Por Carlos Burgueño  - El Gobierno quiere lograr un nivel de canje de deuda emitida bajo legislación local del 100%. O al menos el mismo 99% de su primo hermano, la reestructuración de deuda lanzada con legislación de Nueva York. A diferencia de este último proceso, que ya cerró y sólo podrá incorpora a los “holdouts” con una autorización (posible de lograr) desde la Security Exchange Commission (SEC); en el caso de los bonos locales que no aceptaron la oferta (cualquiera sea el motivo), el ministerio de Economía tiene algo de tiempo para lograrlo. El próximo martes vence el plazo para que los que no aceptaron la oferta lo hagan, aunque ya no puedan acceder al “anabólico” del bono 2030 que reconoce los intereses no pagados desde abril a septiembre de este año.

El llamado a reestructurar deuda bajo legislación local logró una aceptación del 98,8%, quedando unos u$s 460 millones de títulos sin ingresar al llamado. Suponen en el gobierno y en el mercado de capitales local, que están en poder de inversores particulares en posesiones menores a los u$s 15.000. Y que, por razones propias de rebeldía o directamente desconocimiento de los tiempos y las características del canje, no se presentaron en tiempo y forma en el llamado. Esto último puede haber ocurrido por la propia acción de los bancos locales (de capitales extranjeros o nacionales), que no hicieron un barrido profundo buscando los tenedores de deuda argentina emitida bajo legislación local; al menos en cuanto a los poseedores de menor cantidad dinero en bonos. En general, reconocen los operadores locales, para que un tenedor de deuda ingrese al canje que venció la semana pasada; debió haber sido contactado de manera electrónica o personal, mencionándole las ventajas del canje y la situación del proceso. En resultado final de este proceso de contactos, fue una gran aceptación rápida y temprana de los tenedores locales, tanto en cuanto a los poseedores de títulos públicos bajo legislación nacional como extranjera. Sin embargo, también se reconoce, si no hubiera existido esa llamada particular o el envío de comunicaciones directas; el ingreso habría sido sensiblemente menor. Saben tanto en el sector privado como en el Estado, que fue el contacto directo el que potenció el éxito del llamado.

En consecuencia, si no hay una política activa de relacionarse con los pequeños inversores poseedores de esos 460 millones en los títulos públicos nacionales, será difícil que ingresen antes del 15 de septiembre. De todas maneras, si no se lograra y quedaran fuera del canje, los peligros judiciales que afrontaría el Gobierno serían prácticamente nulos. Estos bonistas deberían recurrir a los tribunales locales para reclamar; en un proceso que, teniendo en cuenta los tiempos de la Justicia argentina, implicarían un reclamo burocráticamente interminable y con final incierto, pero, probablemente, más cercano a las posiciones oficiales.

Es el caso de los “holdouts” que no aceptaron las condiciones de los canjes de 2005 y 2010, lanzados por el Gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que reclamaron en los tribunales locales y que, al día de hoy, esperan algún fallo que seguramente no llegará nunca. Obviamente es una situación muy distinta a la de los acreedores internacionales que, “juicio del siglo” mediante, tuvieron decisiones favorables desde el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York en los tiempos de Thomas Griesa.

Los u$u460 millones se suman a los u$s653 millones que quedaron fuera del canje de deuda de títulos emitidos bajo legislación internacional, y que corresponden a tenedores de bonos Par emitidos en el canje de 2010 y que están en su mayoría en poder de pequeños bonistas europeos. Sumando ambos montos, se llega a los u$s1.113 millones que el Gobierno debe buscar si quiere completar el 100% de deuda, y librarse de cualquier eventual problema judicial tanto dentro como fuera del país. Si no lo hace, recomiendan los abogados que asesoran al país, el canje debería permanecer abierto en el tiempo para mostrar una permanente “buena fe” de incluir a todos los bonistas en el llamado. El antecedente de la salida del default de 2005/ 2010 indica que igualmente puede quedar dinero sin ser reestructurado, aún fuera de lo que hubo que pagarles a los fondos buitre y “holdouts” en abril de 2016 para cerrar las instancias judiciales en los Estados Unidos.