, con consecuentes pérdidas financieras. El problema de estas reacciones, dicen los acreedores, es que desde el exterior se analizan día a día estos resultados (en general, con pérdidas por imprevisión); y se cuestiona la falta de información que los brookers locales les envían a sus jefes directos de las sedes en Nueva York, Londres, Madrid o donde esté ubicada la sede central.

Esta semana se mencionó como ejemplo de la falta de comunicación, el mal resultado que el Gobierno obtuvo en el canje del Bono Dual, del que sólo un 10% aceptó el convite oficial, ante una propuesta considerada mala e inviable para cualquier mesa de dinero de un acreedor competitivo. Pero a la que, además, pocos podían sumarse al haber concretado al mismo tiempo de la indefinición por el pago del bono PB21 que finalmente el gobernador Axel Kicillof decidió liquidar en tiempo y forma. Afirman varios de los operadores que en sus carteras convivían el PB21 y el AF20; y, ante la posibilidad de un default bonaerense, no podrían aceptar una oferta del Gobierno nacional sin recibir reproches (o algo más) de las sedes centrales. Afirman estas fuentes del mercado de capitales que este tipo de problemas se hubieran solucionado con un mayor diálogo, tanto desde Hacienda como desde La Plata; y que la opción de cerrarse para sorprender al mercado terminó jugándole el contra tanto a Martín Guzmán como a Kicillof. Nuevamente, los “friendly” mencionan que hasta hace días el diálogo era fluido y que no les debería caber el rótulo de “sospechados”, y que, en consecuencia, no se los debería consultar.

Imagen de este enojo fue la decisión del fondo “Templeton” de no participar de la colocación del AF20, y estar en alerta ante la estrategia que anuncie en las próximas horas Guzmán sobre cómo enfrentará el próximo vencimiento de $95.000 millones del 13 de febrero (ver página 3). Templeton ostenta el 23,5% del Dual, y el éxito de cualquier movimiento en los pagos (sea canje o reperfilamiento voluntario) exige su presencia. El hecho de haberse negado a participar (dato que, además, el Gobierno desconocía), aceleró durante el martes pasado la mala fortuna de la operación. El problema es que Templeton se anota en el listado de acreedores que en los últimos cuatro años, y con pérdidas millonarias, aceptaron participar en varias de las colocaciones de deuda (en divisas y en pesos) durante la gestión de Luis Caputo como ministro de Finanzas del Gobierno anterior. Y que siempre mostraron disposición de diálogo tanto con la gestión anterior como con la actual. Se trata, además, de un viejo conocido de Alberto Fernández.

En marzo del año pasado, cuando el ahora Presidente era un embajador de buena fe de Cristina de Kirchner en sus contactos con los acreedores tuvo reuniones para asegurarles que la deuda sería reconocida y que, eventualmente, habría una renegociación de buena fe. Las reuniones se realizaron en las oficinas porteñas de uno de los brokers más importantes del país e incluyeron a Templeton, la casa de inversiones estrella que había llegado al país en el peor momento de la crisis durante 2018, apostó al Bote y que calcula pérdidas que superan los u$s1.000 millones. Templeton y los otros interlocutores fueron los que pidieron aquel encuentro, suplicando para que el meeting se mantenga en secreto y en la más absoluta discreción; y comprometiéndose además a no divulgar lo que se dijera en esa oficina del microcentro porteño. Luego de aquellos días, y luego de haber sido el fondo estrella de los tiempos de Luis Caputo, Templeton se convirtió en estos tiempos en uno de los interlocutores más fluidos con el “albertismo”.

Templeton, y otros bancos internacionales, reclaman al Gobierno que los separen de la consideración de los complicados, como Greylock, Fidelity, BlackRock y Rowe Price, más algunas casas de inversión europeas, las que, tal como mencionó este diario, no muestran disposición de diálogo y buena fe en la negociación, sino voluntad de llevar la discusión a un extremo que le provoque al país una imposibilidad de llegar a un acuerdo para, finalmente, tener que optar el país entre pagar o el default. Se destacaron en este proceso el Greylock, que aceleró compras de bonos nacionales aprovechando la primera caída pos-Paso del 12 y 13 de agosto de 2019, para avanzar en más posiciones luego del 11 de octubre.

En aquellos días, el titular del fondo, Hans Humes, blanqueó su estrategia. En septiembre pasado, en una entrevista para Bloomberg TV, afirmó que valía la pena “comprar los bonos soberanos de Argentina, ya que la Nación tiene problemas de liquidez, pero no de solvencia” y que “si no se está asumiendo una reestructuración de base amplia como en 2005, vale la pena mirar esos activos”. Greylock es un viejo conocido de la Argentina. Había participado del proceso de bonos argentinos en default por u$s95 millones con un valor nominal de u$s68 millones y era además el segundo acreedor de Impsa, el grupo industrial de la familia Pescarmona. Greylock tuvo cuatro etapas en su relación de acreedor con el país. La primera fue luego del canje de 2010, cuando fue uno de los pocos impulsores del segundo lanzamiento de reapertura del canje de los títulos en default, durante el Gobierno de Cristina de Kirchner. Luego del fallo en contra del país de Thomas Griessa se sumó al “juicio del siglo”, y le reclamó a la Argentina la totalidad de sus tenencias. Después se sumó a la oferta de abril de 2016 de Alfonso Prat Gay. Finalmente, reapareció en el segundo semestre del año pasado comprando deuda local en situación complicada.