Por Carlos Burgueño - El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería, cronológicamente, de muy largo aliento. En principio, y contando los años en los que no se ejecutarían liquidaciones de cuotas y los que sí se pagarían cuotas e intereses, el plan de pagos se extendería a un lapso mayor a los 20 ejercicios. Esto ocurriría si el organismo que maneja Kristalina Georgieva acepta la propuesta de los negociadores locales, de incluir un plan de pagos que no exceda los u$s2.000-u$s3.000 millones de dólares. A esto habrá que sumarle el pago de los intereses correspondientes; los que, según aseguran desde el Gobierno, serían los menores que pueda aplicar el FMI. La posibilidad de pago de no más de ese monto es una posición por ahora firme que se intenta aplicar desde Buenos Aires en el plan que se negocia, para poder defender la tesis de la “sustentabilidad” de la deuda, con el equilibrio de las variables macroeconómicas locales. Y, obviamente, con la seria dificultad de conseguir dólares frescos para poder cumplir con los compromisos de deuda, que tiene la Argentina de estos tiempos (y se supone por muchos ejercicios más).

Los números que hace la Argentina se proyectan desde el 2024 hacia delante. Hasta ese año, la intención oficial es no tener que cumplir con el pago de cuotas del capital adeudado con el organismo financiero internacional, y sólo concentrarse en algún monto del pago de intereses. Y, si se puede, también dejar liberado al país de estas liquidaciones. Recién desde ese año, asegura el Gobierno, estaría en condiciones para poder enfrentar pagos de la deuda externa con el FMI. Estos compromisos se cruzarán con el otro deber financiero internacional que tendrá el país desde ese año: cumplir con los pagos anuales de la deuda reestructurada emitida para solucionar el problema con los acreedores con títulos públicos bajo legislación internacional. Hasta el 2024 Argentina tendrá que pagar por este ítem unos u$s4.500 millones, cuando habrían sido unos imposibles u$s30.000 millones si no había renegociación. Sin embargo, desde el 2025 el ritmo se acelera, y deberían liquidarse entre ese año y el 2028 unos u$s 24.000 millones (hubieran sido u$s33.000 millones), con pagos anuales de entre u$s9.000 y u$s10.000 millones durante ese período. Desde 2029 en adelante, la factura crece y llega a los u$s13.000 millones anuales. Tanto el Gobierno como los analistas privados coinciden en que si bien el cronograma es relajado por los próximos años, se complica desde el 2028. Y que al país se le haría difícil poder ejecutar un plan de pagos aún más complicado si se le sumaran pagos de entre u$s4.000 y u$s6.000 millones con el FMI. Los números oficiales proyectados a futuro hablan de la necesidad de no tener que cumplir con más de u$u2.000 millones (o menos) en los pagos con el organismo financiero internacional, durante toda la vida útil del acuerdo de facilidades extendidas “relouded” que se está negociando entre Buenos Aires y Washington.

La posición de la Argentina de ponerse firme ante los negociadores del Fondo en el momento de discutir el plan de liquidaciones anuales de los u$s44.800 millones que se le deben al organismo, tiene un importante y poderoso defensor privado. Los fondos de inversión que aceptaron la propuesta argentina, y que esperan comenzar a cobra desde el 2025, están de acuerdo en que el FMI tenga una cronograma débil y flexible en sus pagos. El argumento de los grandes acreedores internacionales se basa en una interpretación doble. Por un lado consideran que la capacidad de pago del país estará comprometida desde el 2024, aunque la economía criolla mejore sustancialmente. Se cree que el país mejorará, pero nunca tanto como para que pueda disponer libremente de unos u$s6.000 u$s8.000 millones como para poder pagarle tanto a los bonistas internacionales, como los locales y al FMI. En este marco, agregar acreedores sólo complicaría el panorama y provocaría, si el país no crece a tasas chinas, una nueva oleada de presiones sobre la capacidad de pago de la Argentina.

En este marco, creen los privados, que quién debería hacer un esfuerzo en sus cobros es el Fondo. La reflexión lleva a la segunda justificación. Consideran que, en gran parte, el FMI es corresponsable de la caída financiera del país, con lo que deberían convertirse en socios de la desgracia. Y asumiendo la mayor parte de esa desgracia financiera.