Por Martín Kanenguiser - El Gobierno y los bonistas comenzaron a acercarse en las últimas horas con la intención de ver si pueden llegar a un acuerdo que deje atrás el default. Por un lado, Alberto Fernández debe decidir si extiende nuevamente el plazo de negociación o, mejor aún, si formula una nueva oferta que acorte diferencias entre ambas partes.

Por el otro, dos personas (un ejecutivo que trabaja con uno de los dos principales comités de acreedores y un socio de un importante estudio jurídico de Nueva York) le acercaron de manera no oficial al Gobierno una oferta de aproximación de los acreedores, según indicaron a Infobae fuentes oficiales. ¿Hablaron en nombre de los tres comités?

“Larry Fink se involucró para que haya un acuerdo y los Exchange están esperando el movimiento de BlackRock para moverse juntos y seguir negociando, porque no van a romper filas”, indicó una fuente del mercado involucrada en la negociación, que ratificó que los comités estarían pidiendo una cifra que permita acercar a las dos partes para cerrar un acuerdo.

El comité Ad Hoc asegura que no cambió de postura, ya que permanece preparado y con voluntad para negociar en forma constructiva, pero que no ha escuchado nada oficial del Gobierno. Además, plantea que nunca quiso romper el diálogo .

Por ahora, se trata de romper el alejamiento, en la búsqueda de que la Argentina haga una nueva oferta, luego de haber ofrecido una de USD 49,9 más un cupón de recuperación de valor. La idea sería “romper el techo de cristal” de tener un 4 adelante, para pasar a tener un cinco. Y, una vez más, la cifra de consenso podría estar en torno de los 55 dólares, a mitad de camino de ambas posturas, aseguró una fuente del sector privado involucrada en la negociación.

Para acercar posiciones, el Presidente y su ministro, Martín Guzmán, dialogaron durante el fin de semana, con la intención de romper el distanciamiento con algunas ideas. ¿Se traducirá esta charla en una nueva oferta?

Cerca del Guzmán explicaron que la intención es seguir avanzando, compatibilizando estrategias, ya que, más allá de las lógicas pujas de cualquier negociación, financieras y legales, “objetivamente se está mas cerca de un acuerdo que a fines de mayo”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que ha tenido contacto con los fondos de inversión, pero siempre les dijo que el negociador, como lo designó Fernández, es Guzmán, les pasó un mensaje a los acreedores. Massa les habría dicho “no tiren más del hilo que se va a romper”, en clara alusión a los sectores que, dentro del Gobierno, piden cortar el diálogo y olvidarse de cualquier acuerdo.

El otro mensaje del presidente de Diputados habría sido que la idea es que “cada uno se lleve su globo, pero el globo más grande le corresponde al Presidente”, es decir, que los negociadores de los tres comités se queden conformes, sabiendo que el Gobierno, a la vez, debe mostrar un cierre que le cierre tanto en términos financieros como políticos.

Fuentes del mercado saben que, como en cualquier negociación, un gobierno debe tener el espacio como para mostrar que ha cerrado un acuerdo de acuerdo a su conveniencia, aunque la realidad sea más compleja.

En este contexto, será clave la definición técnica que Guzmán y el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, terminen de definir en los próximos días.

No se descarta que, si hubiera una nueva propuesta oficial, los fondos se vuelvan a quejar al considerarla insuficiente, pero eso sería mejor que la situación de indiferencia desde que Economía presentó su oferta de USD 49,9 y los comités Ad Hoc y Exchange afirmaron que el Gobierno no estaba buscando una solución, si no lo contrario.

De inmediato, dejaron en claro que, si fuera necesario, harían uso de todas las herramientas legales a su disposición para reclamar por sus derechos. Esto es, la potencial aceleración de la deuda y la presentación de una demanda en los tribunales de Nueva York.

A la vez, dejaron trascender cerca de BlackRock que pretendían tener la misma protección legal que los tenedores de los bonos del 2005, con un indenture más sólido que el del 2016, una cláusula Pari Passu reforzada –como fue interpretada en su momento por el fallecido juez Thomas Griesa y otras instancias judiciales en EEUU– y la posibilidad de acceder a más bienes embargables si el país no cumple con el acuerdo.

Alguna de estas exigencias, casi imposibles de cumplir para un gobierno, pueden cambiar si Fernández y Guzmán ofrecen una nueva propuesta con un valor nominal más alto.

Mientras tanto, se prevé que esta semana el Gobierno no pague otros dos vencimientos (del Discount y el Century) y se profundice la situación de default que comenzó el 22 de mayo.

El final, al parecer, sigue abierto.