Por Natalia Donato - A ocho días del vencimiento de la oferta de reestructuración de la deuda legislación extranjera, y habiendo confirmado oficialmente que estudian modificaciones legales a la propuesta, los abogados de la Argentina comenzaron a estudiar esos cambios, con el ejemplo de Ecuador sobre la mesa, y en el Ministerio de Economía ya están barajando la posibilidad de extender dos semanas más el plazo. En el medio, afirman, lanzarían el canje de deuda emitida bajo ley local, que comenzaría esta semana a tener tratamiento parlamentario.

“La Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana cuando los deudores tengan apoyo significativo de los acreedores. Los ajustes a los modelos de contrato elaborados por el International Capital Markets Association (ICMA), que fueron adoptados por Argentina en 2016, en la medida en que gocen de un apoyo generalizado, también serán apoyados por Argentina”, dijo el Gobierno el fin de semana mediante un comunicado.

Concretamente, lo que los bonistas cuestionan y que el Gobierno aceptará modificar, con el anclaje internacional respectivos, son los mecanismos de reasignación de los bonos y la utilización del Pac-Man, que generan sospechas, a juicio de los acreedores, de que la Argentina esté actuando de mala fe en la negociación.

La cláusula de reasignación le permitirá a las autoridades agrupar las series de bonos que más le convengan a los fines de alcanzar las mayorías, así como también dejar afuera a las que no reúnen los votos suficientes. Luego, la estrategia Pac-Man consiste en que, en una futura nueva oferta superadora, el Gobierno podrá ir arrastrando a los holdouts porque ya tendrá el aval asegurado de los que entraron en este primer canje. ¿Qué hizo Ecuador? Se autolimitó en ambas cuestiones, lo que le dio mayor transparencia al proceso.

Respecto de la cláusula de reasignación, estableció que los acreedores tendrán, una vez conocidos los resultados del canje, cinco días para decidir si se mantienen o si salen de la operación. Mientras que definió que no aplicará Pac-Man durante los 36 meses luego de concretada la reestructuración. Este esquema fue puesto como ejemplo por la comunidad internacional; de hecho, un reciente paper de dos abogados ex Cleary –el estudio que defiende al país en cuestiones de deuda soberana– habla de la controversia generada por estas cláusulas y cita el ejemplo ecuatoriano como una posible salida.

¿Será ese mismo mecanismo de autolimitación el que usará la Argentina? “Eso es algo en lo que hay que trabajar y están los abogados con el tema. No sé si será exactamente igual que lo que hizo Ecuador, ya que ellos buscan reestructurar USD 16.000 millones, y la argentina es una operación casi cuatro veces mayor”, dijo una fuente oficial.

Esta será una semana clave no sólo en la definición de estos aspectos, sino también en lo que respecta al canje de deuda emitida bajo legislación local, que asciende a casi USD 42.000 millones. La Cámara de Senadores prevé darle tratamiento el miércoles, por lo que ya recibiría media sanción, para la semana próxima avanzar en Diputados. Con estos tiempos, la ley debería estar aprobada para la segunda semana de agosto.

Un posible plan, especulan en Economía, sería lanzar una prórroga del canje ley extranjera y en ese lapso, con la ley local con media sanción, anunciar el llamado a los acreedores para que se sumen. En este caso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, espera una masiva adhesión, ya que muchos de los tenedores son inversores institucionales que ya han manifestado su apoyo para la refinanciación con los instrumentos en pesos que se fueron licitando.

Según aseguran en el Palacio de Hacienda, el canje local “sigue o sigue”, aún con un mal resultado en el otro frente, o uno parcial. En el Gobierno hay optimismo respecto de que finalmente, con los cambios legales, habrá acuerdo. Aunque mientras tanto los bonistas insistan con reclamar algunos puntos más de valor económico a la oferta formalizada a comienzos de mes ante el organismo regulador norteamericano (SEC).