Por Carlos Burgueño - De manera indirecta, Cristina Fernández de Kirchner se lo dejó claro en las últimas horas a Alberto Fernández. Si el acuerdo eventual con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasa por el Congreso, y obviamente el Senado, el oficialismo legislativo puede tener poder de control y fiscalización sobre lo que se firme. O, dicho de otra manera, si lo que Martín Guzmán acuerde con el organismo financiero que maneja Kristalina Georgieva no cierra por todos los costados, especialmente el político, la expresidenta dejó claro que en el Senado podría sufrir modificaciones. Y que estas podrían incluso llegar a alterar lo que el ministro de Economía y el presidente Alberto Fernández acuerden con el Fondo. En consecuencia, Guzmán debería tener en cuenta las críticas que la exJefa de Estado le hace en estas horas por privado a lo que se está discutiendo con el FMI, para que luego el proyecto de ley que busca el ministro para darle peso político a la negociación sea aprobado en el Congreso.

Parta Guzmán las cosas están claras. El escenario que el ministro y el FMI tienen sobre la mesa a ya casi tres meses de negociaciones más o menos aceleradas, es que el acuerdo no podrá ser a más de 10 años, del tipo “Facilidades Extendidas” y con cumplimientos de pago que deberían comenzar a ejecutarse 4 o 5 años después de firmado el pacto y aprobado por el “board” del organismo. Si este directorio de países que maneja el Fondo avalara estos términos, el primer pago concreto que la Argentina debería ejecutar para comenzar a liquidar los u$s44.800 millones que se le deben al FMI sería en el segundo semestre de 2025. Probablemente bajo la fórmula de intereses en todos los primeros semestres, y capitales en el segundo. Y teniendo en cuenta que la actual gestión de Alberto Fernández culmina en diciembre de 2023 el primer compromiso puntual con el organismo deberá cumplirse a dos años de asumida al próxima presidencia. Mientras tanto, durante los 4 o 5 años de gracia que tendrá el país sin compromisos de pagos al FMI, la Argentina deberá cumplir con las fiscalizaciones habituales del organismo incluidas en el artículo IV, alcanzando las metas a las que se comprometa ante el Fondo. Esto incluye objetivos fiscales, monetarios, inflacionarios y cambiarios. ¿Cómo se pagarán el dinero en 4 o 5 años? El equipo de Martín Guzmán confía que para 2025 Argentina ya haya salido de su crónica crisis fiscal y comercial, y generara la suficiente confianza en los mercados internacionales como para poder volver a tomar deuda. En consecuencia, lo que esperan los negociadores con el FMI, es que no se toquen las reservas y que estas permanezcan en aquellos hoy lejanos tiempos futuros, acumulando divisas para mostrar solidez cambiaria y fiscal a los mercados internacionales. Se descarta entonces cualquier etapa épica como la de comienzos de 2005, cuando Néstor Kirchner anunció el pago de toda la deuda que el país mantenía con el FMI, y que llegaba a los u$s9.800 millones. Esa alternativa, por décadas, estará cerrada. Gobierne quien gobierne. Estas son las condiciones generales que ya están prácticamente cerradas, y que, salvo sorpresas desagradables, serían avaladas oportunamente por el “board” del organismo. Serían condiciones, a los ojos de Guzmán, inmejorables y absolutamente provechosas para el país. Y que no deberían tener mayores problemas de ser aceptadas por toda la clase política argentina, incluyendo la oposición. Y obviamente, el oficialismo legislativo. Como ya adelantó este diario, el ministro quiere darle una fuerza política inédita al acuerdo, y que este sea aprobado por el Congreso Nacional a pleno, con mayorías lo suficientemente convincentes como para que desde Washington y los mercados internacionales se tenga la plena confianza que el país ahora sí cumplirá con sus compromisos.

Todo este planteo es cuestionado, por ahora sin estridencias, desde el Senado. Desde el kirchnerismo duro se plantea un acuerdo fuera de lo normal y de los estatutos del FMI, similar al que Néstor Kirchner logró en 2003-2005. Tiene en su mirada la necesidad de un acuerdo de más de 10 años, con pagos no mayores a los 2.000 millones por mes y sin recurrir a los mercados internacionales para su pago. Y, fundamentalmente, sin ajustes de ningún tipo.