Por Ignacio Noel - Con la pobreza alrededor del 50% y la economía operando a niveles de 2006, Argentina presenta una situación de extrema gravedad. La pandemia profundizó los problemas ya existentes a fines de 2019, con una economía estancada a niveles de 10 años atrás. Si persistimos con diagnósticos equivocados, no acertaremos con las soluciones y el país continuará con una trayectoria decadente que -con esporádicas y efímeras excepciones- viene transitando desde hace varias décadas.

Uno de los principales problemas es el desempleo. Actualmente hay menos de 6 millones de trabajadores en el sector privado registrado para una población de 45 millones de habitantes. Sin reconocer los méritos de los trabajadores de otros sectores, la realidad es que quien produce los bienes que consume toda la población a diario y que origina las exportaciones que proveen los siempre escasos dólares es el sector privado. Por la ausencia de otras fuentes de financiamiento, durante enero–agosto 2020 la asistencia del Banco Central al sector público alcanzó al equivalente a u$s30.000 millones, prácticamente duplicando el nivel de la base monetaria existente a fines de 2019. Una parte de estos recursos se aplicaron a programas para mitigar el impacto de la pandemia. Si los programas fueron posibles y esa emisión monetaria encontró una oferta de bienes fue por la producción de las llamadas actividades esenciales (alimentos, energía, comunicaciones, etc) del sector privado.

Sin inversiones, el sector privado continuará sobreviviendo, consumiendo su capital y no se generarán empleos productivos. ¿Qué condiciones ofrece hoy Argentina a un potencial inversor? Si el potencial inversor apunta a vender en el mercado interno, la producción de una gran diversidad de productos está sometida a precios máximos, pese a los muy significativos aumentos de costos. Si apunta a la exportación, sus ingresos en dólares deben ser obligatoriamente liquidados al tipo de cambio que establezca el Banco Central, muy por debajo de otros tipos de cambio alternativos. Pese a ser quien genera los dólares, el exportador no tiene ninguna prioridad en cuanto al acceso a dólares para importar insumos o maquinarias.

Otras regulaciones complican al potencial inversor. Por ejemplo, tiene prohibido reducir su dotación de personal. Dependiendo de la lista sindical que predomine en su establecimiento, su capacidad de decisión será cuestionada con todo tipo de artimañas o deberá lisa y llanamente soportar piquetes y todo tipo de medidas de acción directa que -pese a estar fuera de la ley- quedan invariablemente impunes. Además, tiene asegurada una porción de los aproximadamente 500.000 juicios laborales de la siempre floreciente “industria del juicio”, en la cual se confabulan todos los actuantes en contra de la empresa, que se supone es el “solvente” involucrado en el proceso.

Impuestos a las empresas y a los inversores completan un menú que parece diseñado para desalentar inversiones.

Podríamos enumerar muchos ejemplos más de por qué Argentina hace muchos años no atrae inversiones, no genera empleos productivos, padece fuga de capitales (u$s84.000 millones entre 2003–2015, u$s65.000 millones entre 2016–2019) y se deteriora socialmente cada día más. Si persistimos en los diagnósticos que atribuyen estos males a que los argentinos “pensamos en dólares” o “no queremos invertir en el país”, es decir en culpar a los argentinos, en lugar de ver objetivamente qué ofrece Argentina en comparación a otros países (basta comparar con nuestros vecinos), continuaremos con nuestra larga y cada vez más acelerada decadencia.

* Dueño de Morixe y presidente de Sociedad Comercial del Plata