el “idioma” de los mercados.
Uno de los grupos
de acreedores, el “Argentine Exchange Bondholders”, tiene USD 4.000 millones
que corresponden al canje del 2005, Par y Discount. Están parados en un lugar
de mayor fortaleza, porque se trata de bonos que brindan mayor protección a sus
tenedores que los emitidos durante el gobierno de Macri, a partir de 2016.
El Gobierno precisa una aceptación del 85% de los tenedores de estos títulos
para cerrar exitosamente la operación, contra sólo 66% del resto.
Para que los
tiempos no se hagan eternos, Guzmán deberá disponer en algún momento cercano un
momento límite para cerrar la transacción y no aceptar nuevas prórrogas. El
riesgo es que un porcentaje de los bonistas decida quedarse como “holdout”, es
decir afuera del acuerdo. Y ése será el momento de la verdad.
¿Cuánto es un
porcentaje razonable de aceptación? Uruguay consiguió en 2003 un porcentaje
superior al 90%, pero la quita llegó a sólo 10%. La Argentina propuso una quita
del 60% y podría bajarla al 50%. Sería irreal pensar que 9 de cada diez
inversores aceptará la propuesta en esos términos.
El caso intermedio
es el canje de 2005 que realizó el gobierno de Néstor Kirchner. La aceptación
llegó al 76,15% y el país se vio sometido a una fuerte ofensiva judicial,
embargos de distintos activos alrededor del mundo y dificultades para volver al
mercado de capitales. Hoy ese porcentaje luce por lo menos como aceptable y
algunos consideran hasta deseable.
Un escenario
probable es que se termine en una suerte de “limbo”, con una parte de la deuda
reestructurada y nuevos bonos emitidos, mientras que otro grupo de acreedores
optará por seguir la “negociación” ante tribunales de Nueva York.
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